sábado, 19 septiembre 2020
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Verbitsky: Cuatro días de tensión e innecesario desgaste político

LOCOMIA

Sin sindicato, con Asuntos Internos desactivada y con el aumento que se esperaba en marzo y se postergó, sólo Berni ignoraba lo que podría suceder, seguro de que, donde él está, reina el orden.
Por Horacio Verbitsky
El sábado 5, el gobierno nacional informó al de la provincia de Buenos Aires que se estaba difundiendo por redes sociales la retención de tareas por parte de efectivos de la policía provincial para el lunes 7. A primera hora de ese día, la gobernación agradeció e informó que todo estaba tranquilo. Desde la Nación aclararon que la hora fijada para el reclamo era recién al mediodía. El ministro de Seguridad Sergio Berni dijo que estaba en eso.
Simultáneamente, en la quinta de Olivos se supo de reclamos similares en Misiones, La Rioja y El Chaco. En los tres casos, el Presidente Alberto Fernández le indicó al Ministro del Interior Wado de Pedro que actuara de inmediato, girando los fondos necesarios para mejorar los salarios policiales. No era muy complicado, ya que entre esas tres provincias tienen 2,5 millones de habitantes, siete veces menos que Buenos Aires. También los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, firmaron aumentos para sus policías, mientras la solución se dilataba en Buenos Aires.
Fue aportada por el Presidente, al anunciar el miércoles que la Nación enviaría los fondos necesarios a La Plata. Esto permitió al gobernador Axel Kicillof comunicar el jueves que cumpliría el viejo anhelo de la fuerza provincial, de equipararse con la Policía Federal, que es la institución federal de seguridad mejor paga, con lo cual desescaló el conflicto.
Pero antes pasaron cuatro días de tensión creciente e innecesario desgaste político. La CGT, el Partido Justicialista, la CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, entidades de pequeñas empresas, diversos movimientos sociales repudiaron la intimidación sobre la residencia presidencial. Hasta el bloque de diputados porteños de la UCR y el presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, se pronunciaron contra este acto de prepotencia inadmisible. Ni una palabra emitieron las cámaras patronales, lo cual puede considerarse un progreso ya que esta vez al menos no alentaron la sedición, como en 1976 y 1987.
Algunos pequeños grupos militantes marcharon sobre Olivos, nada hubiera sido mejor para completar la provocación que una refriega a las puertas de la sede gubernativa. El teorema de Baglini explica casi todo. Pero el Presidente pidió que no lo hicieran y un alto jefe de la Policía Federal habló con el jefe bonaerense de Vicente López, de modo que a la hora de llegada de los autoconvocados, el piquete policial se había reducido a unos pocos efectivos. Otros entusiastas sugerían en las redes sociales convocar a la Gendarmería para sacarlos de allí, pero del lado de adentro del muro de ladrillo nadie tuvo esa fantasía. No todo fue locura en esas horas exasperadas. Hugo Yasky dijo luego en una entrevista con El Destape Radio, que si algo semejante volvía a producirse y hubiera algún riesgo real para la democracia, cientos de miles de trabajadores saldrían a las calles a defender a su gobierno.
Muchas cosas quedan por esclarecer:
– Si se trató apenas de una reivindicación salarial o enmascaró un proyecto de desestabilización institucional;
– Si guarda alguna relación con el flash psicótico que dijo haber padecido el ex senador Eduardo Duhalde cuando se vio rodeado por animales sueltos;
– Si fue un movimiento único o la coincidencia en el tiempo y el espacio de varios grupos de distinta conformación y objetivos;
– Si estaban coordinados entre ellos o sólo hubo un aprovechamiento recíproco;
– Si corresponde aplicar sanciones y en tal caso cuáles, a quienes y por qué vía;
– Si se subestimaron indicios de que algo grande se estaba preparando y de quién es la responsabilidad;
– Si el combustible mediático que propagó el incendio preanuncia un endurecimiento en la operación de acoso y derribo de un gobierno que replicó a presiones anteriores con la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación;
– Si la pacificación policial con recursos recuperados de la Capital no tornará más complejas las relaciones políticas entre oficialismo y oposición.

Los 14 puntos.
