Conflicto político por una herencia

El juicio sucesorio de una reconocida familia entrerriana se convirtió en un acontecimiento político que desbordó los límites provinciales y se instaló en la escena nacional. La sesgada cobertura informativa de los grandes medios porteños, las imprecaciones contra el gobierno nacional por parte del más conocido integrante de esa familia -el exministro de Agricultura del gobierno de Macri y expresidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere- y la participación del dirigente social Juan Grabois como abogado de Dolores Etchevehere se combinaron para hacer de un conflicto privado un hecho político.
Pero hubo también otros actores que se subieron al escenario. Por un lado un nutrido grupo de productores rurales y de dirigentes del macrismo que vieron la oportunidad de descargar su odio de clase contra «los negros» y los que «vienen del conurbano», en tanto una legisladora aliada promovió «el regreso de los falcon verdes» y otros la instalación de una «guillotina» en Plaza de Mayo.
El motivo de tanta furia fue el ingreso de Dolores Etchevehere a una propiedad rural de la familia -que está en juicio sucesorio- en compañía de integrantes del Proyecto Artigas, una agrupación que promueve la agroecología, es decir, el trabajo de la tierra sin contaminar con productos tóxicos que en Entre Ríos se han utilizado en forma descontrolada y abusiva.
Sobre el fondo de la disputa familiar se abrió una suerte de lucha de clases en donde se definieron con claridad dos bandos. De un lado los productores agropecuarios respaldados por las entidades rurales que dicen defender la propiedad privada, aunque nadie del otro lado incitó a violarla. Del otro, convocados por Dolores, un grupo de activistas ambientales y trabajadores de la tierra a quienes la mujer les habría cedido el 40 por ciento de la extensión que le correspondería por derecho hereditario.
Los medios porteños corporativos, alineados con los grandes propietarios, tomaron partido de entrada en el entrevero y sumaron sus voces para castigar al gobierno haciendo suyas las acusaciones enarboladas por el exministro macrista. Con titulares catástrofes, esa prensa calificó como «usurpación» el ingreso de Dolores y los integrantes del Proyecto Artigas aunque el juez no empleó esa calificación, desestimó el pedido de desalojo planteado por los acusadores y convocó a una reunión entre las partes a la cual asistieron los representantes de la hermana mujer pero no los de los tres hermanos varones, quienes recusaron al juez.
El contragolpe tuvo lugar en Buenos Aires en donde un grupo de militantes de la CTEP, bajo la conducción de Grabois, se manifestaron en la entrada del Predio Ferial de Palermo en donde acusaron de «usurpadores» a la Sociedad Rural Argentina. Como se sabe, en los años noventa, Carlos Menem y Domingo Cavallo le cedieron a la SRA ese inmueble por 30 millones de dólares cuando su valor de mercado era superior a los 130 millones. Esa «venta a precio vil» como la calificó un tribunal motivó la condena de los dos funcionarios, que luego se transformó en sobreseimiento por el «largo tiempo» transcurrido. En tanto ningún directivo de la Sociedad Rural fue molestado por un juez. Faltaba más.