Cuando el gremialismo es un buen negocio

El jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, fue acusado por la justicia penal económica, de cobros de sumas de dinero que podrían constituir maniobras de "lavado de dinero".
IRINA SANTESTEBAN
En los años ´70 el cineasta Raymundo Gleyzer realizó la película "Los Traidores", en la que retrataba la vida de un dirigente sindical, traidor a las luchas obreras, que termina acribillado a balazos. Gleyzer fue secuestrado por la dictadura militar y continúa desaparecido, figurando entre las víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención "El Vesubio", que estuviera ubicado en el partido bonaerense de La Matanza. Sin embargo, su retrato de la burocracia sindical mantiene vigencia 40 años después de los hechos relatados.

Sindicalistas perseguidos.
Dirigentes honestos que lucharon contra la burocracia sindical, como Agustín Tosco, Atilio López y René Salamanca, fueron perseguidos, asesinados y/ desaparecidos, los dos primeros antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Salamanca, secretario general del Smata cordobés, fue secuestrado el mismo día del golpe y es una de las víctimas que pasó por el centro clandestino de detención "La Perla", cuya megacausa está hoy en la etapa de alegatos, ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de los Tribunales Federales de Córdoba.
Antes del golpe de Estado de Videla, Massera y Agosti, la Triple A y su versión cordobesa, el Comando Libertadores de América, asesinaron a decenas de dirigentes políticos y sindicales. Uno de ellos fue Atilio López, secretario general de la UTA (transporte urbano) de Córdoba, quien había asumido como vice del gobernador Ricardo Obregón Cano, elegidos en los comicios del 11 de marzo de 1973. Sin embargo, ambos fueron depuestos por un golpe policial encabezado por el teniente coronel Navarro, en febrero de 1974. Este "Navarrazo" fue avalado por el gobierno nacional del presidente Juan D. Perón quien designó interventor primero a Duilio Brunello y luego al fascista brigadier Raúl O. Lacabanne.
Por primera vez un trabajador humilde llegaba a tan alto cargo en la provincia cuya capital se denomina "la docta". Las clases dominantes locales se burlaban del "negro" Atilio porque hablaba comiéndose las "s", y porque siguió viviendo hasta su muerte en su humilde casa de barrio Empalme, al sudeste de la ciudad.
En 1974 López había perdido su sindicato y volvió a manejar un colectivo, actitud que sólo un dirigente honesto y consecuente como él podía hacer. Agustín Tosco también volvía a trabajar por temporadas en EPEC, sin abandonar su militancia gremial.
El 16 de septiembre de ese año, en Buenos Aires, López era acribillado de 130 balazos, junto al contador Juan José Varas, a manos de la Triple A, que ya había comenzado, luego de la muerte del presidente Perón, con su reguero de asesinatos y atentados.

Millonarios y entregadores.
Aunque algunos burócratas fueron encarcelados durante la dictadura militar -como Lorenzo Miguel, de la UOM-, otros no sufrieron persecución alguna, y continuaron al frente de sus sindicatos, incluso por muchos años después de recuperadas las instituciones democráticas en 1983.
Un caso paradigmático fue el de José Rodríguez, del Smata (mecánicos), quien dirigió esa organización sindical, una de las más poderosas del país, durante 36 años, hasta su fallecimiento en 2009. Dueño de una fortuna valuada en siete millones de dólares (diario Perfil, 8/09/2013), se descubrió que tenía dos cuentas en Suiza, lo que le valió una investigación por parte de la justicia de ese país. Rodríguez, junto a sus hijas Alejandra y Andrea, había creado dos empresas para proveer servicios a la obra social de Smata: una consultora y una compañía de servicios de internación domiciliaria. Las investigaciones judiciales intentaban dilucidar si esos fondos en cuentas suizas provenían de malversación de fondos de la obra social de los mecánicos, cuyo sindicato él dirigía.
Rodríguez fue acusado -aunque no enjuiciado- de entregar listas con nombres de activistas y delegados sindicales de algunas empresas, como Mercedes Benz, tal como lo relata la cineasta Gaby Weber en su documental "Milagros no hay". Un grupo de familiares de esos obreros desaparecidos denunció a la Justicia Federal, en 2003, por "asociación ilícita y homicidio" al ex gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, y al secretario general de Smata, José Rodríguez. Mientras que en Alemania, el abogado Wolfgang Kalek, de la Asociación de Abogadas y Abogados Republicanos de Alemania, hizo una denuncia similar en 1999 en los tribunales de Nüremberg, por "asistencia al asesinato", contra el directivo de la automotriz germana, Juan Tasselkraut, por haber "entregado" a los trabajadores (Página 12, 2/07/2003).

