Crece la conflictividad laboral y social, por la dureza del ajuste

Mauricio Macri declaró desde China que no se pueden reabrir paritarias. Otra canilla que cierra, frente a reclamos de varios gremios. La conflictividad social crece porque el ajuste sigue siendo impiadoso. La Marcha Federal fue masiva y puede haber huelga nacional.
EMILIO MARIN
Desde China, adonde fue a reuniones del G-20, el Presidente descartó reabrir las discusiones paritarias, un reclamo de gremios que vieron cómo la inflación sacaba amplia ventaja a los acuerdos de principios de año.
Esa ventaja de los precios sobre los ingresos de los trabajadores es del 12 por ciento o más. Una diferencia negativa mayor pesa sobre los ingresos de jubilados y pensionados porque su actualización de dos veces al año toma de índice lo sucedido en 2015 y para equiparse a la inflación actual deben aguardar a marzo de 2017. Eso suena a largo plazo y "en el largo plazo estaremos todos muertos", como ironizaba John Maynard Keynes.
El viajero a China quiso cortar de cuajo aquellas solicitudes de reapertura, con un argumento falaz y otro que se le parece. El primero es que las paritarias ya fueron firmadas, tan cierto como que fueron desbordadas y, sobre todo, que contenían una cláusula para reabrirlas en caso de desactualización. Y esto es lo que piden numerosos gremios; casi un cuarto de las medidas de protestas tiene ese origen.
El otro argumento, casi mentiroso, es que la inflación está bajando. Puede ser que el índice de agosto, como presumió Alfonso Prat-Gay, sea del 1 por ciento. Suponiendo que así sea, eso no significa que en lo que va de 2016 no haya habido un aumento de precios superior al 25 por ciento, más todo lo que falta hasta fin de año. Una golondrina no hace verano...
Además, un leve descenso de la inflación sería el resultado de una mayor recesión, con su secuela de caída del consumo y el empleo, por lo que el remedio sería peor que la enfermedad. Y eso que la inflación es considerada como uno de los peores males que puede sufrir un asalariado de ingresos fijos en pesos.
El titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, no compró el optimismo de Prat-Gay sobre la desaceleración de la inflación. Menos pueden comprarlo aquellos que cada vez tienen menos capacidad adquisitiva en sus salarios. Y que por eso mismo piden reabrir paritarias, a las que el jefe de Estado quiso bajarles las persianas desde Hangzhou.
Quizás, por su estilo de empresario amarrete que lo caracteriza, Macri pueda tener mejor predisposición a considerar un bono de fin de año. Algunos gremios optan por esta alternativa, como más posible. Casi descartándola, otros sindicalistas como Omar Plaini, de Canillitas, lo calificó ayer como mero paliativo. Insistió en que los trabajadores, jubilados, etc, necesitan un mayor ingreso y no un bono aislado; reclamó un cambio de orientación política a la administración Macri, para que deje de transferir riquezas a los sectores más concentrados. Eso es más difícil de lograr que la reapertura de paritarias, vista la condición de clase monopolista del gobierno. Es pedirle peras al olmo.