Todo eso deberá ser pasado en limpio, para afinar una lectura correcta de lo sucedido en la jornada más vertiginosa del año ’20. Lo que no admite interpretaciones divergentes es que el petitorio entregado por los policías alborotadores al gobernador Axel Kicillof constituye una base razonable para un diálogo institucional que afiance una reforma policial imprescindible. En su contenido no hay nada incompatible con el sistema democrático y eso también fue visible en el tono firme pero calmo del gobernador.
El primer punto descartaba sanciones «para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas realizadas». Pero, ¿puede considerase pacífica la convergencia de patrulleros y su personal armado sobre la residencia presidencial de Olivos, con armas a la vista y sirenas al aire? Si la respuesta fuera negativa, ¿sería razonable disciplinar al personal de baja jerarquía que predominó en esa instancia, al locomía de la bandera y no a los mandos que recién aparecieron cuando llegó la hora de levantar la concentración en otros puntos del Conurbano?
Los puntos 2 a 6 contenían reclamos salariales: aumentos diferenciados para los distintos escalafones, mejora en el pago por hora de compensación de recargo de servicio y del servicio de policía adicional, e incremento de la asignación por compra y mantenimiento del uniforme y equipo de trabajo. Los aumentos dispuestos por el gobierno provincial en algunos casos están por debajo de lo reclamado y en otros por encima, como respecto de los uniformes: pedían 3.800 y Axel anunció 5.000 pesos por mes. La equiparación con las remuneraciones de la Policía Federal satisface una apetencia histórica de los bonaerenses. Tanto que, luego del anuncio, hubo temor de que los patanegra terminaran por encima de los federicos, igualados en el básico pero con el adicional por uniforme para desequilibrar. Esto a su vez podría encender una cadena de exigencias de las demás fuerzas federales. Aun sin ese desfasaje, la probabilidad de reclamos en cascada de otros servidores estatales es previsible: ¿por qué las otras profesiones esenciales deberían contentarse con menos? Esto supone un riesgo y una oportunidad. Todos esas reivindicaciones son justas, la cuestión es cómo financiarlas. Lo sabe el gobierno y también la AEA, que se miran de reojo.
Los puntos 7 a 14 del petitorio son un buen punto de partida para el análisis de cómo crear una policía distinta:
– Derecho a la vivienda digna. Planes de vivienda para el personal policial.
– No obligatoriedad de la obra social IOMA.
– Democratización de las fuerzas.
– Derecho a la sindicalización.
– Móviles en condiciones para realizar nuestro servicio.
– Capacitación y re-entrenamiento permanente.
– Asistencia psicológica.
– Basta de represalias (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento).
Parte de esa agenda ya formaba parte del plan anunciado el viernes anterior por los gobiernos nacional y provincial, con una inversión de 38.000 millones de pesos, lo cual debería facilitar los acuerdos.

El pliego de reclamos.
En un video, un vocero policial lee el pliego de reclamos. Pero no se grabó ahora sino en 1988, cuando el jefe de gabinete federal Santiago Cafiero tenía 9 añitos, su abuelo Antonio era el gobernador y Luis Brunatti su ministro de Gobierno. Entonces no eran 14 puntos sino 11, pero giraban en torno de las mismas reivindicaciones salariales, profesionales y de bienestar del personal. Igual que ahora se mezclaba personal de uniforme y de civil, acompañado por sus esposas.
Ese fue el año en que el Presidente Raúl Alfonsín negoció que la provincia de Buenos Aires cediera puntos de coparticipación a la liga de gobernadores peronistas, que amenazaban con los fantasmas de Estanislao López, Pancho Ramírez y Facundo Quiroga atando sus caballos en la Plaza Mayor. En esta edición, el equipo de tributaristas de la Universidad Nacional de General San Martín describe en detalle ese proceso, cuyas consecuencias se sienten hasta ahora, y cada día con más fuerza. Tiene toda la razón Axel cuando señala que se trata de un problema estructural, agravado en los últimos cuatro años por un gobierno que relegó los ingresos de la tropa policial por detrás de los de otros empleados estatales, lo cual no es decir poco.
El investigador de la Universidad Nacional de La Plata Santiago Galar estudió todas las protestas policiales ocurridas en la provincia de Buenos Aires entre 2008 y 2017. Estas son algunos de sus hallazgos, publicados en el Anuario de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa:
– «Los actores aparecen atravesados por una doble pertenencia, en tantos miembros de una sociedad democrática que otorga derechos a sus ciudadanos y en tanto miembros de una institución jerárquica que dispone desigualdades. Esta doble filiación habilita tensiones en los actores que se expresan a la hora de plantear demandas en el espacio público».
