Dios los cría y el viento amontona a ciertos opositores

EMILIO MARÍN
Todo sistema democrático necesita el contrapeso de una oposición, que ponga límites y tenga alternativas. Pero si una oposición así no existe o, peor aún, hay una pésima y dividida, ¿de quién es la culpa? Para los que integran ese espectro no hay duda: también sería responsabilidad de Cristina Fernández.
Antes hablaban de borocotización, como sinónimo de compra de voluntades adversarias. Luego quitaron esa connotación dineraria, pero mantuvieron su crítica a supuestas maniobras envolventes del Estado, que metían miedo, intimidaban y dividían. El "cepo" de la Nación a las provincias díscolas sería un arma infalible. Entre la pauta publicitaria oficial y la "tremenda" maquinaria mediática de la televisión pública y Télam, harían el resto.
No se niega que algunos de esos factores, debidamente acotados y en el marco de la legalidad, pueden haber jugado su papel. El gobierno y su partido, el FPV-PJ, defiende sus posiciones y no regala un centímetro de poder. Nunca lo prometió a nadie. Eso no es ningún delito; es la política.
Esa forma de actuar del cristinismo de ninguna manera puede ser explicación de la crisis de la oposición conservadora. Si los diputados del FAP, que no son muchos, tuvieron tres posiciones diferentes a la hora de votar sobre la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, ese es un problema de Hermes Binner, no del gobierno. Si en el bloque de la desquiciada Coalición Cívica-ARI sus miembros miran a Elisa Carrió como si fuera una marciana fuera de órbita, es su asunto. El oficialismo tiene otras cuitas y responsabilidades, como se verá. Pero que cada quien se haga cargo de las suyas y no haga transferencias.
En lo que la oposición parece haber cavilado, tras tantas recomendaciones de quienes le hacen la agenda (Clarín y La Nación), es sobre la necesidad de juntarse. O al menos mostrarse más amigables entre sí.
Eso explica que Eduardo Buzzi, Hugo Moyano, Eduardo Duhalde y Pablo Micheli compartieran festejo de cumpleaños. Algunos de los nombrados estuvieron en un festejo del titular de la Federación Agraria y otros en el cumpleaños del desprestigiado Momo Venegas. Allí se habló de la posibilidad de compartir acciones de protesta contra políticas del gobierno, pero más que eso piensan en eventuales convergencias electorales para 2013 y 2015.
Un costado electoral similar, juntos o por separado, explica la foto de José M. de la Sota (de la Soja, le dicen en Córdoba) y Mauricio Macri, tomada el 23 de agosto cuando La Docta estaba conmovida por una tremenda represión policial. Los dos sonrieron y dijeron estar a favor del "federalismo". En realidad buscan su propio lugar bajo el sol, como cabezas de una oposición bien destructiva. Ellos reciclan una errónea consigna de parte del setentismo: "cuanto peor, mejor". De la Sota quiere ser presidente y Macri también, aunque ahora busca aliados para evitar un juicio, pues no quiere que tengan que visitarlo en Marcos Paz.

Juego de diferencias.
Aunque el sector despolitizado (doña Rosas y don Pepe) repitan que "todos los políticos son ladrones, iguales", ese principio es falso.
Hay muchos políticos ladrones que no pueden justificar sus notables enriquecimientos patrimoniales. Algunos, inocentes para la justicia, están irremediablemente condenados por la población, caso de Domingo F. Cavallo, de visita en tantos programas de televisión. Otros están sospechados por la justicia y quizás puedan demostrar su inocencia, como Amado Boudou, en el fuego cruzado a propósito de la expropiación de la ex Ciccone. Se sospecha que Alejandro Vanderbroele y los ignotos integrantes del controlante The Old Fund pudieran ser socios o testaferros suyos.
La estatización de esa empresa fue votada por amplia mayoría en Diputados, siguiendo la huella del Senado. Y el oficialismo tuvo compañías de legisladores opositores -el juecismo dentro del FAP-, porque el argumento de la soberanía monetaria tenía peso y racionalidad.
De todos modos, que se expropiara una firma de la que no se supo a cabalidad quiénes son sus dueños, dejó puntos oscuros. Gris fue el rol que tuvo el vicepresidente Boudou en la operación de rescate de la impresora, que había caído en desgracia para la AFIP.
Por eso habría que diferenciar dos cosas. La expropiación fue una buena medida. La actuación del vicepresidente, sigue rodeada de dudas y deberá despejarlas ante la justicia, si puede, donde no está imputado ni procesado, como bien aclaró Agustín Rossi. La mayoría de los opositores se obnubilaron con el árbol de Boudou y no veían ni el ingreso al bosque de Ciccone.
En cambio Macri está hasta las manos. El fiscal Jorge Di Lello le pidió la elevación a juicio por el espionaje ilegal y la integración de una asociación ilícita junto al ex jefe de la Metropolitana, comisario Jorge Palacios; al ex ministro de Educación Mariano Narodowski y el espía Ciro James. Di Lello imputó a Macri por asociación ilícita, falsedad ideológica y escuchas ilegales a su cuñado, Daniel Leonardo.
Ese trámite judicial está avanzado, pues primero el juez Norberto Oyarbide le dictó el procesamiento, luego lo confirmó la Cámara Federal. Casación rechazó recursos de la defensa macrista y ahora el fiscal mencionado se pronunció por elevar la causa a juicio. ¿Se harán esas audiencias en 2013 o el jefe de gobierno podrá patearlas para más adelante? Como sea, tiene un horizonte complicado desde el punto de vista judicial, con obvias implicancias políticas.
Debe ser por eso que en las reuniones que ha tenido con los dirigentes de la UCR en Buenos Aires y con el gobernador cordobés, el titular del PRO ha manifestado que deben ponerle límites al gobierno porque de lo contrario los dirigentes de la oposición "pueden ir presos". El puede ir preso por espionaje ilegal y asociación ilícita, no porque el gobierno nacional sea "chavista".

