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Cuatro años de la muerte de Santiago Maldonado

UNA LARGA CADENA DE COMPLICIDADES

A cuatro años de la muerte de Santiago Maldonado la Justicia sigue sin hacer la reconstrucción del hecho. La Gendarmería de Bullrich actuó sin orden judicial.
JUAN ALONSO
El 1 de agosto se cumplen cuatro años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en la provincia de Chubut. Una tortura infinita contra la familia por parte del sector más conservador del Poder Judicial y la maquinaria interna de protección de las fuerzas de seguridad del Estado.
El expediente judicial está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año pasado. Los cortesanos deben resolver si el juez federal Gustavo Lleral, quien mandó a archivar la causa en 2018 desligando de toda responsabilidad a gendarmes y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos Patricia Bullrich y Pablo Noceti, puede continuar a cargo de la pesquisa luego de que la destrozó por completo sin reconstruir jamás los hechos en la escena sobre la ruta nacional 40. Una actitud semejante a la adoptada por su antecesor inmediato, Guido Otranto, que hace tres semanas zafó del juicio político gracias al Consejo de la Magistratura y el tecnicismo de que han pasado más de tres años de la denuncia en su contra.

La Justicia tuerta.
La causa Maldonado debe ser resuelta por al menos dos jueces nombrados por decreto de Macri y después votados por el Congreso -Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti-, sin olvidar a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes siguen edificando la jurisdicción del Superior Tribunal de Justicia de CABA (STJ) por sobre la Justicia Nacional con fallos desopilantes que intervienen de facto el fuero comercial y el laboral para favorecer a las grandes corporaciones empresarias y a los evasores de la soja y sus propagadores mediáticos. En tanto la jueza Elena Highton de Nolasco, de 78 años, pareciera copiar el modelo de Carlos Santiago Fayt en el reino de la toga. Se debió haber jubilado hace más de una década, pero sigue en modo avión.
El juez Lleral también integra esta extraña comparsa. Nadie lo cuestionó porque su apellido estaba guardado en el teléfono celular del secretario de Macri, Darío Nieto -flamante candidato a legislador- como «juez amigo» o «propio».
Y en la Cámara de Alzada la situación no fue mucho mejor. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, asiduos visitantes de Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, decidieron sobre apelaciones de la familia Maldonado y las querellas con la misma displicencia y falta de decoro con que Borinsky jugaba al tenis con el ex presidente.
El Estado Nacional, por su parte, está en litigio con la familia Maldonado. Se negó a reconocer su responsabilidad en una mediación amistosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sergio Maldonado insiste con la figura penal de la desaparición forzada de personas ante la negativa del sistema del status quo.
Los resultados periciales sobre el cuerpo de Santiago determinaron que murió ahogado, pero no aclararon todas las dudas del hecho y la construcción de la narrativa mediática logró imponer que «Santiago se ahogó solo» en el Río Chubut. Pareciera que no hubo una represión ilegal en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen donde fue encontrado el cadáver del joven anarquista 78 días después, justo antes de las elecciones nacionales.

Mapuches absueltos.
A principios de julio, la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a los mapuches que cortaron la ruta en 2017 junto a Santiago Maldonado. En aquel momento, Bullrich lo negaba a pesar de que aparecía en los vídeos filmados por los propios gendarmes. Si la Gendarmería Nacional no hubiese actuado de forma ilegal con la excusa del supuesto delito en estado de flagrancia, Santiago Maldonado estaría vivo.
Si esos desgraciados acontecimientos configuraban un presunto delito grave, ¿por qué la Casación absolvió a los mapuches acusados? Ni Madrake el mago podría explicarlo. Lo cierto es que Santiago murió por culpa de los gendarmes que entraron a los balazos y nadie logró reconstruir los hechos minuto a minuto sobre la escena a la vera del río.
La patología forense se limita al acontecimiento mortal y al contexto de los sucesos.
Los supuestos testigos no ayudaron demasiado a la memoria real y los jueces Otranto y Lleral tuvieron mucho que ver con el encubrimiento de la violencia institucional. Ni hablar el Estado con sus funcionarios políticos de ocasión: Gonzalo Cané (recauchutado en la Corte) y Daniel Barberis en algún sillón del inframundo ligado a Bullrich.
El 5 de agosto de 2017 escribí la primera crónica sobre este caso paradigmático en este infierno nada encantador. Fue la primera vez que se publicó la pregunta «¿Dónde está Santiago?», que luego se convertiría en el eje del reclamo de la sociedad.
A fines de junio último, el fiscal subrogante de Esquel que reemplazó a Silvina Avila, Federico Baquioni Zingaretti pidió investigar las irregularidades del procedimiento represivo de la Gendarmería. ¿Y a quién se lo pidió? Al juez Lleral. El mismo que sostuvo en su dictamen poco menos que Santiago se había ahogado solo como si estuviese paseando en pleno invierno cordillerano por la costa de un río congelado.

Cadena de complicidades.
El 7 de agosto del año 2020 la ministra Sabina Frederic ordenó una investigación interna en torno a los efectivos que actuaron en la represión de 2017. «Esa investigación disciplinaria era una deuda con la sociedad argentina, con la familia Maldonado, pero también con la propia fuerza, porque la actuación de Gendarmería en ese contexto fue a todas luces innecesaria, desmedida, sin contar con los recursos y la capacidad del personal que allí se estaba desempeñando», sostuvo la funcionaria en una videoconferencia con los legisladores de la Comisión de Seguridad Interior del Congreso.
Dos jueces que no investigaron el rol de la Gendarmería en la muerte de Santiago Maldonado. El segundo juez estaba en la agenda de Nieto. Una fiscal cómplice de la fuerza federal sospechada. Una administración estatal que trató a los pueblos originarios de la Patagonia como «terroristas», «separatistas» y «financiados por Inglaterra». La peor lapidación pública de la víctima y de su familia con una cantidad odiosa de mentiras publicadas en la cadena de medios hegemónicos. Dos camaristas que negaron los recursos legales a las querellas y que iban a jugar al tenis con Macri en la Quinta de Olivos. ¿Qué podría ser peor? (Extractado de Nuestras Voces).