Cuando los santos vienen guillotinando

DOMINICALES

Hace pocos días se recordó en Francia un curioso aniversario: el de la última vez que, en 1977, ese país empleó la guillotina para ejecutar a un condenado a muerte. El elegido fue el tunecino Hamida Djandoubi, que había sido encontrado culpable de homicidio. Las encuestas del momento hablaban de que un 61% de la población francesa aprobaba ese método de ejecución tan francés como el queso. Un cantor popular, Michel Sardou, le dedicaba al patíbulo su sentida oda “Je suis pour” (“Estoy a favor”). Ah! mon dieu.

Eficiencia.
La guillotina había sido introducida en los años 1780, como un alarde tecnológico, por el rey Luis XVI, en procura de un método más rápido y “humano” de ejecutar la pena de muerte. Es una pena que no se guarden registros de qué opinó sobre la “humanidad” de su sistema el propio rey cuando, pocos años más tarde, sufrió en carne propia y por esta vía la separación de su cabeza del resto de su real cuerpo.
Créase o no, este decapitador mecánico representó un verdadero progreso a la hora de ahorrarles sufrimiento a los condenados. Una obra ya clásica, “Vigilar y castigar” de Michel Foucault, dedica sus primeras páginas a narrar, con exquisito detalle, los horrorosos sufrimientos a que eran sometidos los ejecutados, que incluían una larga serie de torturas públicas.
Y si bien la opinión pública francesa de cuarenta años atrás seguía viendo con simpatía la pena de muerte, un número creciente de ciudadanos bien organizados y militantes, consiguió que poco tiempo después, el recién electo presidente socialista Francois Mitterrand decidiera, en 1981, presionar al congreso para la abolición. Este verdadero progreso de la civilización se mantiene hasta el presente, aunque subsistan pulsiones en determinados segmentos sociales para volver hacia atrás.

Democráticos.
En la concepción de Foucault, la pena de muerte sería una expresión del poder omnímodo del soberano, que de tal modo ejercía su dominio sobre los cuerpos de sus súbditos, y podía torturarlos y matarlos si éstos ofendían la ley, que era como ofender al propio rey que la personificaba.
Sin embargo, viendo los bolsones del mundo occidental donde aún subsiste esta práctica bárbara, pareciera ser que la pena de muerte encuentra su justificativo no ya en un monarca despótico, sino en la particular y “democrática” manera en que las distintas comunidades entienden a la justicia y los rigores que de ella derivan.
Es el caso de los Estados Unidos, país en el cual el federalismo deriva de un obligado respeto a las particularidades locales. Tanto es así, que hasta bien entrado el siglo XX, si un reo pasible de muerte era capturado en un pueblo diferente a aquél donde había cometido su delito, se cuidaban muy bien de devolverlo sano y salvo para que fueran los vecinos ofendidos quienes tuvieran “el placer” de ejecutarlo.
Casi huelga decir que los ejecutados eran, en proporciones altísimas, hombres de raza negra o blancos tan pobres que casi parecían negros. Estas ejecuciones, que muchas veces involucraban atrocidades impensables en tiempos de paz, dieron lugar a una curiosa industria: la de las tarjetas postales con fotos de los ajusticiados (ahorcados, desmembrados, a veces quemados) que se intercambiaban con fruición vecinos respetables de distintas comunidades.

Ruiseñor.
Por supuesto, este sistema de “asesinatos legales” tenía y tiene un margen de error demasiado alto para sostenerse, cuando su resultado es algo tan radical como la muerte de una persona. Es el tema central de “Matar a un ruiseñor”, la novela clásica de Harper Lee, ambientada en un pueblito de Alabama donde la autora pasó su infancia.
Sin embargo, cuando se habla del tema en las cortes estadounidenses, no se discute tanto la justicia o razonabilidad de que el Estado asesine, sino meramente los métodos, para no violar la cláusula constitucional que prohíbe los castigos “crueles e inusuales”. En vez de discutir el fondo de la cuestión, los abogados han desarrollado todo un arsenal de argumentos médicos contra la silla eléctrica o contra los cocteles de drogas que se emplean para mandar a la gente al otro mundo.
Y es que EEUU no ha suscripto ninguna de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, que invariablemente proscriben la pena de muerte. Es por ello que entre nosotros su restauración no puede ni siquiera pensarse, porque representaría una violación a los deberes asumidos con la comunidad internacional.
O al menos era así, hasta que al actual presidente de la Corte Suprema argentina se le ocurrió promover un fallo (“Fonteveccia”) en el cual, echando por tierra décadas de avances en la materia, se postula que cada país tenga la potestad de aplicar los derechos humanos “a su manera”, como diría Frank Sinatra.
Como se ve, esta historia continuará.

PETRONIO