Crimen admitido

Un alto mando del Ejército de Colombia vino a corroborar la semana pasada lo que era un secreto a voces, aunque sin una confirmación definitiva: aquella fuerza armada, bajo la eufemística denominación de «falsos positivos» procedió a asesinar en los últimos años a varios millares de personas inocentes (cinco mil se estiman) adjudicándoles la condición de guerrilleros.
El alto jefe militar -que como es común apeló al descargo de «haber recibido órdenes superiores»- explicó el procedimiento: se fusilaba a los elegidos y después se les ponía un brazalete de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas) y así eran enterrados. Posteriormente venía el cobro de un bono en dinero que ameritaba tan valiente «acción de guerra». En las múltiples fosas comunes que están descubriéndose en el país colombiano se han encontrado cadáveres de niños de diez años.
Al repugnante hecho, que se viene a sumar al desprestigio que tienen las fuerzas armadas latinoamericanas, se agrega una indispensable lectura política: los miembros de las FARC que no entregaron sus armas y siguen combatiendo tuvieron razón en desconfiar del desarme propuesto por el gobierno: a los infames «falsos positivos» se añaden más de dos centenares de exguerrilleros asesinados tras el «acuerdo de paz».