Crisis en Buenos Aires perjudica a Scioli pero también a Cristina

EMILIO MARIN
Los tristemente célebres economistas neoliberales de los ´90 hicieron un mapa de las “provincias inviables” y ubicaron allí a varias del noroeste y noreste. No incluyeron al “primer estado argentino” porque es el más rico del país con casi el 40 por ciento de la población. Decirle “inviable” equivalía a etiquetar como tal a la Nación.
Daniel Scioli no pudo abonar a sus empleados públicos el medio aguinaldo, por primera vez en sus dos mandatos. Con números adversos y habiendo recibido insuficiente ayuda de Cristina, echó mano a un decreto para justificar el pago desdoblado, desde julio hasta octubre. El gobernador dice que la suya es una provincia económicamente sana pero con problemitas financieros en vías de solucionarse. Eso se llama escapismo.
Para Cristina Fernández de Kirchner, según dijo haberla escuchado en Olivos el intendente de Lanús, Díaz Pérez, el ex motonauta “no sabe gestionar, es un desastre, un inútil. Que se vaya de la Provincia, que la gobierne otro”. Si esto fuera cierto querría decir que el kirchnerismo tardó casi una década en descubrir los defectos: lo puso primero como vicepresidente en 2003 y gobernador en 2007 y 2011.
Los que no quisieron entrar en disquisiciones fueron los gremios estatales, que saltaron como leche hervida. La división imperante en sus alineamientos provinciales y nacionales no fue óbice para medidas de fuerza demandando el medio aguinaldo. A lo sumo, esa división provocó dos paros y marchas: una el miércoles de ATE, alineada con la CTA de Micheli, y otra el viernes, de Suteba, perteneciente a CTA de Yasky.
Esos paros múltiples deberían ser tenidos en cuenta por el gobierno nacional, embarcado como está en dividir la CGT de Azopardo, como evidenció Carlos Tomada. Podrá sacar alguna ventaja, pero quizás tenga que enfrentar más paros, de uno y otro segmento, como le ocurrió al gobernador bonaerense.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud presentaron un amparo. Y el juez Luis F. Arias les hizo lugar, dando cinco días hábiles a Scioli para abonar el aguinaldo de un saque. El razonamiento de Arias fue irrebatible: “este año hubo buena recaudación. No hubo terremotos ni inundaciones ni una razón extraordinaria que impida incumplir la ley de presupuesto. Aunque la semana próxima salga una ley de emergencia económica y financiera, esto no sanea la situación, porque las leyes no tienen efecto retroactivo”.
En vez de acatar ese fallo y reto judicial, el gobernador está viendo con sus abogados cómo apelarlo y ganar tiempo, o sea perderlo. Así se desprende de sus declaraciones en la insólita conferencia de prensa de ayer, feriado largo.

Scioli, de manual.
La conducta de Scioli ilustra lo que un gobernante no debe hacer; es un caso de manual o de “maestro por ejemplo negativo”, diría un legendario dirigente chino. En vez de apoyarse en las fuerzas propias, perdió semanas apostando a un salvavidas que debía arrojarle Cristina. Así consumió tiempo sin tomar medidas que podían ser productivas en reunir recursos. El salvavidas llegó pero fue de tamaño mini; necesitaba 3.000 millones de pesos y llegaron mil millones. No alcanzó.
Con el incendio en marcha, en vez de dialogar con los gremios y trabajadores afectados por la postergación de un derecho adquirido, lo informó como un hecho consumado de su gobierno. A nadie le gusta que jueguen con su plata pero menos que lo hagan en forma totalmente inconsulta.
Además, la decisión unilateral de postergar ese pago, en vez de instrumentarse con una ley, como opiniones calificadas y coincidentes lo entendían, fue por medio de los nunca bien ponderados decretos de necesidad y urgencia.
El mandatario está jugadísimo a esa política porque se inclinó por apelar el fallo judicial de Arias en vez de negociar unos días más para poder cumplirlo. De este modo se profundizó el conflicto con un amplio sector de asalariados y se creó otro específico con la justicia.
Pero allí no terminaron los desaguisados del hombre que Carlos Menem trajo a la política. Para encaminar las cuentas de la provincia, que no se trazan con color azul sino con un incipiente rojo, no tuvo mejor idea que redactar un borrador de ley de emergencia económica con propuestas de un ajuste que el gobierno kirchnerista hoy no desea o no puede digerir.
El proyecto de emergencia planteaba jubilar de prepo a determinado personal y cortar contratos a quienes se desempeñan bajo esta modalidad precarizada en el Estado. También preveía vender bienes del Estado a valor de mercado u ofrecerlos en garantía, algo que la corriente crítica del vicegobernador Gabriel Mariotto rechazó de plano.
Va de suyo que los bloques opositores, de la UCR, denarvaísmo, el FAP, etcétera, tampoco iban a acompañar una ley de ajuste que desprestigiará a quien la vote o consienta. Quemados como están por haber convalidado otros ajustes a nivel provincial o nacional, en gobiernos anteriores, esas agrupaciones se tirarían a las contaminadas y heladas aguas del Río de la Plata de julio antes que firmar un acuerdo que los termine de incinerar.
Mariotto no estuvo en la referida conferencia de prensa, en una muestra más de desapego al gobernador. Le atribuyen haber rebotado el proyecto de emergencia en estos términos: “me trajeron la ley de Enfiteusis de Rivadavia. Con eso podrían vender el Bapro o las islas del Tigre, si quisieran”. Obvio, le bajó el pulgar al proyecto y apagó sus celulares. Capaz que está en alguna de esas islas del Tigre, cavilando si se divorcia ahora o más adelante del gobernador.
El pecado capital del mandatario bonaerense fue que, frente a la crisis de su gestión, encaró en dirección de afectar derechos de los trabajadores en vez de recaudar más con impuestos a los que más tienen. Y lleva cinco años en La Plata. No puede decir que no sabía o que recién empieza.