– «Los/as policías, en este sentido, enfrentan un importante grado de precariedad: jornada laboral completa indefinida, sobrecarga horaria compulsiva, riesgo de vida, ausencia de días de descanso, regímenes disciplinarios poco claros, horarios rotativos, falta de contención y exposición a altos niveles de stress».
– «Se generaliza la tendencia a concebir a la acción policial como un servicio o estado, antes que un trabajo que impone una desproporcionada carga horaria y una evidente precariedad laboral».
– «Si bien es destacable la participación de agentes en actividad, es usual que los reclamos sean encabezados por familiares de los/as agentes, en particular por sus esposas. Incluso las protestas de 2013, aquellas que más visiblemente involucraron a uniformados/as, comenzaron con familiares impidiendo la salida de móviles de la dependencia de La Plata».
– «En la concentración de 2009, la convocatoria incluyó cadenas de mails y mensajes de texto de celulares. Por su parte, los más recientes reclamos que relevamos, derivaciones del incendio en la comisaría de Pergamino, fueron convocados por Facebook, Twitter y audios de WhatsApp»
– «Destacamos el carácter anónimo de estas convocatorias en circulación como un elemento común asociado a la prohibición de protestar en la vía pública que recae sobre los/as agentes».
– «Emerge recurrentemente en los discursos la idea del cansancio, el hartazgo o la falta de respuestas, como justificaciones al reclamo público».
– «El carácter horizontal de las redes tendidas para la convocatoria, el ‘cansancio’ como motor de la acción colectiva y la ‘espontaneidad’ del reclamo, según nuestra interpretación, constituyen elementos que plantean diferenciaciones con la acción ‘política’, caracterizada por vastos sectores sociales como ‘corrupta’ e ‘interesada'»
– «Los/as agentes policiales se reconocen como miembros de una sociedad que se entiende democrática, en la cual se consolidó paulatinamente un discurso que apela a la ampliación del acceso a derechos».
– «El cruce entre condiciones laborales particularmente adversas y la imposibilidad de reclamar por fuera de la línea de autoridad de la institución. Los reclamos poseen disparadores concretos pero son rápidamente dotados de significados más amplios, asentados particularmente en la necesidad de mejorar las condiciones en las cuales los/as policías realizan su trabajo».

Desde el helicóptero
Este es el trasfondo estructural de lo sucedido. En ese contexto, el ministro de Seguridad no vio venir la erupción, a pesar del aviso recibido del gobierno nacional, porque su corazón y su mente están puestos en la carrera política personal para la que su cargo es el trampolín. La semana pasada publicamos alguno de los spots con los que intenta construir el personaje de Superberni, que da vergüenza ajena. Además está pintando paredones de la tercera sección electoral postulándose como presidente del Partido Justicialista. Él mismo ha dicho que no ha decidido si del Provincial o del Nacional. Pero no lo consultó con ninguno de sus dirigentes, ni siquiera aquellos con una letra K en su apellido, que no aman el paracaidismo.
Berni es cirujano, pero desearía ser militar. Como su adscripción al cuerpo profesional del Ejército terminó hace tres lustros, juega al milico con la policía. En 2015, cuando Agustín Rossi asumió por primera vez como Ministro de Defensa, Berni le pidió que lo ascendiera a general. Rossi, que todavía usaba la barba epónima, le mandó preguntar si sabía de dónde colgaba Caperucita su cestita.
Desde el helicóptero es difícil enterarse lo que ocurre en las comisarías. Y si cuando toca tierra le grita a la tropa que no hay lugar para los tibios como si fueran reclutas de un Ejército antiguo, no del que existe en el presente, que tiende a la idea del ciudadano soldado, se comprende el porqué de su sorpresa ante lo que se desencadenó.
Cuando todo hubo concluido, volvió a jactarse en la televisión: «Claro que sabíamos que iba a pasar esto, lo veníamos calculando hace dos o tres meses» (sic). Labia no le falta.
