Contra los trabajadores

La actitud del senador Juan Carlos Marino al justificar plenamente el despido de centenares de periodistas de la agencia informativa oficial Télam aparece como una reacción sorprendente. Con sus declaraciones el legislador ha hecho gala de una imprudencia política tan inconveniente en su fondo -al defender la medida como correcta-, como en su forma, cuando resaltó que los trabajadores cesanteados lo fueron con causa porque “eran todos punteros políticos”, ratificando así el argumento esgrimido por el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, uno de los funcionarios más desacreditados del gobierno nacional.
Aunque después el representante pampeano pretendió suavizar sus expresiones con respecto a los cesanteados en La Pampa, aquel “todos” mencionado inicialmente constituyó una expresión indefendible en un dirigente con la experiencia del senador y con tantos años en la función pública. El argumento a favor de tan drástica medida y la afirmación de que los periodistas despedidos “varias veces quisieron hacerle pisar el palo” resultó verdaderamente muy endeble en boca de alguien en un cargo tan encumbrado. Asimismo sus declaraciones le hicieron un flaco favor a su partido, la Unión Cívica Radical, empeñada por estos días en revertir de algún modo su condición de pasiva seguidora del gobierno nacional y su escaso protagonismo político.
Ese alineamiento con el macrismo es posible que le cueste bastante caro al senador, ya que entró a jugar innecesariamente fuerte en uno de los asuntos más delicados que involucran al funcionamiento de una democracia, cualquiera sea su orientación: la libertad de expresión y de prensa. Semejante postura confronta con la reciente decisión de la Justicia de revertir algunos de los casos de cesantías, los cuales podrían ampliarse a un número mayor.
Una prueba de la falta de oportunidad para abrir semejante flanco apareció casi de inmediato, al anunciarse la exposición del caso ante las Naciones Unidas. En ese organismo internacional tendrá lugar una nueva presentación con el objetivo de poner de manifiesto otro avasallamiento del gobierno nacional contra los derechos de los trabajadores.

Oportuno debate
La reciente conferencia “Salud y derechos humanos. Diálogos sobre cannabis medicinal” realizada en nuestra ciudad es un ejemplo de cómo el tema se ha instalado seriamente en la sociedad. La presencia de especialistas reforzó la participación comunitaria, una tendencia que ha crecido notablemente en los últimos tiempos. Como dijo uno de los participantes, si bien “desde lo jurídico hay una ley” ella resulta problemática porque considera al cannabis medicinal una sustancia prohibida y esa categoría colisiona con el derecho humano a no sufrir, o al menos a atemperar el sufrimiento.
La reunión fue muy oportuna porque en ese campo terapéutico se mezclan ley, tradiciones, negocios y hasta historias de los lejanos orígenes del uso medicinal de la planta. Sin embargo su efectividad en el tratamiento de distintas enfermedades son ya indudables, al punto que algunos países han reconocido y reglamentado su venta. Pero ocurre también que existe un discurso en los medios de comunicación occidentales y en los laboratorios que están muy atentos a la posibilidad de participar en el formidable negocio que generaría la aceptación medicinal del cannabis.
Resulta paradójico el hecho de que, ante la cerrada negativa del Estado a su uso terapéutico, los usuarios reclamen el autocultivo -también prohibido- por ser la forma más expeditiva de afrontar el inicio de una forma de tratamiento que, obviamente, requeriría también la formación de especialistas. El tema es muy complejo por la cantidad de elementos que intervienen. De allí que estos encuentros sirvan para cimentar un edificio médico-legal basado en hechos y realidades que respondan a las necesidades de la sociedad.