Deuda judicial

La denuncia por violencia de género que presentara una abogada de Eduardo Castex contra un fiscal llevó al Colegio de Abogados a sesionar en aquella localidad y a presentar un planteo ante el Ministerio Público Fiscal demandando "imparcialidad" en el tratamiento de un tema tan delicado.
La profesional no solo hizo público el hecho ante la prensa sino que también se presentó a formalizar una denuncia penal ante el MPF con el aporte de un certificado médico, las grabaciones de los incidentes que tuvieron lugar en el edificio judicial castense y un intercambio de mensajes de WhatsApp como elementos probatorios.
El incidente provocó malestar entre los abogados de Eduardo Castex quienes se solidarizaron con su colega y plantearon incluso falta de celeridad a su representación gremial en asumir la defensa ante las autoridades judiciales.
Lo que sorprendió, tanto a la denunciante como al Colegio de Abogados, fue la decisión del MPF archivar la denuncia sin dar intervención a un juez de control. La medida fue adoptada luego de la intervención de dos fiscales sustitutos y un fiscal general que, por sí solos, consideraron suficiente el aporte de una empleada del agresor como testigo para cerrar las investigaciones.
La celeridad por parte del MPF para cerrar una causa que involucra a uno de sus integrantes no cayó bien entre los abogados. En verdad no habla bien del organismo que es el encargado, precisamente, de impulsar las investigaciones ante cualquier circunstancia que haga presumir una colisión con la ley. Tampoco favorece la imagen del aparato judicial que ya ha sido señalado en anteriores oportunidades como moroso en materia de actualizarse en perspectiva de género.
Este caso, la presunta agresión de un fiscal varón a una mujer que ejerce la abogacía, constituye prima facie un ejemplo paradigmático de aquel encuadre y debiera haber merecido una atención mucho más cuidadosa por parte de los responsables de actuar. En cambio, se procedió a una prematura clausura de las pesquisas sin permitir la intervención de otras instancias de evaluación y acción.

Ultra-precarizados
El último fin de semana los santarroseños pudieron presenciar, en vivo y en directo, las consecuencias de la precarización laboral a gran escala. En el plenario nacional del Sindicato Unico de Conductores de Motos de la República Argentina se escucharon las voces de quienes se encuentran a merced de un sistema laboral absolutamente precarizado que deja a los trabajadores sin defensa, y muchas veces sin respuesta, porque ni siquiera tienen una puerta para golpear para presentar sus reclamos.
Las nuevas "plataformas" o "aplicaciones" -bajo ese eufemismo se ocultan grandes compañías multinacionales que facturan millones de dólares en todo el mundo- que ofrecen servicios de entregas a domicilio llegaron al país favorecidas por un gobierno neoliberal que no le interesa en absoluto las condiciones en que se desempeñan los trabajadores de este sistema.
Fue muy ilustrativo el dirigente que advirtió que "les meten en la cabeza que son emprendedores y por eso se tienen que pagar la bicicleta, el casco, la obra social; y si te accidentás, te morís y nadie se hace cargo". Pero además, si detectan que alguno de ellos promueve un reclamo gremial, le desactivan la conexión al teléfono celular y lo dejan afuera sin posibilidad de reclamar.
Esta forma de semiesclavitud contemporánea solo puede prosperar bajo un gobierno como el actual que fomentó condiciones socioeconómicas desesperantes para millones de argentinos obligándolos a ofrecer su fuerza de trabajo por centavos y en condiciones tan degradantes. Lo irónico es que estos patrones sin rostro y sin alma desembarcaron de la mano de un espacio político que llegó al poder con la promesa de "crear trabajo de calidad".