Cuando la deuda externa fue a juicio

El próximo lunes se cumplirá el vigésimo aniversario de la sentencia del juez Jorge Ballestero, que analizó la deuda externa contraída entre 1976 y 1983. Veinte después Argentina enfrenta una situación aún peor de endeudamiento.
IRINA SANTESTEBAN
La causa «Olmos, Alejandro s/ Denuncia» fue iniciada en 1982 y el 13 de julio de 2000 se dictó el fallo, tras 18 años, con miles de fojas y decenas de investigaciones e informes periciales. Fue una recopilación que pudo desentrañar el perverso mecanismo utilizado para estafar al país. Incluyó pericias de organismos oficiales y privados, locales y extranjeros. Acreditó la responsabilidad de las autoridades civiles y militares de entonces, como el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien murió sin haber sido citado a juicio. También reveló quiénes fueron los beneficiarios de la estatización de la deuda privada decidida por Domingo Cavallo, luego ministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa: los grupos Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint, Soldati, Pescarmona, entre otros.

Irregularidades.
En la causa iniciada por Olmos se comprobaron 477 irregularidades, detalladas en el expediente y debidamente acreditadas. Ese expediente fue puesto por el juez en manos del Congreso de la Nación, pero – como lo reconoció la ex presidenta Cristina Fernández -, la Argentina es «pagadora serial». No hubo investigación ni desconocimiento de la deuda. Sí un proceso de canje impulsado por el ex presidente Néstor Kirchner, luego de pagarle al FMI, al contado y con reservas del Banco Central, 10.000 millones de dólares.
Un reducido número de acreedores que no aceptaron ese canje, litigaron en Nueva York y obtuvieron un fallo favorable del juez Thomas Griesa. Ya asumido Mauricio Macri les abonó dólar sobre dólar todo lo que pedían esos fondos buitres. Según Alejandro Olmos Gaona, hijo del denunciante en el juicio contra la deuda, algunos de los bonos que Alfonso Prat Gay y Nicolás Caputo emitieron para pagar a los buitres, son los que hoy se están renegociando.
En 2015, a raíz de ese conflicto de Argentina con los holdouts, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó una resolución que estableció principios básicos para los procesos de reestructuración de deuda soberana. Señaló que acreedores y deudores deben actuar de buena fe y cooperar para llegar a un acuerdo consensuado. En el texto se incluyeron nueve principios, entre ellos el de que un Estado soberano tiene derecho a elaborar su política macroeconómica, incluida la reestructuración de su deuda. El FMI aceptó establecer cláusulas de acción colectiva (CAC), conocidas como «antibuitres», para reducir el porcentaje de bonistas necesarios para considerar aceptada una oferta, y obligar al resto a ingresar al canje bajo las condiciones aceptadas por los primeros. Hoy, los grupos más intransigentes en la negociación, como BlackRock, pretenden que se apliquen las cláusulas de 2005, que disponen que para que la oferta sea aceptada debe contar con el aval del 85% de los bonistas; y no las de 2016, que establecen un porcentaje menor: 66% de cada serie de bonos y 50% del total de los bonos a negociar.

Una bola de nieve.
Macri no sólo le pagó a los fondos buitres lo que pretendían sino que en 2016 y 2018 volvió a endeudar al país, de una forma como nunca se lo había hecho antes, ni siquiera durante el período investigado por Ballestero.
Según Olmos Gaona, la deuda que la dictadura dejó en 1983 era de 45.000 millones de dólares; que pasó a 62.000 millones en el gobierno de Carlos Menem, que la dejó en 150.000 millones, luego de (mal)vender la mayoría de las empresas estatales. ¡Para Cavallo la deuda externa en el año 2000 iba a ser un «mal recuerdo» para los argentinos!
Sin embargo, desde 1983 a 2014, la Argentina pagó 400.000 millones de dólares y ese año la deuda ascendía a 220.000 millones.
En 2018, Macri acordó con el FMI un préstamo de 57 mil millones de dólares, de los cuales llegaron al país 44.000. Lo de «llegaron» es una ironía, pues la mayoría de ese dinero está en paraísos fiscales o cuentas en el exterior por la «fuga de capitales» que según el Banco Central, entre 2015 y 2019, fue de 86.200 millones de dólares.

La deuda es con el pueblo.
Así lo sostienen muchas organizaciones y personalidades políticas y sociales de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Auditoría de la Deuda, liderada por el ex Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Norita Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Este espacio formuló una declaración el pasado 20 de mayo: «No aceptamos que sólo exista la opción de pagar. Nuestra prioridad es la vida del pueblo y de la naturaleza. Lo que nos reclaman nunca fue para beneficio nuestro, sino que responde a una exacerbada explotación, especulación y saqueo que atenta contra nuestros derechos y soberanía». Y sostuvo: «es necesario suspender el pago e investigar la deuda reclamada para no pagar lo que el pueblo no debe y poder abrir otros caminos», invocando el derecho a «saber si es legítima y legal, o una deuda fraudulenta y odiosa como tanto se ha denunciado, incluso desde los tribunales argentinos».
El gobierno de AF ha efectuado una propuesta que mejora 40% la primera oferta realizada el 22 de abril, cuando se les reconocía a los tenedores de bonos privados 38 dólares por cada 100. La pretensión de los fondos más duros eran 60 y luego de dos ofertas intermedias que se estiraron hasta 47 dólares, la presentada oficialmente ayer reconoce un valor de 53,5 por cada 100 dólares. La pretensión inicial de no realizar pagos hasta 2023, también fue dejada de lado y se les reconoce a los que acepten la oferta, un «premio extra» de pago de intereses en septiembre de 2021. Mientras tanto, el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y gravísima crisis social, aumento de la pobreza, cierre de comercios, pérdida de empleos, etcétera, se verá agravado con semejante compromiso de pago.
El próximo lunes 13 de julio se iniciará el «Juicio Popular a la Deuda Externa», iniciativa de la Autoconvocatoria, que contará con la participación de Alejandro Olmos Gaona, y un Tribunal conformado por Pérez Esquivel, Cortiñas y el exjuez federal de Córdoba Miguel Rodríguez Villafañe. Luego habrá audiencias semanales con testigos, peritos, fiscales y defensores, calculándose que en octubre habrá un fallo dictado por un Jurado Popular.
Si se trata de una «Deuda Odiosa», contraída en contra de los intereses del pueblo del país que la toma y de mala fe, la misma puede ser desconocida. El objetivo del Juicio Popular es demostrarlo, tal como lo hiciera Ballestero hace 20 años. Luego, claro, hace falta voluntad política y apoyo popular para llevar adelante ese proceso, que no es lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández.