miércoles, 23 octubre 2019
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Denuncian a Moro por proceso que encarceló a Lula

ESCUCHAS EN EL CASO LAVA JATO

Una filtración de mensajes entre el juez y los fiscales que llevaron adelante la operación Lava Jato en Brasil, podría hacer caer el proceso que encarceló a Lula.
IRINA SANTESTEBAN – En 2014 un juez de Curitiba, Brasil, iniciaba una investigación judicial que reveló una trama de corrupción por millones de dólares en contratos de la petrolera estatal Petrobras, con empresas, entre ellas, Odebrecht.
En esa causa fueron juzgados, condenados y encarcelados decenas de empresarios y políticos, muchos de ellos funcionarios de los gobiernos de Lula y luego de Dilma Rousseff. En ese clima de «lucha contra la corrupción», en 2016 se dio el golpe institucional contra la presidenta que había sido elegida un año antes por 54 millones de brasileños, encabezado por su propio vicepresidente, Michel Temer. Ese personaje fue preso luego por hechos de corrupción.

Lava Jato.
La investigación se conoció como Lava Jato, en referencia a lavaderos de autos que fueron allanados en 2014 por la Policía Federal por presuntas maniobras de lavado de dinero, revelando un esquema de corrupción que habría movido unos 2.640 millones de dólares.
El proceso fue muy cuestionado por abogados defensores por su «selectividad» y «parcialidad» en los procedimientos, que habría atentado contra la garantía de la defensa.
En esa causa estuvieron implicados directivos de Odebrecht, incluso su presidente, también el director de Petrobras Paulo Roberto Costa. Y Alberto Youssef, quien involucró también en ese esquema a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, como el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
Costa se acogió a un régimen de «colaboración» con el Ministerio Público Federal, con un acuerdo de culpabilidad y así pudo obtener una reducción considerable de su pena.

Sin pruebas.
El juez Moro demostró una particular insistencia en acusar a Lula da Silva, a pesar que ninguna prueba demostraba fehacientemente que estuviera implicado en los hechos que se investigaban.
Finalmente, Lula fue acusado de haber recibido un departamento en el balneario de Guarujá, en un supuesto hecho de corrupción, aunque dicho inmueble no estaba a su nombre, ni de ninguno de sus familiares o amigos, y en todo el proceso no se pudo demostrar siquiera que el ex presidente hubiera estado en ese departamento.
Su condena a doce años de cárcel fue confirmada por el Tribunal Supremo de Brasil, por escaso número de votos. Su detención determinó que quedara fuera de las elecciones presidenciales de 2018, cuando todas las encuestas lo daban por seguro ganador.
Moro fue presentado por la gran prensa monopólica de Brasil, y replicada en la región, como el magistrado «probo» que luchaba como un Quijote contra la corrupción.
Su fama de juez «independiente» se vino abajo cuando Jair Bolsonaro lo designó como ministro de Justicia. Para muchos fue la confirmación de que se trató de un premio por haber logrado el apartamiento de Lula en la batalla por la presidencia. Y por su encarcelamiento, obvio.
Que Moro sea el ministro de Justicia de un gobierno encabezado por un personaje cuasi fascista, misógino, racista, que pretende volver la educación a la época medieval (en el país de Paulo Freire, nada menos), abona la teoría de que su cruzada contra Lula no fue precisamente por «amor a la señora de ojos vendados» sino una maniobra planificada para apartar a un presidente de origen obrero que podía derrotar a la derecha, encarnada por Bolso-nazi.

Escuchas.
Hace unos días un informe del medio digital The Intercept Brasil, difundió que Moro y los fiscales que actuaron en el Lava Jato, intercambiaron mensajes que cuestionan la «imparcialidad» del proceso, al que los defensores de Lula siguen acusando de tendencioso y amañado.
Esa publicación está dirigida por el periodista norteamericano Glenn Greenwald, ganador de un premio Pulitzer por haber publicado para el diario inglés The Guardian, junto con The Washington Post, los programas de espionaje de la CIA y de la agencia NSA revelados por el ex agente Edward Snowden, hoy exiliado en Rusia y perseguido por el gobierno de los EE.UU.
The Intercept reveló mensajes con conversaciones mantenidas durante años entre el hoy ministro de Justicia y los fiscales, entre ellos Deltan Dallagnol, jefe de la fuerza de tareas del Ministerio Público Fiscal de Brasil. De esos mensajes surge que el entonces magistrado hacía «sugerencias» sobre las fases de la operación Lava Jato, aconsejaba y daba pistas, algo que está prohibido por la ley y la Constitución de Brasil.
Según Greenwald, el material desclasificado que recibió para escribir el informe, probaría que las autoridades judiciales actuaron ilegalmente en todo el procedimiento que llevó al juzgamiento, condena y encarcelamiento del expresidente.

Justicia sin vendas
La actuación del ex juez Moro demuestra la forma que hoy toma la avanzada neoliberal y de derecha en los países de la región, donde bajo la falsa bandera de «lucha contra la corrupción», en realidad se persigue a líderes populares.
Apenas conocido el informe de The Intercept, la ex presidenta Rousseff tuiteó: «los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula». Es que no es casual que Dallagnol sea el funcionario judicial acusado por Lula de haber armado un Power Point, que proyectó durante el proceso judicial, sin pruebas, para incriminarlo.
Otra revelación del The Intercept es que los fiscales y el juez intercambiaron mensajes que evidenciaban la preocupación por el reportaje que Lula había acordado con la columnista de la Folha de Sao Paulo Mónica Bergamo, porque esa entrevista, que había sido autorizada por el Supremo Tribunal Federal, podría influir para «permitir la vuelta del PT» al gobierno.
Una Justicia muy «politizada» y parte de la «lawfare» o guerra jurídica-mediática. Cualquier similitud con Argentina, no es pura coincidencia.