Sigue el invierno.
El invierno termina el 21 de septiembre, pero el invierno en términos macri-alsogaraístas va a durar un mayor tiempo.
Por ejemplo, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó el 4 de septiembre que las ventas minoristas cayeron en agosto el 7,4 por ciento, respecto al mismo mes de 2015. Ni el Día del Niño, con sus ventas habituales, pudo atemperar ese contraste. Así se llegó al saldo negativo para los primeros ocho meses de 2016 del 6,7 por ciento.
Dentro de la situación desgraciada que viven los socios de CAME, el consuelo llegó por la vía de la Justicia Federal de Córdoba, que declaró admisible el amparo colectivo presentado por esa entidad respecto al tarifazo del gas. Miguel Hugo Vaca Narvaja, juez federal n°3 de aquella ciudad, acogió la demanda que había presentado su letrado, Miguel Julio Rodríguez Villafañe.
La Corte Suprema de Justicia había fallado a favor de los clientes residenciales en materia del gas, pero dejado afuera a las empresas, bibliotecas, clubes de barrios, etc.
Con un tarifazo igual al decretado en abril por Juan J. Aranguren, el panorama de las empresas de menos poderío hubiera sido catastrófico. Incluso muchas, además de reducir personal, habrían cerrado, una perspectiva que sigue incierta hasta la audiencia pública del 16 de septiembre.
No es que las pymes sean unas carmelitas descalzas, menos en tiempos de crisis como los que se viven desde diciembre último, pero son mucho mejores que los pesos pesados de la economía, léase los monopolios.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) así lo muestra, con datos probatorios que quienes más han despedido han sido las grandes empresas. El informe puntualizó que entre enero y mayo de este año las firmas con más de 1.500 trabajadores despidieron a una tasa del 0,53 por ciento mensual acumulativa: 94.215 despidos. Eso supuso ocho veces más despidos que las pymes con menos de 100 trabajadores, que lo hicieron a una tasa del 0,07 por ciento mensual acumulativa: 12.798 cesantías. Las que tienen planteles de entre 100 y 1.500 trabajadores despidieron el 0,24 por ciento mensual: 30.052 personas.
Las empresas de menor poderío dan empleo al 80 por ciento del total de trabajadores; ahora crecieron 0,5 por ciento en términos comparativos pues despidieron menos.
Por esos contrastes de la vida, el festejo del 1 de septiembre por el Día de la Industria no tiene por protagonista a CAME sino a la Unión Industrial Argentina (UIA). Eso ocurría antes con CFK y ahora con Macri, cuando los titulares de esa central monopolista eran José I. De Mendiguren, Héctor Méndez y por estos días Adrián Kaufmann (Arcor).
Esas patronales, sobre todo las que expresan a grupos concentrados y multinacionales, han seguido despidiendo personal o suspendiéndolo. Un caso testigo es la industria automotriz en Córdoba, con suspendidos en Fiat, Renault, Volkswagen, Montich y otras autopartistas, a los que pagan el 75 por ciento del salario. Smata, que por supuesto está en las antípodas del sindicalismo combativo de René Salamanca de los '70, admitió que el 80 por ciento de esas terminales fueron subsidiadas por el Estado con el programa Repro. Cabe agregar que a Cristiano Rattazzi, de Fiat, se lo premió en 2011 con un crédito del Bicentenario por 500 millones de pesos a tasa fija subsidiada del 9,9 por ciento.

Más despidos en el Estado.
El ataque viene de los dos flancos: el privado y el estatal, que lleva aniquilados 64.000 puestos de trabajo, según estudios varios y las declaraciones del secretario de ATE Capital, Daniel Catalano, a C5N. Habían sido varias miles de cesantías más, pero una parte debió ser reincorporada por los reclamos sindicales y lo brutal y absurdo de las medidas, como cuando Gabriela Michetti cesanteó personal con capacidades diferentes.
Aquella cifra denunciada se está quedando corta, porque las cesantías siguieron en varias provincias y municipalidades. Otra vez viene a cuento el caso de Córdoba. Juan Schiaretti, un peronista muy amigable con Macri, disparó centenares de telegramas de despido -dizque finalización de contratos- a personal de programas sociales y de hospitales. Obvio, tras las asambleas de ayer habrá un paro total en el sector Salud el miércoles o jueves.
Schiaretti tiene la cara armada con cemento, antes de Minetti, actual suiza Holcim. El miércoles 24 de agosto rechazó la demanda de miles de empleados públicos y jubilados que marcharon hasta El Panal pidiendo la derogación de la ley de ajuste previsional. Y al día siguiente, jueves 25, fue a la sentencia de la megacausa La Perla y derramó una lágrima por la desaparecida Graciela Doldán. Ejemplo patente de incoherencia entre Memoria, Verdad y Justicia, por un lado, y Derechos Humanos hoy...
Lo más grave puede estar por venir, porque ATE denunció, en sintonía con nota periodística de Página/12 del domingo 4, que el Ministerio de Modernización (sic) de Andrés Ibarra tiene a estudio 114.000 contratos y una parte puede cortarse a fin de año. Así se lograría la "cantidad óptima" de personal, desgrasando la cantidad actual, para parafrasear al ministro de Hacienda.
Si esa ola de despidos toma cuerpo habrá más conflictividad social que la actual, muy empinada. CEPA, en otro informe titulado "Menos actividad, más conflictos", contabilizó 99 conflictos laborales en julio. La conflictividad es más alta en el sector privado que en el público, como reflejo que la crisis de empleo ahora tiene su núcleo en el primero. "En el sector privado se concentraron el 66,7 de las protestas. De ellas, en la industria se dieron más de la mitad (55 por ciento) y en el rubro de servicios el 36,36 por ciento", dice el centro de estudios dirigido por Hernán Letcher.
Esa preponderancia de las protestas en el sector privado podría equipararse con las del ámbito estatal (nacional, provincial y municipal) si se pone en marcha, como es previsible, la documentación pro-ajuste no desmentida por el gobierno.
Los trabajadores hicieron con éxito la Marcha Federal el 2 de septiembre, llenando la Plaza de Mayo. Ahora está en preparación un paro general que no sea sólo de ambas CTA sino también de gremios de la CGT. Barrionuevo, Venegas y los Gordos tiran para atrás pero no podrán demorar mucho más esa primera huelga nacional contra el ajuste, que ya está atrasada.