Viernes 12 de abril 2024

Conflicto en torno a Vaca Muerta

Redacción 17/11/2014 - 04.17.hs

Los hidrocarburos no convencionales reactivaron los conflictos indígenas en Argentina. Sobre Vaca Muerta, la formación geológica que alberga esas reservas, viven 22 comunidades mapuches que reclaman que no fueron consultados sobre la explotación de sus tierras ancestrales.
El termino de a "superficiarios" con que los contratos petroleros denominan a la contraparte con quien negocian la explotación territorial, no convence a Albino Campo," logko" (jefe mapuche) de la comunidad de Campo Maripe. "Nosotros somos dueños de la superficie, y de lo que está arriba y de lo que esta abajo también. Esa es la 'mapu' (tierra). Abajo no está hueco. Abajo hay otro pueblo", explicó.
Tampoco está hueco para las compañías petroleras, aunque ambas concepciones sean muy diferentes. Tres mil metros abajo de Campo Maripe está una de las mayores reservas del mundo de gas y petróleo de esquisto (de roca).
Las tierras que la comunidad utilizaba para pastoreo, son ahora parte del yacimiento Loma Campana, que opera la empresa petrolera estatal YPF, en asociación con la compañía estadounidense Chevron.
"Acá se abrieron 160 pozos más o menos. Cuando lleguen a 500 pozos no tendremos lugar para nuestros animales. Nos robaron lo que fue nuestro", reflexionó el logko.
Ante la urgencia de producción, YPF comenzó hace un año a abrir caminos y pozos en el yacimiento denominado Campo Campana, en la sureña y patagónica provincia de Neuquén.
El jefe mapuche y su hermana Mabel Campo mostraron en qué se transformaron sus tierras, donde el ruido y la polvareda de camiones que entran y salen continuamente del yacimiento son intensos.
Transportan maquinarias, tubos de perforación y productos para realizar la fractura hidráulica (fracking, en inglés), una cuestionada técnica que libera los hidrocarburos a gran escala mediante la inyección a alta presión de agua, arenas y aditivos químicos con que se rompen horizontalmente grandes extensiones de las rocas subterráneas en que se incrustan.
"Dicen que el fracking y todo lo que hay arriba no contamina... quizás va a pasar mucho tiempo cuando empecemos a ver cáncer, cáncer a la piel, por la cantidad de contaminación, y también nos vamos a morir de sed porque no va a haber agua para tomar", advirtió Mabel Campo.
YPF argumenta que negoció con el gobierno de la provincia la apertura del campo, porque es quien ostenta el título de propiedad de las tierras.
No obstante, "nosotros intentamos tener la mejor relación posible con cualquier superficiario o pseudo superficiario u ocupante, en las zonas donde trabajamos, "sean mapuches o no", explicó el gerente de relaciones institucionales de YPF-Neuquén, Federico Calífano.
Las familias de Campo Maripe no obtuvieron todavía ese título, pero si una victoria importante. Tras manifestaciones que incluyeron encadenarse a las torres petroleras, consiguieron en octubre que el gobierno provincial los reconozca legalmente como comunidad.
"El derecho indígena legisla que la personería jurídica no es constitutiva (vale decir, no crea a la comunidad, porque la misma existe más allá de la aceptación o no del Estado), pero sí es una herramienta frente a instituciones del Estado (desde organismos de Gobierno hasta tribunales), analizó Micaela Gomiz, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la Patagonia (ODHIP).
"Con la inscripción de la personería se deja atrás la postura oficial de negar la identidad indígena mapuche y ahora tendrá que realizarse el proceso de consulta para cualquier acción que afecte al territorio", explicó en un comunicado de esa organización.
Según el ODHIP, al 2013 había unos 347 mapuches imputados por el delito de "usurpación", contando las 80 causas judiciales abiertas en Neuquén y las 60 en la vecina provincia de Río Negro.
En el caso de Vaca Muerta, Jorge Nahuel, portavoz de la Confederación Mapuche de Neuquén, recordó que los indígenas no fueron consultados como lo determina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina hace 25 años. "Lo que debería hacer el Estado antes de concesionar espacio es acordar con la comunidad si está dispuesta aceptar semejante cambio de vida", planteó.
(Inter Press Service)

 


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