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Demasiado grave para dejar pasar

Que seis escuelas de una localidad suspendan las clases porque en las cercanías se estaba fumigando con agrotóxicos es un caso sin precedentes en nuestra provincia. Y debería merecer la atención del Estado provincial y municipal con la energía que un hecho de tanta gravedad requiere.
Esta vez el uso peligroso de un potente herbicida tuvo lugar en Intendente Alvear y los que violaron la ley provincial esparciendo al aire el producto a corta distancia de escuelas y viviendas fueron operarios de la empresa Ferroexpreso Pampeano. Un docente y dirigente de Utelpa que pasaba por el lugar fotografió la escena, hizo la denuncia policial y avisó a las escuelas cuyos directivos procedieron a la evacuación inmediata para no exponer al alumnado a la inhalación de estos compuestos químicos de conocidos efectos nocivos para la salud.
Este hecho ocurrió a pocos días de un episodio similar registrado en Miguel Riglos que tuvo gran repercusión y despertó el enojo de muchos pobladores. Esta reiteración habla a las claras de la falta de conciencia de muchos actores que manipulan estos productos y de la impunidad que sienten al manejarse en colisión con la ley que establece una distancia mínima de 500 metros para pulverizaciones terrestres.
En diálogo con este diario, el docente no ocultó su gran preocupación por la situación que se está viviendo en Intendente Alvear en donde, dijo, hasta las autoridades municipales no están adoptando las medidas en resguardo de la población, incluso conociendo que muchos productores rurales fumigan de noche para violar la restricción espacial sin ser advertidos.
Pero fue más allá y no dudó en expresar que en la localidad es apreciable a simple vista que las muertes por enfermedades tumorales -características de los pueblos fumigados en otras provincias- son muy superiores a la media. Dijo también que el hecho es sabido y preocupa al personal médico aunque los comentarios se expresan en voz baja por temor a la exposición pública.
La gran similitud de esta situación con lo que relataron algunos vecinos de Miguel Riglos no es mera coincidencia. La actividad agropecuaria es en los pueblos pampeanos una fuente de ingresos muy importante para muchos pobladores, tanto en su condición de productores, como de comerciantes o de trabajadores en relación de dependencia. Ese poder económico se traduce, indefectiblemente, en «poder político», de ahí que hasta las propias autoridades municipales no actúan como debieran hacerlo pues, ellas también, sienten temor de enfrentarse con un sector que suele hacer gala de su peso económico.
Esa subordinación se manifiesta en un silencio cómplice: todos ven lo que está pasando pero nadie -o muy pocos- se atreve a levantar la voz. Organizaciones ambientalistas vienen denunciando estos casos desde hace tiempo pero el estado de cosas no se modifica.
Es hora de que el Estado provincial actúe con mayor decisión porque es evidente que la ley que regula las fumigaciones continúa siendo violada. Pero también de que las autoridades municipales se pongan los pantalones largos y cumplan con el compromiso que asumen cuando piden el voto a sus vecinos. Está en juego nada menos que la salud de los pampeanos.