Demasiadas niñas víctimas de abusos, sin protección

Dos casos recientes en Salta y Mendoza revelan la perversión de una sociedad patriarcal que dice defender la "vida" pero condena a niñas a una maternidad forzada y fruto del abuso.
IRINA SANTESTEBAN
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el 16 por ciento de los nacimientos en nuestro país corresponden a madres adolescentes de entre 15 y 19 años, entre ellos 3.000 son de niñas de entre 10 a 13 años. El 70% de esas madres no planearon ese embarazo, y una cantidad no especificada proviene de abusos y violaciones, casi siempre en el ámbito intrafamiliar.

Desprotección.
El caso de la niña de 10 años que provocó un escándalo en Salta forzó al gobernador Juan Manuel Urtubey a adherir al Protocolo para Abortos No Punibles de 2015. Este no se cumple en 9 provincias argentinas, revelando la falta de protección a las mujeres por parte de los Estados provinciales.
Según relata la periodista Mariana Carvajal (Página/12, 27/05), la madre de la niña la llevó al hospital en dos oportunidades, en febrero y marzo, porque presentaba fuertes dolores de estómago. Sin embargo, nadie detectó el embarazo, sino hasta mayo, cuando la niña ya cursaba el quinto mes.
A la pésima atención médica recibida, se suma la intervención judicial, a través de la defensora de Incapaces, Patricia Gómez, quien anunció que la niña y su madre habían firmado el consentimiento para continuar con el embarazo. Dos días después de conocido el caso, Urtubey firmó el decreto cambiando uno suyo anterior, que sólo permitía el aborto en caso de violación hasta la semana 12 de gestación.
Al enorme sufrimiento de esa niña de sólo 10 años, que debió padecer el abuso y la violación de un hombre -pareja de su madre-, se le suma una maternidad forzada, que perpetúa ese padecimiento. Ello se habría evitado si el sistema de salud hubiera detectado su embarazo a tiempo y si en Salta se aplicara el protocolo que el gobernador se apresuró a poner en vigencia, luego del escándalo.
Salta es una provincia con demasiados casos de abusos infantiles hacia las niñas, al amparo de una sociedad patriarcal y con predominio de la religión católica. El año pasado, dos madres llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia para defender su reclamo de que no se imparta educación religiosa en las escuelas del Estado.
El año pasado, en Rosario de la Frontera, una adolescente de 15 años se provocó un aborto con un palo, con graves lesiones, para terminar con el embarazo. Fruto de esa influencia religiosa, la Educación Sexual Integral (ESI) es resistida en Salta, en muchas escuelas del interior y también de la ciudad de Buenos Aires.
Hace dos años, una niña wichi de 12 años, fue violada por 8 hombres en Alto de la Sierra, y quedó embarazada. Cuando se conoció el caso, la niña ya estaba cursando el sexto mes de embarazo, y el fiscal denunció que no se la atendió conforme el protocolo de salud para los casos de violación, que incluye un tratamiento antiséptico contra enfermedades de transmisión sexual y la píldora del día después, para evitar el embarazo. Tampoco se asesoró a sus padres para que la niña abortara antes de las 12 semanas de gestación, tal como lo disponía el decreto anterior de Urtubey.
A los pocos días del caso de Salta, hubo otro similar en Mendoza, donde una maestra denunció el caso de una alumna suya de 11 años, abusada por su padrastro y embarazada. La niña fue entregada con sus hermanos a sus abuelos, en una situación de pobreza extrema y con otros niños a cargo, y también habría manifestado su "decisión" de continuar el embarazo.

Es el patriarcado.
Demasiados casos de abusos intrafamiliares para no darnos cuenta que hay un sistema que lo sostiene y lo oculta. Niñas abusadas por varones de su propio ámbito familiar, que consideran que el cuerpo de esas niñas les pertenece para la satisfacción de sus propios deseos, sin importar el sufrimiento que causan. Dolorosos ejemplos que deberían servir de lección para aquellos (y aquellas también) que consideran "exagerada" la lucha de las mujeres para erradicar el sistema patriarcal y el machismo, tan arraigados en nuestra sociedad.
Niñas a quienes la familia, la sociedad, la escuela, el hospital y el Estado, que deberían protegerlas, las han dejado solas, y frente al brutal ataque a su inocencia e integridad sexual, a la hora de mitigar sus consecuencias -un embarazo- tampoco están presentes.
El Poder Judicial se lava las manos cuando se escuda en la "decisión" supuestamente adoptada por la niña, de continuar con el embarazo, en medio de una situación de vulnerabilidad por haber sido víctima de un delito. Para el Código Civil y Comercial de la Nación, un niño o una niña de 10 años no tienen la capacidad para ese tipo de decisiones.

Por el aborto legal.
A pocos días del debate legislativo que definirá si el aborto será legal en Argentina, es necesario que se tome conciencia que la ley por sí sola, aún siendo un indudable avance, no resolverá todas las situaciones. La falta de aplicación del Protocolo de Abortos No Punibles, en 9 provincias, prueba que aun contando con la ley, si el Estado y los demás actores no cumplen con el mandato legal, será letra muerta.
Educación sexual integral, políticas públicas de prevención con entrega gratuita de anticonceptivos y métodos al alcance de todas las mujeres, servicios de salud que practiquen los abortos sin permitir que las "objeciones de conciencia" atenten contra su plena vigencia, esa será la tarea si el aborto legal se aprueba.
Y si no se logra, habrá que redoblar esfuerzos para que el protocolo se aplique en todo el territorio, sin depender de la voluntad de un gobernador o un juez. El fallo de la Corte Suprema tiene ya seis años y tiene que aplicarse.
El domingo pasado, una votación sin precedentes en Irlanda, país muy católico, tuvo un plebiscito donde el 68% de los que votaron se pronunciaron a favor de la derogación de la octava enmienda constitucional que prohíbe el aborto en todos los casos, salvo cuando esté en peligro la vida o la salud de la madre. Si Irlanda pudo, ¿por qué Argentina no?