Denuncian a dos jueces oscuros

Las maniobras de varios jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires durante el macrismo están empezando a tener consecuencias para ellos. La denuncia de un legislador contra el actual titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, y el pedido de juicio político contra el juez del mismo tribunal Eduardo Riggi, dejan al descubierto la forma en que operaban estos magistrados cuando la «mesa judicial» de Cambiemos convirtió a buena parte del Poder Judicial en una sucursal del Ejecutivo.
La denuncia contra Hornos la formuló el diputado rionegrino Martín Soria, quien mostró su nombre en el listado de ingresos a la Casa Rosada el 31 de octubre de 2017, justo dos días antes de que la sala IV del tribunal que integra el juez ratificara el procesamiento y dictara un millonario embargo contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa de la obra pública en Santa Cruz. El legislador se pregunta: «¿Se imaginan a un juez reunido con Alberto Fernández en la Casa Rosada antes de dictar un procesamiento contra Macri? Sería un escándalo», afirma, y no sin razón.
Pero no fue esa la única visita de Hornos a la Casa Rosada, pues hubo otras cuatro: 22 de diciembre de 2015, 5 de mayo y 8 de agosto de 2016, y 16 de noviembre de 2017. Todas ellas coincidieron, temporalmente, con resoluciones de su tribunal vinculadas a causas abiertas contra funcionarios kirchneristas. De ahí la inquietante pregunta que cabe formular: ¿sus fallos tuvieron relación con estas entrevistas? No existe ningún antecedente de este tipo de visitas y, menos todavía, de tanta coincidencia temporal con sentencias.
En tanto, la presentación en el Consejo de la Magistratura contra el juez Riggi se vincula a su sospechoso accionar en la causa que investiga la persecución de Macri y su «mesa judicial» contra los empresarios del Grupo Indalo a quienes encarcelaron y despojaron de algunas de sus compañías. Riggi impidió que la jueza Romilda Servini investigara los llamados telefónicos del expresidente y le pidió el expediente; con resoluciones arbitrarias e inusuales bloqueó el avance de la pesquisa y «durmió» la causa en su tribunal, a pedir de boca de los abogados de Macri.
Estos dos casos, que ahora empiezan a tener mayor exposición pública, constituyen otra muestra más de la profunda degradación que llegó a los tribunales de Comodoro Py durante el cuatrienio de Cambiemos. La estrecha relación entre ese gobierno y muchos jueces, aceitada por la «mesa judicial», promovió la más feroz persecución judicial contra dirigentes opositores ejecutada bajo un gobierno electivo en la historia de nuestro país. La puesta en práctica de este sistema -denominado «lawfare» (guerra judicial)- no escatimó en recursos para lograr el objetivo de encarcelar, amedrentar y disciplinar a todos aquellos que eran considerados un «estorbo», incluso un «peligro», por la derecha neoliberal que había logrado, por primera vez, llegar al gobierno por el voto popular.
La reforma judicial que anunció el gobierno debería ir a fondo para terminar con estos procedimientos antidemocráticos y, a la vez, sanear el Poder Judicial que no en vano es el más desprestigiado entre sus pares.