Criminalizar a los inmigrantes y reducir número de desaparecidos

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO DEL PRO

La xenofobia explícita del senador Miguel Pichetto y el informe de la Secretaría de Derechos Humanos sobre la cantidad de ciudadanos desaparecidos durante el terrorismo de Estado, evidencian el retroceso de la Argentina en relación a la vigencia y defensa de los Derechos Humanos.
IRINA SANTESTEBAN
El titular de la bancada de senadores del Frente para la Victoria, fue uno de los primeros en jugar al “camaleón”, en el nuevo escenario político que se abrió en la Argentina en diciembre de 2015. A pesar de contar con una holgada mayoría en la Cámara Alta, el kirchnerismo no pudo hacer gala de ese poder, porque a poco de comenzar su gobierno, al presidente Mauricio Macri no le resultó muy difícil hacer pasar los proyectos de ley que deberían haber tenido la oposición del kirchnerismo. Pichetto y la mayoría de los senadores elegidos en las boletas del FPV votaron, sin demasiado cargo de conciencia, proyectos clave para el PRO, como los dos nuevos miembros para la Corte Suprema de Justicia y el oneroso acuerdo con los “fondos buitres”.
No podía esperarse otra cosa de un dirigente que fue menemista, duhaldista, kirchnerista y ahora, pejotista (todavía sin líder reconocido).

Son la “resaca”.
Y aunque Pichetto nunca fue un “progresista”, las declaraciones que hizo hace una semana, en referencia a la inmigración, fueron pesadas y muestran la peor cara de un dirigente político. Tratar de “resaca” a los inmigrantes bolivianos, peruanos y paraguayos, tiene un parentesco muy cercano con el fascismo.
“¿Cuánta miseria puede aguantar la Argentina recibiendo inmigrantes pobres?”, se preguntó el senador, en un claro cuestionamiento a la “cultura igualitaria” hacia los inmigrantes, que está consagrada en la ley 25871, de 2004, y reglamentada en 2010. Esta norma reconoce a la migración como un derecho humano, y facilita el otorgamiento de la ciudadanía, con requisitos razonables. Establece que el Estado debe integrar a los inmigrantes y proteger sus derechos, tal como lo establece el preámbulo ce la Constitución Nacional, cuando afirma “… y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
El gobierno kirchnerista había promovido, a través del programa “Patria Grande”, la regularización de la situación de miles de hermanos latinoamericanos, que por estar privados de la documentación legal de residencia, eran obligados a trabajar en condiciones denigrantes, privados de los más elementales derechos. No casualmente ese programa ha sido hoy desarticulado por el gobierno macrista. Para acceder a ese programa y obtener el DNI se requería no tener antecedentes penales y residencia durante algún tiempo, quiere decir que no es cierto que se permitió el ingreso de “delincuentes” como afirmó Pichetto.

Súper explotados.
Las denuncias de trabajo esclavo, en particular en la industria textil, en talleres clandestinos, donde los trabajadores viven en condiciones infrahumanas, pusieron en evidencia el estado de explotación laboral de muchos inmigrantes y sus familias.
Pero el rechazo del ríonegrino Pichetto no es contra “toda” inmigración, sino contra la que proviene de los países limítrofes o latinoamericanos, como Bolivia, Paraguay, Perú, etc. Pues de su propio apellido, cabe imaginar que el senador desciende de inmigrantes italianos, aquellos que arribaron a nuestro país a fines del siglo XIX o principios del siglo pasado.

Delincuentes “de afuera”.
Aunque ratificó sus dichos, el senador intentó aclarar que él se refería a la “falta de control sobre los antecedentes” de quienes ingresaban a la Argentina, e hizo mención de las “villas” en las que supuestas mafias peruanas ejercerían el control del narcotráfico. Sin embargo, las estadísticas demuestran que los inmigrantes son menos del 5% de la población argentina, por lo que su preocupación debería enfocarse más a los índices de pobreza que van aumentando y que afectan a la población “bien argentina”.
Y en relación a la pobreza, Bolivia es un país cuya economía viene creciendo a ritmo sostenido, y otorgando a sus ciudadanos cada vez más derechos sociales. Por ejemplo, gracias al crecimiento de la economía el gobierno boliviano ha dispuesto en los últimos tres años, el pago del “aguinaldo doble”, tanto para sus empleados estatales, como para los privados, siendo obligatorio para las empresas abonar este doble beneficio a sus trabajadores.