Las empresas afectadas por el decreto regulador que erizó a la Asociación Empresaria (AEA), viralizaron con fruición el malestar policial en las pantallas de sus televisoras. Berni también se negó a conversar con quienes acampaban cerca de sus oficinas, porque dijo que estaban cometiendo un delito. Pero en tal caso, ¿por qué fueron a intentar ese diálogo los subsecretarios de Participación Ciudadana, Pablo Fernández, y de Formación y Desarrollo Profesional, Javier Alonso? El bajo nivel de esa representación salvó la formalidad de que no se negocia con sediciosos pero no contribuyó a avanzar en un entendimiento. Del otro lado, la inorganicidad del tumulto tampoco ayudó. Cuando Alberto Fernández invitó a tres representantes a ingresar a la residencia para conversar con él, nadie se animó. Un retirado dijo una guarangada, pero los policías en actividad no es que desairaran al presidente, temían ser identificados y castigados. En este momento se apreció la perversidad de un sistema por el cual la representación recae en marginales y corruptos.
No había jefes, porque es inconcebible el reconocimiento de un caudillismo policial, al estilo del que ejerció Aldo Rico ante Alfonsín en aquella Semana Santa. Pero delegados tampoco, por el persistente rechazo a la creación de un sindicato, como los que existen en los países desarrollados y que permiten canalizar reclamos laborales sin afectar la prestación del servicio. Un ejemplo es el sindicato policial en España. Sólo Elena Highton y Juan Carlos Maqueda lo entendieron así cuando el tema llegó a la Corte Suprema, si bien marcaron que la agremiación no podría incluir el derecho de huelga, pero Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz refrendaron esa idea de la autoridad que consiste en negar los hechos. Como los sindicatos policiales no están permitidos, se organizan en forma clandestina, con predominio de retirados y exonerados.
Un columnista del Cohete reflexiona sobre lo que muestra el conflicto. «Por un lado, hay una ficción de la política y la sociedad respecto de la Bonaerense. Se le dan armas, territorio, tropa y autoridad a un comisario sin formación terciaria que gana 1.500 dólares. ¿No es obvio que, salvo que haya una autoridad de mando casi carismática, se va a financiar solo? La clase media alta prefiere otra ficción: pagar la Seguridad Privada, que no es otra cosa que uno de los negocios semi-legales de la misma Bonaerense. Hace mucho vi un estudio sobre el sueldo promedio de la Seguridad Privada: era inferior a la hora del personal doméstico. Por otro lado, se acentúa la proletarización de la tropa (como antes de los maestros, con características diferentes; y de a poco el personal de salud). En el Conurbano el suboficial de policía, el ladrón y el docente viven en el mismo barrio. Son la misma clase social. Una sociedad que reparte así no es meritocrática: es suicida».
Los voceros oficiosos no tienen nada para perder y tienden a elevar el conflicto a los extremos. Esto incluye a retirados de distintas épocas, algunos de ellos exonerados por faltas graves o delitos, que intentan conservar influencia sobre la fuerza y que a menudo son la polea de transmisión de las peores prácticas institucionales, además de militantes embozados o abiertos del PRO. En este caso también incidieron varios miles de sumariados por la Auditoría de Asuntos Internos.
La Auditoría es un órgano de control con funcionamiento independiente, sin superiores en la estructura institucional, que molesta a la alianza corrupta entre policías, jueces y fiscales. En los últimos años se practicaron severos controles patrimoniales e incluso toxicológicos. Un número de los 30.000 sumariados están suspendidos en sus funciones pero con goce de sueldo, en una especie de limbo mientras no termine el procedimiento por el cual sean sancionados o absueltos. Sería asombroso que muchos no se montaran en la ola reivindicativa de los más jóvenes, pugnando por la anulación de sus sumarios. Esto no es fácil, aunque Berni se lo proponga. La Auditoría investiga tanto faltas menores (abandonos de servicio, pérdida de un arma, faltas a los superiores) cuanto graves, como vejámenes o torturas en los calabozos. En cada caso se debe instruir un sumario, con una serie de pasos reglados en la ley 13204/04 y el decreto reglamentario 1050/06, ambos de la gestión de Felipe Solá, que fue el menos peor de los gobernadores del último cuarto de siglo, de modo que intervienen instructores, secretarios, auditores sumariales, abogados defensores, la secretaría legal y técnica y la defensoría oficial del ministerio, con apelación al ministro y eventual revisión judicial, lo cual minimiza los márgenes de discrecionalidad. Tal como hizo cuando fue secretario de Seguridad de la Nación, Berni paralizó esos procedimientos, con la errónea idea de que daban una mala imagen de la policía, reincorporó a unos 400 funcionarios separados de la actividad y no actualizó el registro de exonerados, de modo que no hay forma de conocer la situación de cada efectivo.
