Deuda macrista con el FMI califica odiosa e ilegal

La deuda externa argentina era de 233.000 millones de dólares cuando asumió Mauricio Macri, quien la aumentó a 400.000 millones, más del 100 por ciento del PBI.
SERGIO ORTIZ
Esa mitad macrista de la deuda total no debería ser pagada por el nuevo gobierno. Y hay que investigarla, porque fue contraída cometiendo diversos delitos, amén que no fue tomada para mejorar la situación de los argentinos sino para fugar capitales. Según la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET) la fuga total de capitales más intereses durante la gestión Cambiemos ascendió a 133.313 millones de dólares.
Lamentablemente Alberto Fernández declaró en Madrid, el 6/9, que "con la deuda haremos lo que siempre hicimos, cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no me pidan que lo hagamos en contra de más deterioro de nuestra gente".
El Comité por la Anulación de las Deudas Ilegítimas (CADTM) define como deuda odiosa: "1) una deuda contraída en violación de los principios democráticos (incluyendo el consentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad) y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras que el acreedor conocía o estaba en condiciones de saber lo anterior. O 2) una deuda que tiene como consecuencia denegar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población mientras que el acreedor conocía o estaba en condiciones de saber lo anterior".
Y este es el caso de la deuda argentina.
Los 57.100 millones de dólares del crédito del FMI en 2018, califican en la segunda categoría de odiosa. Impuso como condición el ajuste fiscal y el déficit cero, atentando contra el salario, las jubilaciones, el gasto social, el presupuesto educativo y de salud, las obras públicas, etc. También puede ser acusada de odiosa en el primer sentido, pues fue "empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor".
Fernández cuestionó la legitimidad de esa deuda al declarar al Wall Street Journal el 30/8: "ahora no hay nadie que tome la deuda argentina, ni nadie que pueda pagarla". Impugnó esa deuda con el Fondo al manifestar: "lo que quiero que entiendan en el FMI es que son culpables de esta situación; fue un acto de complicidad con la administración Macri. Fue la campaña de reelección más cara de la humanidad y le dieron dinero a un gastador compulsivo".
Prestaron para "la campaña para la reelección más cara de la humanidad". Si eso no es una "deuda odiosa", ¿qué es?
Pero hay más. El préstamo del FMI es ilegal e inconstitucional porque en su tramitación se omitieron todos los pasos legales y administrativos previos, amén de que no fue tratado en Diputados como señala la Constitución.

Sin papeles.
En El Cohete a la Luna y LA ARENA, el 8/9 Horacio Verbitsky publicó "La deuda del FMI careció de respaldo institucional; Flojo de papeles". Allí impugnaba: "No existe un acto administrativo que exponga la decisión de tomar el crédito, un dictamen del Banco Central, ni resoluciones del Directorio y de Hacienda que afirmaran su legalidad, oportunidad y conveniencia".
Y agregaba: "la mayor deuda contraída por el país en tan corto lapso careció del respaldo de un decreto del Poder Ejecutivo y de un dictamen jurídico favorable. Tampoco existe un acto administrativo que exponga la decisión de tomar el crédito, ni un dictamen del Banco Central que evalúe cómo impactaría en la balanza de pagos, ni resoluciones del Directorio del Banco Central y del Ministerio de Hacienda que afirmaran su legalidad, oportunidad y conveniencia. Ni siquiera hay constancia de que se haya suscripto acuerdo alguno: el expediente oficial sólo contiene la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos".
HV estaba informando sobre las acciones judiciales y administrativas emprendidas por Pedro Biscay, del Centro de Estudios para la Integración Financiera (Cinfin) y exdirector del BCRA cesanteado por el hoy panqueque Federico Sturzenegger; Eduardo "Vasco" Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y Eduardo Codianni, exsubgerente de derechos humanos del Central.
De los reclamos de Biscay-Murúa-Codianni surgió que el primer expediente administrativo de Hacienda fue el 21 de junio de 2018, una semana después de la demanda del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y nueve días después de la firma de la Carta de Intención para solicitar el crédito.
El Fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodrigo Cuesta, les dio la razón a los demandantes. Sostuvo que el PEN, "mediante una respuesta vaga y evasiva, se ha negado a entregar información pública básica sobre los empréstitos contraídos con el FMI durante 2018. Nos referimos a los acuerdos suscriptos, a los números de expediente en los cuales tramitaron (y su contenido) y a los estudios técnicos que debieron precederlos". Cuesta cuestionó que tampoco se les informó de cláusulas de prórroga de jurisdicción, las características financieras de los acuerdos, la normativa o actos que habilitaban la suscripción de la Carta de Intención, y tampoco copia de lo solicitado.
El profesor de Universidad de Lieja y vocero de CADTM, Eric Toussaint, en la contracumbre de repudio al G-7 en agosto denunciaba: "FMI y BM son organismos al servicio de ese gran capital y ejercen una presión enorme hacia los gobiernos. Tenemos el caso de Argentina o de Grecia, que están soportando el chantaje del FMI. Y estos señores del G-7 que se reúnen en Biarritz están directamente vinculados al FMI, una especie de gendarme de grandes multinacionales y potencias económicas".
Teniendo estos elementos históricos, políticos, económicos, financieros, legales, administrativos y académicos, blanquear y pagar la deuda de Macri al FMI sería suicida y cómplice con el vaciamiento del país.