Con tantos fuegos hay que tener buenos bomberos

Hay incendios propiamente dichos. También están los fuegos del Covid-19. La economía también arde. Y como si todo eso fuera poco, la derecha atiza todos esos focos. Hacen falta buenos bomberos y mucha agua.
SERGIO ORTIZ
La pandemia sigue desangrando al mundo. A lo sumo, para alimentar el mito de Donald Trump de que se trata de un «virus comunista», el dato tragicómico fue que ese mentiroso serial habría resultado infectado.
El país superó los 750 mil contagios y 20 mil fallecidos, con lo que está dentro del registro mundial de los más afectados. Atrás han quedado las conferencias de prensa donde Alberto Fernández, amistosamente secundado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, se congratulaba de las buenas estadísticas.
Hoy ya no es tan amigo del presidenciable del PRO-Juntos por el Cambio, no tanto por diferencias en torno al coronavirus sino por la poda de fondos coparticipables a Ciudad de Buenos Aires, ratificada por el Senado.
Siempre habrá muchos países que estén peor que el nuestro, pero la situación nacional ha empeorado mucho. La «meseta», que ya era elevada pese a las deformaciones de quienes la consideraban «llanura», se hizo más empinada, con un ritmo diario de más de 14 mil contagios y 400 muertes.
La derecha política, empresarial, mediática y judicial nunca reconoció la justa cuarentena inicial del gobierno ni los paliativos económicos, bien que insuficientes, para atender la coyuntura. Sin la cuarentena y las primeras prórrogas es probable que hoy lamentaríamos el doble de contagios y muertes. Y sin el IFE, los ATP y créditos, las cifras dadas a conocer esta semana por el Indec relativas a pobreza e indigencia habrían sido más mortificantes. Hay 40,9 por ciento de pobreza: hubiera habido 50 por ciento viviendo bajo esa línea dramática de no haberse dispuesto aquellos fondos sociales.
En el mismo campo «nacional y popular» hay reclamos y críticas a las políticas y procedimientos gubernamentales sobre la pandemia que, por supuesto no tienen nada en común con la destituyente campaña macrista-monopólica-clarinetista.
Son objeciones y propuestas de médicos y especialistas. El 26 de septiembre el médico Oscar Atienza le pidió por carta a Fernández que utilice «el botón rojo» para que se desacelere la tasa de infección «ya que hoy mueren 500 argentinos que no deberían morir y enferman 15.000 que no deberían enfermar».
El domingo 27, en el albertista Cohete a la Luna, el biólogo Juan Fló planteaba: «el único camino posible desde el punto de vista técnico es que haya una cuarentena absoluta en todo el país por 20 días. Tiene que servir 1) para bajar la circulación del virus a una escala manejable; 2) generar la logística para poder realizar 100.000 test diarios y montar todos los equipos de rastreos. Quizás sea la única alternativa a esperar sentado la muerte de miles de personas».
Ambos le están reclamando medidas a Fernández para que haga bien su rol de bombero y contenga el fuego del Covid-19.

La Corte del «per saltum».

