Discurso violento

Sectores de la oposición política, mediática y económica encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas. Primero azuzaron el descontento contra las medidas sanitarias preventivas para combatir al coronavirus; luego reaccionaron con furia contra la intervención y la eventual expropiación a la empresa Vicentin tras una más que sospechosa quiebra; y ahora son las incursiones delictivas que afectan los depósitos de granos conocidos como silobolsas el pretexto para volver a la carga.
La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al «kirchnerismo», aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones. Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los discursos.
En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su «silencio cómplice», dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. En tanto, en las redes sociales circulan discursos inflamados de violencia. Algunos de los mensajes convocan a organizar cuerpos armados para «defender la propiedad privada» contra los «agresores» que, según esas voces cargadas de furia irracional, pertenecen a sectores políticos del frente que gobierna el país.
Es cierto que no todos los actores que se dicen preocupados por esta sucesión de delitos cayeron en la misma actitud. Algunos de ellos procedieron con mayor cautela: denunciaron los hechos y exigieron la intervención de las autoridades sin levantar acusaciones infundadas. Pero fueron la excepción y no la norma.
Los sectores más reaccionarios se han vuelto expertos en subirse al tren de ciertos reclamos para disparar munición gruesa contra el gobierno nacional. La pandemia, el intento de salvataje a una empresa quebrada o, como ahora, una secuencia de delitos comunes puede venirles muy bien para agitar sus banderas. Y cuentan, siempre, con todo el apoyo de las corporaciones mediáticas más grandes para amplificar sus discursos belicosos.
No por casualidad son los mismos sectores que apoyaron hasta el final al gobierno de Cambiemos pese a sus desastrosos resultados. El aumento de la pobreza, del endeudamiento externo, del desempleo, del cierre de industrias y la destrucción de la economía nacional que dejó el macrismo no hizo recapacitar a quienes hoy se lanzan ciegamente contra un gobierno de signo distinto que intenta revertir una herencia tan abrumadora.
Lo peor es que parecen no tener límites ni medir las consecuencias de sus palabras. Acusar a un gobierno de «comunista», de «atentar contra la propiedad privada» o, peor todavía, de promover delitos comunes impide canalizar el debate por los cauces políticos habituales y lleva a exacerbar la confrontación. Ya no quedan dudas de quiénes son los que promueven la «grieta», aunque acusen con malicia a sus adversarios de tal estrategia.