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Demasiado difuso para ser constitucional

EL PODER SUPREMO DE LOS JUECES

Cualquier juez de cualquier pueblo de cualquier provincia del país puede tornar inservible una ley mediante una prerrogativa que oscurece al sistema democrático.
JOSE ALBARRACIN
Si alguna vez el lector se ha preguntado por qué tanta obsesión de los sectores conservadores por nombrar a «gente como uno» en los cargos judiciales, no tiene más que observar con un poco de detenimiento lo que está ocurriendo en el país desde la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El espectáculo recuerda a la triste novela que debimos presenciar cuando un grupo monopólico de prensa decidió desobedecer la llamada Ley de Medios Audiovisuales, impidiendo su aplicación concreta durante años, hasta que un gobierno «pro-negocios» la neutralizó.

Trabajo.
La sanción de una ley de la envergadura de la IVE (como en su momento, de la Ley de Medios), implica un trabajo enorme. Sólo hasta el momento de la presentación del proyecto que se va a tratar, suelen mediar décadas de estudio, investigaciones y movilizaciones sociales. Durante la labor parlamentaria intervienen centenas de personas: 72 senadores, 257 diputados, más sus asesores, más los expertos que son llamados a opinar en las comisiones legislativas.
Es una cantidad impresionante de «horas hombre» (ya debiéramos cambiar esa expresión para incluir a las mujeres) de trabajo, para que al poco tiempo de sancionarse la ley, venga un juez con sede en Guanaco Boleado y en media mañana dicte una medida cautelar que impida la vigencia de la nueva ley en todo el país. Sea dicho esto con el mayor respeto por los habitantes de ese pintoresco pueblo de Traslasierra, Córdoba.
Hay algo escandalosamente injusto y desproporcionado en el poder que ejercen los jueces en estos casos. No hay modo de que una sola persona pueda arrogarse mayor conocimiento o sabiduría que los miles que han trabajado para impulsar una ley nueva que represente los cambios sociales contemporáneos. Y no se trata sólo de saberes, sino también de legitimidad: porque a los legisladores los eligió el pueblo, mientras que a los jueces (vitalicios, inamovibles, exentos de pagar Ganancias) los elige una elite.
Desde luego, el Congreso no es infalible. Pero al menos, sus miembros responden ante el electorado periódicamente, y ese control ciudadano directo hace que necesariamente deban contemplar el interés general por encima del de las grandes corporaciones, tanto económicas como «espirituales».

Difuso.
Este problema se da porque en nuestro país existe un sistema denominado «control difuso de constitucionalidad», por el cual cualquier juez, aún sin mediar el pedido de una parte, y dentro de su área de competencia (en el mejor de los casos) puede fulminar una ley decretando su inconstitucionalidad. O puede dictar una medida cautelar «provisoria» que tenga el mismo efecto, y que por obra y gracia de la insoportable lentitud judicial, termine durando años.
La idea de que cualquier juez está capacitado para resolver acerca de cuándo una ley violenta la Constitución es un despropósito. Los jueces -y los abogados en general- se especializan en determinadas ramas dentro del derecho, sea civil, de familia, penal, administrativo, laboral… Hasta los concursos y quiebras tienen especialistas. Esto es porque la evolución jurídica ha hecho imposible que una sola persona pueda conocer y dominar con precisión la totalidad de las leyes.
Desde esta perspectiva, la idea de que el derecho constitucional no requiera de una especialización es sencillamente insostenible. Se trata tan luego de la parte troncal de todo el andamiaje jurídico, y por ende requiere un conocimiento no sólo de la norma constitucional -y de los tratados internacionales- sino también de filosofía, de lógica, y, en la medida en que necesariamente se debe consultar jurisprudencia extranjera, conocer idiomas resulta casi insoslayable.

Transparencia.
Y no se trata sólo de un problema de idoneidad, de conocimientos, de legitimidad social, o de mentalidad pueblerina: es peligroso otorgarle semejante poder a un funcionario no electivo, que goza de estabilidad en su cargo, por cuanto es mucho más fácil influirlo y hasta corromperlo. Si ello ha ocurrido con la alevosa partidización de buena parte de los tribunales federales porteños, qué dejamos para nuestro triste magistrado de Guanaco Boleado.
El daño que genera este sistema es enorme: la sociedad, que vota a sus representantes para que actualicen la legislación al ritmo de sus propios cambios culturales, no puede ser asfixiada por las mentalidades retrógradas -ni mucho menos, por las corruptelas- de unos pocos jueces extraviados.
Otros países han resuelto la cuestión de otra manera. En primer lugar, acotando claramente en qué casos se produce un conflicto de nivel constitucional. Y, para seguir, creando tribunales de alta jerarquía, especializados en cuestiones de este tipo. En momentos en que se debate la necesidad de una reforma judicial -los bajos índices de satisfacción ciudadana con la performance de los jueces no pueden ser más claros al respecto- bien podría explorarse esta idea, para cuya concreción incluso podría no ser necesaria una reforma constitucional.
Se lograría así neutralizar un sistema mediante el cual los sectores retrógrados impiden el progreso social, y garantizan su acumulación de poder y riqueza. Siempre podrán, sin embargo, entronizar algún gobierno afín que borre leyes de un plumazo. Pero ese es otro tipo de guanacos.