Desidia judicial

Finalmente la Corte Suprema fue la que tuvo que cortar la peregrinación de una causa judicial por varios juzgados. El máximo tribunal del país, con la firma de tres de sus miembros -el cuarto de ellos, con sus 97 años a cuestas, ya ha hecho de los faltazos una costumbre- ordenó que se investigue en General Pico aquella recordada estafa que sufrió un comerciante de Ingeniero Luiggi. El hecho sucedió en 2013 cuando lo llamaron por teléfono para avisarle que habían secuestrado a su esposa y le pedían una fuerte suma de dinero para liberarla. Luego de entregar el dinero y algunos valiosos relojes el hombre advirtió que había sido víctima de un engaño y que su esposa nunca había pasado por ese trance.
La causa judicial abierta ante el caso paseó por tres ciudades: General Pico, Mercedes y Junín. Pero no porque los hombres de la justicia se desvivieran y se pelearan entre sí por tomar el caso para contribuir a esclarecerlo y castigar a los culpables. Al contrario. El mayor celo jurisprudencial estuvo al servicio de desentenderse de la causa y pasársela al vecino: un mal remedo del juego infantil del gran bonete.
Tuvo que intervenir la Procuración General de la Nación y luego la Suprema Corte para ordenar un desmadre que nunca debió haber comenzado, en atención al celo y la responsabilidad funcionarial. Con lógica irrefutable se estableció que debe primar el principio de "economía procesal", por lo cual se ordenó que investigaran los tribunales de General Pico, en donde, además, tiene su domicilio la víctima de la estafa.
Del largo tiempo improductivo transcurrido que, se sabe, opera en perjuicio de la pesquisa, como es habitual, nadie se hará cargo. La burocracia judicial se permite estos manejos que no hablan bien de la dedicación que cabe esperar en la ejecución de sus tareas. Y no debe ser porque haya disconformidad con los salarios. Una ligera vista por los sueldos de la administración pública alcanza para ver en qué reparticiones se cobran los haberes más suculentos.

Buenas noticias
Hace apenas unos días se comentó en esta columna el gran avance que significó para el movimiento cooperativo y toda la provincia, la habilitación otorgada a la entidad solidaria de Caleufú para prestar el servicio de televisión por cable. Ahora, en las últimas horas, se sumaron otras dos noticias auspiciosas que también hablan del dinamismo y el arraigo que tiene el cooperativismo de servicios públicos entre los pampeanos.
Una de ellas se refiere al altísimo nivel de cumplimiento de sus pagos de los usuarios de la CPE santarroseña, que llega al 93 por ciento de la facturación. Un nuevo récord. Esa cifra habla del compromiso de los asociados hacia la institución que, a través de un convenio con Nación y la Provincia, cobra el servicio de energía eléctrica sustancialmente más barato que en otros puntos del país. (Aunque deba decirse también que ese acuerdo, denominado Pacto Federal Eléctrico, presenta algunas aristas preocupantes que deberán ser estudiadas y revisadas).
La otra noticia auspiciosa del cooperativismo pampeano llega de General Pico. En esa ciudad, la cooperativa eléctrica -Corpico- viene colaborando decisivamente para que una reconocida institución de esa ciudad, el Hogar de Ancianos Don Bosco, pueda mejorar la difícil situación financiera que está atravesando. Mediante el cobro voluntario de una modesta mensualidad, que se incorporó a la factura eléctrica, se ha optimizado la tarea de recaudación y se ha logrado ampliar la cantidad de aportantes, un logro nada menor.
No son acontecimientos extraordinarios ni emprendimientos fastuosos, pero son esos pasos imprescindibles que, día a día y siempre avanzando en dirección del beneficio común, siguen dando las cooperativas pampeanas en su firme marcha junto a los que quieren una sociedad más justa y solidaria.