Coimas y lavado de dinero.
Hace algunas semanas, trascendió que el secretario general de la UOM (sindicato metalúrgico) y jefe de la CGT Balcarce (oficialista), Antonio Caló, fue imputado por la fiscal en lo penal económico, Gabriela Ruiz Morales, por presunto "lavado de dinero".
Según las informaciones periodísticas, la causa judicial contra Caló es por el supuesto cobro de 20 mil dólares mensuales, desde 1987 a 2008, que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios de los afiliados de la UOM.
El jefe sindical se defendió y negó que existiera en su gremio lavado de dinero, descalificando a su acusador, Segundo Córdoba, ex jefe del área jurídica de la UOM, porque tendría "cuatro juicios por asociación ilícita".
Según Caló, se trataría de una maniobra para perjudicar al candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, y por ello anunció su alejamiento de la campaña del gobernador bonaerense.
Y aunque negó que en su sindicato hubiera lavado de dinero, dijo que Córdoba "se puso en buchón, y a los buchones le bajan las penas, porque si no tenía tres años de prisión" por aquellas causas abiertas en la Justicia.
La causa judicial por el presunto cobro de 20 mil dólares mensuales, que habrían recibido Caló y otras autoridades del sindicato, se refiere a hechos que se remontan a la relación de muchos años entre el empresario del seguro Julio Raele y el caudillo sindical de la UOM Lorenzo Miguel (ambos fallecidos).
El juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, fue el que ordenó la imputación y la inhibición de los bienes de Caló y los otros acusados, entre los que están los hijos de Miguel.
La causa comenzó después que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 condenó a un año y nueve meses de prisión a Segundo Córdoba, quien fue apresado cuanto intentaba sacar del país 800 mil dólares escondidos en su auto BMW. Córdoba declaró que desde 1987 hasta diciembre de 2008, cuando se fue de la UOM, el Instituto de Seguros SA -de Raele- le pagó mensualmente a él y a las autoridades de la UOM 20 mil dólares que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios. El acusado se acogió al beneficio del juicio abreviado, admitiendo su culpabilidad y por ello fue condenado a un año y nueve meses de prisión en suspenso, al decomiso de los 800 mil dólares y al pago de una multa de 70 mil pesos.

Suspensiones y despidos.
Es elocuente que al frente de sindicatos como la UOM (metalúrgicos) y el Smata (mecánicos), que aglutinan a centenares de miles de afiliados, se encuentren este tipo de dirigentes, tal como lo retratara Gleyzer hace más de 40 años en "Los Traidores".
Enriquecidos con negocios donde se lucra con las obras sociales (que deberían beneficiar a los trabajadores), están siempre dispuestos a negociar con los grandes empresarios, incluso en contra de las luchas de sus propios afiliados de base. El conflicto de la fábrica autopartista Lear, en Buenos Aires, ha sido una clara muestra de qué intereses defiende el actual secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli. Cuando el año pasado, los trabajadores de esa fábrica cortaron en varias oportunidades la Panamericana, en rechazo a los despidos, el sindicato no los apoyó y promovió la destitución de los delegados de base que habían encabezado esas protestas. Esos asalariados fueron reprimidos varias veces pero el gremio no dijo ni mu...
Ya en 2009, en el Smata de Córdoba, el secretario general Omar Dragún había convocado a un Congreso para destituir a un delegado de Iveco -fábrica perteneciente a Fiat-, por no haber accedido a firmar un acta con la dirigencia del sindicato, en la cual se convalidaban los despidos de 300 trabajadores de esa fábrica. El delegado, Hernán Puddu, fue finalmente destituido, y un año después, vencidos sus fueros sindicales, fue despedido por Iveco.
Dos años después, Dragún era nombrado ministro de Trabajo provincial por el gobernador José Manuel De la Sota. Luego volvió a la secretaría del Smata y desde ese cargo hizo grandes concesiones a las terminales para atraer inversiones, como la anunciada por Nissan-Renault, como rebajas salariales a determinadas categorías laborales y flexibilización laboral. Esas inversiones fueron también presentadas por el gobierno nacional como logros del "modelo".