Democratización como proceso sin excepciones

Señor Director:
Hubo debate el pasado jueves, en la Biblioteca Nacional, sobre “Judicialización de la política y politización de la justicia”.
Convocó la agrupación Justicia Legítima, que nuclea a jueces y a personas que coinciden con sus objetivos. Las palabras justicia y legítima no parecen encaminadas a contraponerse. Lo que originó el debate es la existencia de un poder judicial que se aparta de su tarea específica de aplicar lo que está determinado por las leyes vigentes. Dado que las leyes son elaboradas por el poder legislativo, se echa de ver que entre lo político y lo judicial hay una relación y que, como en todo tipo de relación, se debe esperar que surjan diferencias y colisiones. La teoría democrática establece que en el conflicto prevalece la política, porque la fuente de todo poder es el pueblo soberano, que se expresa por el voto y porque la política es la encargada de gestionar el conflicto y encontrar la solución necesaria de conformidad con la teoría democrática.
La cuestión es más compleja que lo expuesto, pero interesa destacar esta relación entre justicia y política para comenzar a entender por qué hay una organización que se denomina como se ha mencionado. El tema no se agota en esto pero permite saber que se plantea un conflicto entre política y legitimidad, como queda expresado al decir que el debate estuvo aplicado al tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia.
En el debate se habló de vínculos de la corporación judicial con poderes concentrados y se dijo que la política se ha judicializado: se acude a la justicia tratando de ponerla de su parte por un sector político que no tiene mayoría y se empeña por evitar la legitimidad de una transformación y ampliación de los derechos; que el sector que tiene mayoría en el Congreso es una molestia para el statu quo judicial; y que Enrique Petracchi, ex magistrado, dijo que “el juez que cree que no tiene ideología es un cangrejo que no sabe que es un crustáceo” porque “hoy ya nadie niega que la realidad se lee a través de la ideología”. Se dijo asimismo que la politización de la justicia se dio a medida que la democracia aumentó sus tensiones con los grupos corporativos, los cuales en los ´90 buscaban resguardar sus privilegios, mientras que en la última década judicializaron la política para frenar los avances de la democracia; que el caso Nisman reveló la existencia de una mafia judicial articulada con la mafia de los servicios de inteligencia, todo al servicio de intereses corporativos que entendieron que era la oportunidad de dar un golpe blando en la Argentina; que miembros de la Corte se pusieron a la cabeza del partido judicial y han producido el patético el proceso anticipado de la reelección del presidente de la Corte, el cual presidente trabaja con los sectores de la oposición que bloquean la integración de la Corte (ahora reducida a tres miembros activos y un cuarto miembro objetado); que es terrible, pero sucede, que el congreso apruebe una ley y un grupo pueda impedir que se aplique mediante un amparo; que ante la ley de ingreso democrático a la justicia no han faltado jueces que dicen “¿cómo no voy a poder nombrar a mi hijo”; que la Corte ha naturalizado para los jueces privilegios tales como la exención del impuesto a las ganancias y el carácter vitalicio de la magistratura; que los jueces tienen un trabajo y no un título nobiliario y que la transformación del poder judicial tiene que llegar desde el sistema político y probablemente de una reforma constitucional.
He tomado expresiones volcadas en el debate. Más allá de temas muy específicos, se hace evidente que se objeta al poder judicial haberse politizado, que sectores políticos de oposición hayan judicializado la política (con amparos) y que operen poderes “corporativos” institucionalizados o no que resisten un cambio encaminado a democratizar la justicia.
Atentamente:
JOTAVE