Deudas de Portezuelo

A pocas horas de conocido el pronunciamiento de las Naciones Unidas sobre el corte del río Atuel que, en su parte más sustancial, le pide al gobierno argentino “una solución definitiva” a fin de “garantizar el acceso equitativo al agua” por parte de los pampeanos, se informó que la provincia de Mendoza sigue avanzando con la iniciativa de Portezuelo del Viento. Este proyecto, como se sabe, contempla la instalación de una presa sobre el río Grande que tendrá influencia decisiva sobre el régimen de caudales del mayor colector de la cuenca: el Colorado.
Sin embargo, a pesar del apuro de los mendocinos por lograr el imprescindible respaldo económico de Nación para construir este embalse, hay dos cuestiones fundamentales que aún no han quedado debidamente resueltas: el estudio de impacto ambiental que Mendoza todavía le adeuda al Coirco, y la determinación del manejo de la presa, una atribución que Mendoza quiere para sí en forma exclusiva.
Los antecedentes cuyanos en la materia obligan a extremar los cuidados. Pero hay un ejemplo extraordinario que opera en sentido opuesto y muestra qué distintas pueden ser las cosas cuando hay acuerdo y buena fe. El embalse de Casa de Piedra, sobre el Colorado, es operado por el Coirco para beneficio del conjunto de la cuenca. Ese debería ser el ejemplo a seguir para Portezuelo, y los mendocinos deberían terminar de entender que el manejo de un recurso fluvial que atraviesa cinco provincias no puede estar a cargo de una sola de ellas.
La extraordinaria declaración de la ONU que acaba de conocerse debería ser aprovechada por el Coirco para exigirle a Mendoza pero también a Nación, que el antecedente del Atuel no debe repetirse. Es un pronunciamiento categórico del máximo organismo planetario en favor del acceso al agua de todos quienes comparten un recurso hídrico interjurisdiccional. Y no es meramente declarativo, pues le exige al Estado nacional que garantice una solución con equidad porque de lo contrario se vulneran los derechos humanos. Claro como el agua.