Una pregunta que se reiteró en estos días es por qué los policías no protestaron durante el gobierno del Hada Buena, con cuya gestión los salarios policiales perdieron nada menos que un 30% contra la inflación. En realidad, sí lo hicieron, en 2017, cuando el jefe era Pablo Bressi, y en 2018, con Fabián Perroni. Pero Asuntos Internos en algunos casos, y el ex ministro Cristian Ritondo en otros, se anticiparon a buscar la solución antes de que la rebeldía se propagara de una unidad a otra. Sin sindicato, con Asuntos Internos desactivada y con el aumento que se esperaba en marzo y se postergó, sólo Berni ignoraba lo que podría suceder, seguro de que, donde él está, reina el orden.

Precisiones
El viernes dije en Habrá consecuencias que Berni no era el candidato de Axel, pero que lo designó una vez que un especialista en seguridad rechazara el cargo. Me retracto: no hubo ofrecimiento del gobernador, sino sondeo de su jefe de gabinete, Carlos Bianco, y el candidato dijo que no estaba disponible. Es muy distinto, ¿no?
Quien sí tiene candidatos para reemplazar a Berni es el Grupo Clarín. El viernes mencionó cuatro:
– La politóloga Cecilia Rodríguez, jefa de gabinete del ministerio de Seguridad de la Nación, del que fue titular entre 2013 y 2015, con Berni como conflictivo secretario.
– El abogado Martín Arias Duval, subsecretario de Seguridad en las dos gestiones de Carlos Arslanián en la provincia de Buenos Aires, y Director de Migraciones durante las dos presidencias de Cristina.
– El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
– El sindicalista del seguro e intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.
Cecilia Rodríguez es una pieza fundamental en el equipo del Ministerio de Seguridad Federal, que conduce Sabina Frederic. Arias Duval declinó un ofrecimiento del Presidente Fernández para conducir una fuerza de seguridad federal, porque cree haber cumplido ya con su deber de servicio y prefiere dedicarse al estudio jurídico que comparte con Arslanián. Además de encabezar uno de los principales municipios de la provincia, donde ha hecho un trabajo encomiable, el ingeniero Ferraresi acompaña como vicepresidente a Cristina en el Instituto Patria. Es improbable que cualquiera de ellos esté en disponibilidad para mudarse a La Plata.
Descalzo, quien lleva 25 años al frente del municipio de Ituzaingó, no tiene reelección y cuenta con la simpatía de otros intendentes. Fuera del registro de Clarín, porque no lo sabe o porque pretende cuidarlo, también se anota el ex ministro entre 2013 y 2015, Alejandro Granados. Barón del señorío de Ezeiza y propietario del asador El Mangrullo, construido sobre terrenos fiscales intrusados, tiene como asesor al ex jefe de la bonaerense durante seis años, Hugo Matzkin, quien, a su vez, mantiene diálogo con el subjefe actual, Jorge Oscar Figini, ex superintendente de Institutos de Formación Policial y el representante en la cúpula de la Mejor Maldita Policía del Mundo.
Pero no hay indicios de que el gobernador piense en modificar su gabinete. Kicillof está agradecido por la guardia de la infantería bonaerense que el ministro dispuso sobre su residencia, cuando medio centenar de manifestantes sin uniforme amenazaban con tomarla en la noche del lunes, madrugada del martes, y es comprensible que tiemble de sólo pensar qué podría haber ocurrido con un ministro ungido en la calle Tacuarí. Pero la iniciativa de ese despliegue también partió del gobierno nacional, cuando Berni pedía la presencia de fuerzas federales, uno de los tantos desastres que las actitudes sensatas del otro lado de la frontera evitaron. Los federales se acercaron en forma discreta, como previsión, pero no se hicieron ver y bastó con la presencia de la infantería negra. Máximo Kirchner le aconsejó al gobernador que no sacara a su familia de la residencia, que en ese caso sí podría haber sido invadida.