Tiro en el pie.
El gobierno nacional trata de presentar todas las cosas positivas o que salen bien, como de su propia y exclusiva cosecha. Y a la vez huye de los problemas de las provincias, como si le resbalaran o no tuviera ninguna responsabilidad.
Ejemplos. Si Buenos Aires no paga el medio aguinaldo, es culpa de Scioli. Si en Jujuy los policías matan a cuatro sin techo, en Formosa a un integrante de la comunidad Qom, o en Santiago del Estero los pistoleros de productores sojeros matan a Cristian Ferreyra, son asuntos provinciales. Serían casos de “gatillo fácil” exclusivamente locales, donde el gobierno federal nada tiene que ver. Más aún, éste mantendría su virginidad de “no criminalización de la protesta social”, aún cuando haya esos muertos y tres “leyes antiterroristas” pedidas por Estados Unidos. Frente a conflictos gremiales serios en el interior, el Ejecutivo enviaba Gendarmes; luego del pleito con Camioneros y los cortes de Dragones en Chubut, decidió retirarlos de todos los escenarios conflictivos, incluso de la pacífica Plaza de Mayo.
Más ejemplos, si Mauricio Macri aumentó el 127 por ciento el boleto del Subte, todo era responsabilidad del PRO, aunque el PEN firmó un acuerdo para traspasarle el servicio y le dejó las manos libres para el aumentazo.
En fin. Hay datos de la realidad que no pueden soslayarse por la Casa Rosada, porque tienen que ver con la política provincial pero también la nacional. No hay una Muralla China que separe esas dos jurisdicciones y deje indemne absolutamente a la parte federal.
Hay hilos conductores en problemas sociales que sacuden a una u otra parte de la geografía, nacional al fin de cuentas. El frigorífico que cierra en La Pampa, la aceitunera que se entorna en La Rioja, Alpargatas que suspende en Tucumán; Renault y otras automotrices que cierran sus puertas hasta el 10 de julio y después verán según la situación de Brasil; textiles que ahora no despiden porque sus dueños reciben el beneficio del Repro, trabajadores de la construcción que ven mermar las obras y esperan el plan del Hipotecario comiéndose las uñas; paros policiales en Santa Cruz por bajos salarios y de gremios estatales por el ajuste del gobernador Peralta; disturbios en Cerro Dragón por obreros de la construcción que reclaman encasillamiento como petroleros, reclamos del SEP en Córdoba por el cese de contratos de empleados estatales, paros del Subte por la falta de paritarias, etc.
¿En serio que el gobierno nacional cree poder alegar completa inocencia y desvinculación tajante de esos conflictos sociales? Suponiendo que la responsabilidad principal sea de los gobernadores (muchos del mismo palo que el Ejecutivo), ¿acaso eso ocurre en otro país? Esto es Argentina. Todos los gobernantes tienen que hacerse cargo, cada uno en su medida, y no imitar a Pilatos.
Buenos Aires es un caso especial. No es un cacho de la Argentina sino su parte mayor y el peronismo tiene allí su cuna y gran elector. Un fracaso allí vale por cinco. Si los problemas se convierten en una crisis política, el perjudicado no será solo Scioli sino también Cristina. El kirchnerismo se habrá pegado un tiro en el pie.

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