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Derechos en conflicto

La ocupación de tierras que se está registrando en varios puntos del país no es un problema policial sino social. Abordarlo exclusivamente bajo la lógica punitivista implica cerrar los ojos a una situación compleja con múltiples causales. Entre ellas, los cuatro años de macrismo que no hicieron más que empeorar las cosas. O no se recuerda acaso la promesa electoral de Mauricio Macri de otorgar un millón de créditos hipotecarios a 30 años en aquel recordado debate televisivo con Daniel Scioli. Y, ya en el gobierno, anunciando en abril de 2016, en un acto público, un plan federal de viviendas para construir aquel millón de la promesa televisiva.
Como tantas otras, esas promesas también cayeron en saco roto y aquí en La Pampa se notó como nunca ya que durante esos cuatro años se cortaron abruptamente los recursos que llegaban periódicamente del Fonavi, y que hasta 2015 habían permitido construir más de mil viviendas por año.
Semejante decisión no pasó desapercibida, al contrario, en la capital pampeana provocó una ola de ocupación de tierras sin precedentes, con centenares de familias instalándose, simultáneamente, en varios terrenos de la ciudad a los pocos días de haber asumido las nuevas autoridades. Nunca antes Santa Rosa había visto algo siquiera parecido.
Esa indiferencia del macrismo trasladada a todo el territorio nacional no hizo más que profundizar el déficit habitacional. Por otra parte el enorme deterioro social que provocaron las políticas neoliberales se potencia ahora con la crisis instalada a partir de la pandemia. Es un cóctel explosivo que castiga especialmente a los sectores más vulnerables.
En el caso de Río Negro a todas estas calamidades hay que sumarle la vieja y nunca resuelta problemática de las comunidades indígenas. Aquí aparecen otros factores como la desigual distribución de la tierra, la presencia de grandes latifundistas -muchos de ellos extranjeros- y los prejuicios raciales que vuelven a aflorar en las movilizaciones de la población «blanca» con consignas que llegan al extremo de promover el uso de la violencia contra «los indios». La mal llamada «Conquista del desierto» dejó su cría.
Este conflicto es música para los oídos del macrismo y los grandes medios aliados que se relamen ante este frente que hoy se le abre al gobierno nacional y sus socios. Las contradicciones y desencuentros que se generaron en el seno del oficialismo hicieron aún más fáciles las cosas para la derecha. El pedido de mano dura para las «hordas de intrusos» siempre está a mano para invocar la defensa del derecho a la propiedad privada. El derecho a la vivienda, que tiene, al igual que el anterior, rango constitucional, no tiene tanta prensa.
¿Cómo resolver este dilema? Para un gobierno elitista y conservador no es demasiado problemático: desalojo por la fuerza y a otra cosa. Para un gobierno popular es muy diferente, porque la ocupación es reflejo de una necesidad imperiosa, y el derecho a la propiedad es tan atendible como tantos otros.
Si prima la mano dura como única salida, tal la exigencia de la derecha y de algunos funcionarios y dirigentes del Frente de Todos, será una derrota política para el gobierno.