A la Corte Suprema presidida por el menemista exjefe de Policía de La Rioja, Julio Nazareno, se la conoció como la «Corte de los Milagros». A la que tiene de titular al exabogado de Clarín, tabacaleras y petroleras, Carlos Rosenkrantz, quizás se la termine llamando la «Corte del per saltum» y del «2×1».
El martes 29 ese tribunal dio un poderoso golpe político, no de mero efecto, con el previsible rebote mediático y sonar de Clarinetes. Tras un acuerdo extraordinario citado por Rosenkrantz, decidió admisible el «per saltum» de tres magistrados macristas mal promovidos.
Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli tenían ahora resoluciones adversas del Consejo de la Magistratura, el Senado y las resoluciones publicadas por el Ejecutivo en el Boletín Oficial; también fallos de juezas de primera instancia y cámaras en lo contencioso administrativo.
Sin embargo, el exabogado de Héctor Magnetto citó a un acuerdo extraordinario y llevó un voto unipersonal fundamentado en la «gravedad institucional inusitada» que supuestamente se habría suscitado al decirle a aquel terceto que -como había sido promovido durante el macrismo sin acuerdo del Senado – debía volver a sus funciones en el TOF4 (Bruglia), La Plata (Bertuzzi) y San Martín (Castelli).
El resto de los cortesanos acompañó a Rosenkrantz, en cuanto a la unanimidad para declarar admisible el recurso de esos magistrados. No fundamentaron su voto como lo hizo el titular, lo que dejó algunas hendijas para el optimismo dentro del gobierno respecto a la cuestión de fondo.
Fue evidente el gesto político de la Corte Suprema en poner mucho más que un fuerte límite al Ejecutivo y al Legislativo, cuando ambos y el Consejo de la Magistratura habían invocado el procedimiento constitucional del acuerdo del Senado en la designación de magistrados.
El presidente Fernández quedó especialmente desacomodado por el encontronazo. Hasta último momento trató de meter una cuña entre Rosenkrantz y los otros cuatro integrantes, al defender ardientemente a Ricardo Lorenzetti de un «escrache fascista y nazi» en su domicilio de Rafaela. No le sirvió de nada. Lorenzetti tendrá sus diferencias con Rosenkrantz, pero tiene otras mayores con AF y las reafirmó con su voto.
Aún suponiendo que dentro de unos días la Corte ordene a los tres magistrados volver a sus escritorios anteriores, algo correcto pero improbable, esa hipótesis no le devolvería al gobierno la salud quebrantada por las zancadillas y maldades de las señorías del 4 piso de Tribunales.
La iniciativa política cambió de manos. Hace unas semanas la tenían los dos Fernández con la Reforma Judicial. Ahora está parada. El gobierno está a la defensiva, aguardando qué hacen los cortesanos. Al público no lo desvela lo que algún día impreciso considerará Diputados, cuando Sergio Massa tenga a bien ponerle fecha a la reforma. A la gente no le llega lo que estaría discutiendo la Comisión de 11 Notables, de mala leche llamada «Comisión Beraldi».
El foco de incendio en Tribunales está muy alimentado. El gobierno lo mira de afuera, temeroso que lo acusen de haberlo iniciado. La única que reclamó entrar fue la diputada K Vanessa Siley, para hacer un juicio político a Rosenkrantz. Muy buena su actitud, pero hasta el oficialismo se lavará las manos y alguien la llamará «incendiaria».

Los incendiarios.

En Córdoba, San Luis, Santa Fe y otras provincias siguen los incendios; en la primera se han quemado 90 mil hectáreas, sobre todo en las serranías.
El fenómeno es complejo porque se mezclan razones de clima y vegetación, pero también factores donde se mete la mano del hombre y su víscera más sensible, el bolsillo. En varias zonas afectadas hay sequía, temperaturas altas y vientos que propagaron los incendios.
A eso hay que añadirle la política. En Córdoba el ajuste anuló puestos de alerta temprana. Hacen falta más equipos e inversión para combatir el fuego, pero la prensa monopólica no hace hincapié en esto sino en comprar más pistolas Taser para que los policías incapaciten a delincuentes.
Hay personas que provocan incendios. Resulta difícil probarlo, pero son funcionales a los negocios del campo, agrobusiness, y de firmas inmobiliarias. Ambas ramas empresarias, disipado el humo, van a esas tierras a sembrar soja o criar ganado, según su tipología, a erigir countries y barrios cerrados.
El bosque nativo desaparece, con su equilibrio ecológico de ambiente, flora y fauna. Hay más semillas transgénicas, glifosato, alteraciones de la tierra y enfermedades. Las entidades ambientalistas de Córdoba afirman, sin que el Gobierno las contradiga, que sólo queda 3 por ciento del bosque nativo.
No hace falta ser adivino para saber que así esa provincia se convirtió en capital nacional de la soja: produjo la mitad de los casi 50 millones de toneladas de la cosecha total.
Por eso Juan Schiaretti tiene tan buenas relaciones con el mundillo sojero; las tenía en 2008 en tiempos de la 125, también en 2019 con su «equidistancia» en la elección presidencial cuando era «el más macrista de los gobernadores». Y hoy sigue cortejando a los sojeros, exportadoras, terminales automotrices, desarrollistas y demás pulpos de la Fundación Mediterránea.
Y hete aquí que el gobierno parece copiarse de Schiaretti con el paquete de medidas anunciadas por Martín Guzmán. Bajó 3 puntos las retenciones a la exportación del poroto de soja y derivados; bajó 4 las retenciones a la carne y la minería, entre ellos el oro. Repuso y aumentó reintegros a exportaciones industriales y créditos a la industria de la construcción.
El objetivo declarado es que los sojeros vendan y liquiden parte de la cosecha que aún tienen ensilada aguardando una suba del dólar. Y que con aquellos incentivos, haya mayores exportaciones y 6.000 millones de dólares extras. Sería una inyección de reservas para Guzmán y Fernández que postergaría una devaluación; caso contrario la pendiente iría en esa dirección de crisis y más incendios sociales.
Aceitera General Deheza, Techint, Barrick, la Unión Industrial, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Consejo Agroindustrial Argentino pusieron todos sus aplausos. ¿Pondrán todos sus dólares? Un buen bombero confía en la manguera del agua y nunca en los incendiarios.