Día de luto para Dilma Rousseff y la democracia latinoamericana

LA PRESIDENTA FUE DESTITUIDA POR UN GOLPE PARLAMENTARIO

Fue la crónica de un golpe anunciado. Ayer el Senado brasileño destituyó a la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Se invocaron delitos que no eran tales para sacarla del medio. El corrupto Michel Temer, presidente hasta 2018.
EMILIO MARIN
Como alegó la víctima al hacer su defensa ante el Senado, el 29 de agosto, “me sometieron a una pena de muerte política”. Fue la crónica de una muerte anunciada porque durante nueve meses se fue tramitando el impeachment o juicio político por crímenes de responsabilidad que no eran tales. O que en todo caso, los maquillajes de cuentas fiscales o “pedaleadas” fiscales eran un recurso que emplearon muchos presidentes y gobernadores sin que fueran considerados delitos. Por caso que los bancos públicos pagaran los planes sociales al pobrerío brasileño antes que el Estado les hubiera girado esos fondos. O conceder tales créditos antes de tener la autorización del Congreso.
Sin embargo a Dilma Rousseff la lincharon mediáticamente primero y parlamentariamente después, con un coro ruidoso y alienado de convocatorias callejeras como el 3 de marzo, al estilo de los caceroleros macristas en tiempos de CFK la trataba como si fuera el emblema de la corrupción.
De la soga del ahorcamiento tiraron primero el monopolio de la red O’Globo, o sea el Clarín del vecino país, más “Folha da Sao Paulo”, revista “Veja”, “Estado de São Paulo” y “Grupo Abril”, ligados a la embajada norteamericana, la Federación de Industriales del Estado de San Pablo (Fiesp) y la derecha política, tradicionalmente el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) y formaciones menores.
El fiel de la balanza terminó favoreciendo a ese sector cuando el aliado del gobernante PT, o sea el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se pasó de bando. Venía jugando con el PT desde la primera presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2003 y continuó así hasta principios de 2016, cuando traicionó a Dilma. El PMDB había colocado en esos cuatro gobiernos los respectivos vicepresidentes de la República; ocupando lugares de poder en ambas cámaras, así como en los bloques parlamentarios y gobernaciones. De allí que su defección provocó un destrozo mayúsculo. Cambió la correlación de fuerzas, en particular en Diputados y el Senado. Y eso condujo como por un tubo a la destitución de ayer.
El 12 de mayo Dilma había sido suspendida por el Senado en una votación adversa de 55 a 22. El 9 de agosto ese Senado votó por 59 a 21 el inicio formal del impeachment. Y el 31 de agosto esa cámara, bajo la presidencia del titular del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, votó por 61 a 20 la destitución de la presidenta constitucional.
El usurpador Michel Temer, vicepresidente de Dilma en sus dos mandatos y que el 12 de mayo fue artífice de la suspensión de aquélla, asumiendo como presidente interino, ahora será el jefe de Estado hasta el final del mandato, diciembre de 2018.

El golpe.
El golpe fue posible cuando los integrantes del establishment empresarial, mediático y de la derecha tradicional brasileña lograron la suma del hasta entonces aliado oficialista, PMDB. Ya no eran solamente las huestes del senador Aécio Neves (PSDB) derrotado por Dilma en las elecciones de octubre de 2014, los partidos de derecha y evangélicos, etc., opositores del PT de casi toda la vida.
A inicios de 2016 se sumaron activamente las cúpulas del PMDB, con el titular de Diputados, Eduardo Cunha, y su colega del Senado, Renán Calheiros, con sus respectivos bloques y en alianza con la oposición conservadora. Cuando esa masa crítica consideró que tenía las bancas suficientes, se lanzó a la cacería de Dilma y allí se pasó abiertamente a sus filas el vicepresidente Temer, conjurado con aquellos.
Una vez que lo posicionaron como presidente interino, el usurpador repartió ministerios del nuevo gabinete, cargos públicos y partidas presupuestarias para las gobernaciones aliadas, cumpliendo con los favores recibidos. Algunos de esos flamantes ministros debieron renunciar poco después, como Romero Jucá, fulminados por preexistentes cargos de corrupción. Para entonces el ultra-corrupto Cunha había tenido que dejar la presidencia de Diputados, por resolución del Tribunal Supremo Federal, ante la evidencia de que había recibido 5 millones de dólares de coimas en el escándalo de Petrolao, depositadas en cuentas bancarias de Suiza.
Al destituir a Dilma, el Senado brasileño quiso presumir de compromiso con la ética y la legalidad. Sin embargo ese poder legislativo está salpicado por denuncias varias, muchas por corrupción. Por ejemplo, Marcelo Cantelmi, de Clarín, afirmó que 49 senadores de un total de 81 tienen denuncias judiciales por aquellas causas como el “Lava Jato” que lleva el juez Sergio Moro, de Curitiba. Pedro Brieger, en C5N, difirió levemente en las cifras pues habló de 41 senadores con causas sobre el total de 81.
Como fuera, una enormidad. Y respecto a Diputados, el analista internacional de Clarín aseguró que hay 303 legisladores con causas ligadas a la corrupción, sobre el total de 513.
La pregunta lógica es: ¿ese Congreso tenía autoridad moral para acabar con el mandato de Dilma? ¿Podían juzgarla esa mayoría de legisladores enriquecidos ilícitamente por coimas derivadas de sobreprecios cobrados en las licitaciones de Petrobras y luego retornadas para sus campañas electorales y sus cuentas particulares?
La respuesta del cronista es que no. Lo actuado por ellos fue un verdadero golpe de Estado institucional, similar al dado en junio de 2012 contra Fernando Lugo en Paraguay. Este es mucho más grave por la importancia de Brasil y por el hecho de que Dilma Rousseff fue electa con el voto de más de 54 millones de ciudadanos. La destituyeron 61 senadores manchados por la corrupción.

