Diferencia radical

El primer discurso de Alberto Fernández inaugurando un período legislativo planteó, al igual que el que brindó el 10 de diciembre al asumir, una diferencia radical -y nunca tan apropiado un término- con su antecesor: el rol del Estado en los programas de gobierno.
Desde luego que esa característica fundamental está definida por la distancia político-ideológica entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pero no menos cierto es que el neoliberalismo ha sabido permear a todas las fuerzas políticas mayoritarias en nuestro país y en el mundo. La década de los noventa del siglo pasado fue una clara señal de ese fenómeno, como también la composición partidaria que conformó la alianza Cambiemos que gobernó el país los últimos cuatro años.
Si algo dejó en claro Alberto Fernández en su alocución es su preocupación por comunicar al Congreso y a todo el país que regresó un gobierno que considera al Estado una pieza fundamental para el desarrollo social, educativo, científico, productivo, sanitario, etc. Todos sus anuncios giraron alrededor de ese eje, desde los más básicos hasta los más controvertidos: el aborto y la educación sexual, el sistema jubilatorio, la reforma judicial, la deuda externa y su necesidad de investigarla, los derechos humanos y el juicio a los represores de la última dictadura, la publicidad oficial, el cuidado del medio ambiente, la soberanía sobre Malvinas y la delimitación de la plataforma marítima, la desclasificación de documentos secretos de la AFI por el caso AMIA, la reformulación del funcionamiento del Estado, las retenciones a la exportación de ciertos productos agropecuarios fueron algunos de los temas que se encargó de puntualizar como parte de un ambicioso programa de políticas activas.
El presidente no necesitó enojarse ni golpear la mesa, ni ocupar la mayoría de su pieza oratoria en relatar la pesadísima herencia que le dejó su antecesor. Y este punto no es secundario si consideramos que el estado del país que recibió en diciembre es muchísimo peor que el que recibiera Mauricio Macri en 2015. Es tan evidente esta realidad que no hace falta abundar demasiado: los padecimientos de los sectores mayoritarios son tan abrumadores que bien podría decirse que las palabras sobran para describirlos en estas circunstancias.
El Estado al servicio del bienestar general, principio cardinal de la Constitución Nacional, es una aspiración que se opone por el vértice al Estado que se retira ante a la «mano invisible del mercado». El congelamiento de las tarifas públicas, la política de redistribución del ingreso y de protección de los sectores más vulnerables y dañados por el macrismo, el control sobre la política cambiaria, la moratoria para las Pymes, el regreso de la paritaria nacional docente, el drástico retroceso de la tasa de interés, la caída de la tendencia inflacionaria, la negociación de la deuda externa bajo otras condiciones son algunos de los logros que puede mostrar este gobierno en sus primeros ochenta días.
El discurso de ayer ratificó ese rumbo y, al hacerlo, confirmó que las políticas y los objetivos cambiaron en forma radical.