A diferencia de casos anteriores, que abundan y de los que no se salvó ningún gobierno, esta vez participó un alto número de jóvenes con escasa inserción en la estructura institucional, reclutados en los barrios para las policías locales que creó Daniel Scioli, sin escalafón ni posibilidad de ascenso, en un limbo organizativo que no modificaron ni Ritondo ni Berni. El actual ministro los colocó junto con los comandos de patrulla en las nuevas Estaciones de Policía, en medio de un tironeo con los intendentes. Pero no modificó el horizonte profesional de Los pitufos, como se los bautizó por los uniformes celestes con que los vistió en 2018 otro personaje de ficción, el Hada Buena. Hasta una cumbia algo irónica cosecharon, antes de que Ritondo les cambiara los uniformes por otros, azul policía.

Otro a la Corte.
En su mensaje del miércoles, Fernández dijo que el fondo de financiamiento para la provincia de Buenos Aires se formaría con el dinero de más que Macrì transfirió en 2016 a la Ciudad de Buenos Aires para pagar el traspaso de la dirección de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Tanto el ministro del Interior Wado de Pedro como su predecesor Rogelio Frigerio, dijeron que Macrì había transferido a la Ciudad más fondos que los correspondientes. Frigerio lo atribuyó a un error por el apuro de hacer demasiadas cosas en los primeros días de gobierno. Lo rectificó ahora Alberto. De Pedro dijo que los recursos transferidos por Macrì a la Ciudad duplicaron el costo de la incorporación policial.
Horacio Rodríguez Larreta dirá ante la Corte Suprema de Justicia que ese decreto es inconstitucional. Entonces también lo habría sido aquel de Macrì, le replicó De Pedro, cuya aparición como vocero en un breve spot oficial tiende a cubrir la función que en otros gobiernos cumplieron Carlos Corach y Aníbal Fernández, de ordenar la agenda y ahorrarle al Presidente el desgaste de ser cada día su propio vocero. También se hizo oír el diputado Kirchner: «Engordaron a la ciudad más rica del país en detrimento del resto y nadie habló de la constitucionalidad del decreto, era tan grosero que después la bajaron un poquito. Ahora, cuando el Presidente Alberto Fernández quiere redistribuir es inconstitucional». Horas antes, Alberto había anunciado inversiones por más de 30.000 millones de pesos en Buenos Arires y otras cuatro provincias: Tucumán, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Fe, con un mensaje federal sobre la redistribución de los recursos que abundan en la CABA, «para aquellos que los están necesitando» en el resto del país. Todos los gobernadores justicialistas había respaldado lo decidido, con la solitaria excepción del cordobés Juan Schiaretti quien, de todos modos, repudió el despliegue armado sobre la residencia presidencial. De Pedro retomó lo que ya había dicho el Presidente respecto del diálogo con Rodríguez Larreta sobre esa transferencia. Desde comienzos de año analizaron con el jefe de gobierno de la Ciudad el monto que tenía que devolver. El Poder Ejecutivo los recibiría. La única novedad actual es que no irán al Tesoro Nacional sino al bonaerense. Tanto el alcalde porteño como el presidente dijeron que el diálogo no se rompería entre ambas administraciones.
Medir en puntos de coparticipación los recursos que dejarán de girarse a la Capital Federal es una ficción narrativa, porque esos fondos tuvieron el único justificativo de acompañar la transferencia policial. Es previsible que la Corte tome el caso, pero no que lo resuelva en favor de la Ciudad. En abril del año pasado, sólo Elena Highton dijo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un status distinto al de las provincias y que, por lo tanto, no tiene el derecho de acceder a la competencia originaria, que la Constitución solo le reconoce a las provincias. Los Constituyentes de 1994 no concibieron a la Ciudad como una provincia ni a su autonomía con el mismo alcance que la de aquellas, agregó. En cambio, el cupo masculino del tribunal (Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) dibujó una provincialización de la Ciudad que no está en el texto de la Constitución.
Que la coparticipación debe disponerse por ley es una obviedad. Pero la Constitución de Olivos ordenó que esa ley se sancionara en 1996 y eso aún no ha ocurrido, ni ocurrirá jamás, ya que se trata de una ley convenio y basta que una provincia no la apruebe para que resulte inválida. Como explicó aquí en enero Enrique Hidalgo, la ley de 1988 sobre la coparticipación sólo dice que la Nación debe entregarle a la Ciudad no menos de lo que le transfirió en 1987. Mientras ese recaudo se cumpla, no hay demasiado que discutir. La pregunta es cuánto tardará un tribunal tan supremo que hasta sus propios plazos fija, en calcular el valor presente de lo transferido hace 33 años.
Si esto tiene algún componente jurídico, es sólo nominal.