Razones del golpe.
El único consuelo fue que Lewandowski aceptó desdoblar la votación. Dilma fue destituida por 61 a 20, pero no lograron inhabilitarla 8 años para ejercer cargos públicos, porque los 42 energúmenos golpistas no lograron los dos tercios ya que 36 senadores se opusieron y 3 se abstuvieron. Fue apenas un límite dentro de un crimen contra la presidenta y la democracia brasileña y latinoamericana.
Se pueden apuntar muchas razones del golpe. Es obvio que sus promotores nunca acordaron con una política social del PT que logró sacar de la pobreza a muchos millones de brasileños. Y que tampoco era de su gusto una política regional y continental favorable a la integración latinoamericana y un mundo multipolar. Esas políticas de Lula y Dilma se verificaron en el Mercosur, la Unasur, la Celac y el bloque internacional del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Lula estuvo junto a Hugo Chávez y Néstor Kirchner en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en noviembre de 2005, cuando sepultaron el proyecto norteamericano del ALCA.
Por esas cosas y muchas más el imperio y las clases dominantes internas, en particular la Fiesp, buscaban deshacerse del PT y correrlo del Palacio del Planalto y la cancillería de Itamaraty.
También había negocios de por medio que esos intereses podía hacer con un gobierno como el golpista de Temer y no con Dilma. El defensor suyo en el impeachment, José Fernando Cardozo, y el senador Lindbergh Farías denunciaron que los monopolios como Chevron habían sido impulsores de la destitución. Estaban indignados con la presidenta por sus leyes que privilegiaban a la estatal Petrobras en la exploración y explotación de los nuevos yacimientos descubiertos mar adentro, llamados presal, con reservas de 60.000 millones de barriles de crudo. Ahora con Temer ese petróleo puede ser de Chevron.
De ser así, sería otro golpe de Estado con olor a petróleo, como el del general Juan C. Onganía contra Arturo Illia en 1966 o la guerra de EE.UU. contra Irak en 2003.
Dilma dio un último mensaje desde el Palacio de la Alvorada, que deberá abandonar en 30 días. Dijo que la historia condenará a los golpistas y que no decía adiós sino hasta pronto, como expresión de que seguirá dando lucha política.
Esa actitud es muy buena pero debería ser acompañada de una reflexión sobre los errores cometidos, comenzando por los aliados que eligió para su gobierno y las políticas de ajuste que empezó a aplicar en 2015 con el neoliberal ministro de Hacienda, Joaquim Levy. Estas, argumentadas como medio para bajar el déficit fiscal, lejos de solucionar los problemas económicos, llevaron a una recesión del 3,8 por ciento del PBI ese año, que podría repetirse este año. Y así se llegó a una desocupación del 11,2 por ciento, de casi 12 millones de brasileños. Esa recesión y problemas de empleo desmoralizaron a los votantes de Dilma. Estos se movilizaban junto con la central sindical (CUT), los Sin Techo, los Sin Tierra (MST), los estudiantes (FEU), etc., sin que el gobierno que ellos apoyaban les diera soluciones.
El senador Humberto Costa, líder de la bancada del PT, admitió: “nosotros dejamos de hacer algunas reformas que hubieran sido fundamentales para profundizar la democracia: la reforma del Estado, del financiamiento de las campañas electorales y de los medios de comunicación”.
Con índices económicos muy negativos y los medios monopólicos operando a full, se cocinó un caldo ideal para que esa derecha, como la argentina con Mauricio Macri, alegara la necesidad de “un cambio”.