Educación y salud.
El periodista del grupo Clarín, Jorge Lanata, ya había largado con una campaña contra los inmigrantes hace algunas semanas, cuestionando a los estudiantes universitarios extranjeros, que vienen a “estudiar gratis” a la Argentina, porque en sus países los estudios superiores no son gratuitos. En ninguno de sus informes, dio números certeros sobre cuál sería el porcentaje de estos estudiantes. Tampoco los dio Pichetto en relación a los que se atienden en los hospitales públicos, al afirmar que durante el mes de noviembre el hospital Rivadavia “está ocupado por ciudadanos paraguayos, que tienen turnos ya establecidos por anterioridad”.
Estaría bueno que, antes de cuestionar a los pacientes que hacen uso de los servicios de salud públicos, el senador controlara si los presupuestos para los hospitales públicos son los adecuados; si los reclamos de los profesionales de esos nosocomios, como los de la comunidad, son atendidos con premura, porque allí se atienden mayoritariamente ciudadanos argentinos. Siempre es más fácil tirar las culpas para otro lado, y si éstas caen sobre un grupo indefinido de personas, que serían de piel oscura, pobres, y encima, extranjeros, siempre habrá oídos prestos a escuchar tan nefastas conclusiones, aun entre la gente también pobre y de piel oscura, pero eso sí, bien argentina.

Avruj, contradictorio.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, tuvo que responder a estas declaraciones. Primero las compartió, afirmando que la política inmigratoria, durante el gobierno anterior “no había tenido los suficientes controles”. Aclaró, muy piadoso, que “por ahí, la palabra resaca, habría que sacarla”, aunque no parecía muy convencido, de lo contrario no debería haber utilizado el modo verbal potencial.
Pero luego, quizás advertido de las negativas repercusiones de los dichos de Pichetto, se apresuró a destacar la “riqueza que aporta la inmigración”. Sin aclarar, nuevamente, a qué inmigración se refería, si a la latinoamericana o a la europea, cuestión no menor, si de racismo y xenofobia estamos hablando.
El secretario de DDHH se refirió a la Argentina como un “mosaico de identidades” y puso como ejemplo del apoyo del gobierno del PRO en este tema, al “compromiso del Presidente Mauricio Macri para la llegada de la inmigración siria”.

Escrache por Milagro.
No lo está pasando muy bien este funcionario, pues está siendo muy cuestionado en temas que caen sobre su área de gobierno. El viernes pasado, en una charla que daba en Córdoba, en el Cine Club municipal “Hugo del Carril”, ante un escaso auditorio, luego de disertar junto a Maristella Svampa, de la Universidad Nacional de La Plata y Conicet y María Eleonora Cristina, del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, entre otros oradores, Avruj pasó un muy mal momento. Es que ingresaron al recinto un grupo de jóvenes del Comité por la Libertad de Milagro Sala, quienes le reclamaron ruidosamente que el gobierno debía cumplir con el requerimiento de la ONU y liberar a la dirigente jujeña de la agrupación Tupac Amaru. Militantes del Peronismo Militante, del Partido de la Liberación y de la agrupación estudiantil Tupac, increparon al funcionario, quien no contestó esos requerimientos y se retiró del lugar.

Los desaparecidos.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también cuestionó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por haber difundido un informe, en respuesta a un pedido de una ONG llamada Ciudadanos Libres, en la cual reitera su conocida posición sobre el número de los desaparecidos. Para la secretaría que dirige Avruj, entre octubre de 1973 y diciembre de 1983, hubo 8.571 víctimas del terrorismo de Estado, siendo 6.348 los ciudadanos desaparecidos y 952 los asesinados.
Para Carlotto, ese informe, contestado diligentemente a una organización desconocida, es un nuevo “bastardeo” a la lucha de los organismos de Derechos Humanos, que siempre afirmaron que los desaparecidos y víctimas de los crímenes de lesa humanidad, fueron 30.000. Lo consideró como “una provocación y una persecución muy desagradable” y le reclamó al gobierno que “en lugar de preguntarse cuántos son”, colaboren para “encontrarlos”.
Estela dijo que los organismos de DDHH siempre hablaron de un número emblemático, como los 30 mil desaparecidos, y explicó que “es una cifra estimativa, que se hace en base a lo que se ha recogido en cada lugar”. También recordó que aún las Abuelas se están enterando de niños “que nunca fueron buscados”.

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