Los límites.
Esa oposición tan reaccionaria está expresada en la actitud persecutoria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con su línea 0800 para que los vecinos denuncien a "La Cámpora" si va a las escuelas. En eso la presidenta se hizo un picnic alabando la militancia social y democrática de la juventud, dejando al procesado Macri como lo que es, un émulo del comisario Palacios.
Se puede decir que en cotejo con el macrismo y el peronismo duhaldista, la administración CFK luce como muy superior. El avance del juicio contra José Pedraza, burócrata y presunto autor mediato del asesinato de Mariano Ferreyra, y el resto de la patota, suma puntaje a favor de ese contraste favorable al gobierno comprometido con los derechos humanos.
El segundo sorteo por Lotería Nacional para 25.000 nuevos créditos con vistas a la construcción de viviendas, también grafica esas diferencias entre este gobierno y los anteriores, aunque doña Rosa y don Pepe metan a todos los políticos en la misma bolsa.
Sobre los créditos para la vivienda propia, esa diferenciación salta a la vista. Axel Kicillof puntualizó que en varios años los bancos privados habían otorgado 20.000 préstamos hipotecarios con un interés del 25 por ciento anual y a un plazo de 12 años. En dos meses el Estado, con el Pro.cre.ar, dio 25.000 créditos al doble de plazo y a la mitad del interés. La mayoría de los beneficiados tienen ingresos inferiores a los 10.000 pesos mensuales, lo que también debe ser puesto de resalto: los bancos privados no se caracterizan precisamente por apuntar a la clase media baja.
En este racconto se podría incluir el rol positivo de Argentina, por medio del canciller Héctor Timerman, en el apoyo a Ecuador, cuya soberanía fue amenazada peligrosamente por el Reino Unido a causa del asilo concedido al fundador de WikiLeaks.
Con la misma convicción con que se valoran todos esos aspectos tan favorables, hace a la verdad marcar los que son negativos, en extremo y de diferente índole. Por ejemplo, fue negativa la participación el jueves de los ministros Débora Giorgi y Hernán Lorenzino, más el gerente de YPF, Miguel Galuccio, en el evento del Consejo de las Américas manejado por el grupo Rockefeller, en el Alvear Hotel.
Otras políticas perjudiciales para los intereses populares tomaron vuelo con la durísima represión policial contra los estatales de Córdoba, en aras de forzar el ajuste previsional de De la Sota contra los jubilados. Al cierre de esta edición llegaban noticias de la represión policial en Orán contra los obreros del Ingenio San Martín del Tabacal, en Orán, luego que la controlada por la norteamericana Seabord despidiera a casi un centenar de empleados.
Se dirá que esas represiones se producen en las provincias y no son decisiones del gobierno federal. Es verdad, pero Córdoba y Salta son parte de la Argentina y sus gobernadores contaron en su momento con el beneplácito y/o respaldo de la presidenta de la Nación.
La Carta Abierta nº 12 de los intelectuales kirchneristas admite ciertos aspectos flojos del gobierno, pero no se atreve a profundizar ni les da suficiente entidad negativa. Son problemas graves pero Carta Abierta los minimiza. Así no se ayuda a la gente ni a la democracia. Quizás ni a la misma presidenta.