Disparen sobre el delegado

EL CARACTER REPARADOR DEL DERECHO (NOTA II)

El juicio sobre la responsabilidad de la empresa Ford en el secuestro y tormento a delegados es histórico desde el punto de vista de la dogmática penal, ya que demuestra los aportes de civiles en crímenes de lesa humanidad.
HORACIO VERBITSKY
El trato de los militares y de los ejecutivos no deja dudas de que el blanco eran los “delegaduchos o delegaditos”. A Sánchez, el capataz general Castiñeira le dijo “ahora tenés que empezar a trabajar, mandamos nosotros, se terminó la joda”. También rompieron la puerta del cuarto de delegados y no dejaron ni las sillas. Cuando Sánchez preguntó hasta cuándo los tendrían en Tigre, el oficial del Ejército que lo interrogó le dijo que no sabía porque “la empresa los mandó presos”. De Luis María Degiusti se burlaron: “Así que vos sos machito y defendés a las mujeres”, porque uno de los derechos conquistados en el comedor fue el respeto del “Día femenino”. A Jorge Constanzo mientras le pegaban le preguntaban “por qué no hacen huelga ahora”. Troiani contó que el mismo día del golpe, la dirección de la empresa convocó a los delegados y les dijo que “se acabó el sindicalismo” y que tenían que aumentar la producción. Cuando lo picaneaban, Guillermo Perrota mencionó los problemas en la fábrica y de inmediato uno de los torturadores al que no había escuchado hasta el momento, respondió justificando la actitud de la empresa. Reconoció la voz de Sibilla, quien mientras el torturador le hacía preguntas generales, le indicaba que lo interrogara sobre detalles específicos: las fotografías que Perrota tenía dentro de su auto, su participación en una manifestación en la planta de estampados, la vez que se trepó a un alambrado.
El 24 de marzo, Galarraga anunció a toda la comisión interna en la planta de Montaje que quedaban suspendidas las actividades gremiales. “Desde el día de hoy los delegados son los capataces, ustedes no tienen que intervenir en nada, porque la van a pasar mal”. Sentimos pánico, contó Troiani. Ballesteros recordó que en esa reunión, Galarraga aseguró que “Ford Motor Argentina paso a ser un objetivo y prioridad militar”. Desde ese día, la empresa se puso más dura, “los militares pasaban y se reían”. Galarraga los miraba de forma amenazante y les dijo: “Acá mandamos nosotros, están los militares y los vamos a meter presos. Larguen la paleta porque la pelota la tenemos nosotros”. Al delegado Amoroso le dijo que le mandara saludos a Camps, lo que provocó una carcajada del gerente Marcos. Amoroso preguntó quién era Campas y Galarraga sonrió:

-Ya se va a enterar.

La oficina de delegados fue cerrada y recién se reabrió en 1984.
Una fuerte prueba documental es la solicitud de la empresa a la inteligencia policial de medidas urgentes y necesarias para proceder con los despidos de los delegados. Así consta en el archivo policial que administra la Comisión Bonaerense por la Memoria. “Durante la conversación mantenida por personal de esta Delegación con la parte empresaria, recibe de boca de los directivos (de Ford) la inquietud sobre la urgente necesidad de medidas y/o legislación que permita a la patronal prescindir de personal, que por su actitud o conducta observada, resulte perjudicial o influya en el normal desenvolvimiento de las tareas, cosa que hasta la fecha se ve limitado por la Ley de Contrato de Trabajo”.

Muller y Sibilla.
Para fundamentar la responsabilidad penal de cada imputado, Gómez Alcorta repasó la estructura piramidal de planificación, coordinación y control descripta por el experto Vocos, partiendo desde el Presidente, los gerentes -de producción, de seguridad, de personal-, los gerentes y superintendentes de plantas, los supervisores de sector, los capataces, los sub-capataces y los operarios, y ubicó dentro de ella a Pedro Muller y Héctor Sibilla.
Muller ingresó en 1960, y en 1985 ocupaba la Vicepresidencia de la firma, según la documentación aportada por Ford. Como gerente de manufactura, ya en el momento de los secuestros era responsable de la producción de toda la planta, en las distintas secciones de la fábrica y ocupaba el segundo lugar en la jerarquía empresarial. Según la respuesta de Ford al tribunal, Muller “era la autoridad de fábrica”. Cuando el presidente se ausentaba, Muller lo reemplazaba, como documentan los memos firmados en 1974 y 1976 por el estadounidense Foley y su sucesor en la presidencia, Nicolás Courard. El 3 de mayo, el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 1976 Courard firmó esa delegación de funciones a Müller. Esto fue corroborado por varios jerárquicos, como el capataz Santiago Dante Luna, quien testimonió que luego de Courard, venía el jefe de Manufactura Müller, que era su reemplazante natural, tenía a cargo la producción y manejaba las tres plantas. Las actas de Directorio de 1976 corroboran que lo integraba y que tuvo asistencia perfecta. A esas reuniones asistían solamente el presidente, el abogado y director Uriel O’Farrel y Müller, quien también participaba en las asambleas de accionistas de Ford.
Müller, no era una persona de quedarse en su escritorio. Conocía los problemas, los conflictos y los resultados de la producción en persona. Caminaba la fábrica, hablaba con los capataces, verificaba al final del día si se habían alcanzado las metas fijadas para la producción, en caso que ello no sucediera averiguaba las razones y planteaba los modos de resolver los obstáculos. Este doble rol lo ubica en dos espacios diferenciados: el de la toma de las decisiones de la empresa, y en las líneas de producción, en el control de los operarios y en la dirección de los supervisores y capataces.
El cordobés Sibilla, retirado del Ejército como mayor en 1962 luego de los enfrentamientos entre Azules y Colorados, y ascendido a teniente coronel en julio de 1976, tuvo a su cargo la Supervisión de Seguridad de la planta entre 1967 y 1987, cuando se jubiló y fue empleado de seguridad en la embajada de Estados Unidos. En su declaración indagatoria dijo que controlaba la entrada y salida de todo el personal y de visitas así como los vehículos de la empresa o privados. Para ello conducía la empresa de seguridad ORPI contratada por Ford y que formaban ex integrantes del Ejercito, de la Armada, de Gendarmería y de Prefectura. Sibilla ejercía su jurisdicción sobre cada rincón del predio de Pacheco y compartía la mesa del almuerzo con Muller y Galarraga. Era el primero al que llamaban ante cualquier problema, hasta el más pequeño, como un obrero muy joven que intentó llevarse dos tarritos de pintura. Nada y nadie podía entrar o salir de la planta sin su autorización explícita. La perita experta de la Comisión Bonaerense de la Memoria, Claudia Bellingeri, narró que en el archivo existe un teletipograma de inteligencia que lista los jefes de seguridad de la diferentes empresa de la zona norte, en el que se menciona a Sibilla. Esto implica que formaba parte de la comunidad informativa creada para buscar y concentrar la información de inteligencia del Terrorismo de Estado. Su propia declaración indagatoria confirma que ejercía un dominio espacial en todas las plantas y zonas de la fábrica de Pacheco, y un control de todas las personas y vehículos que ingresaban y egresaban.
Este juicio también es histórico desde el punto de vista de la dogmática penal, ya que demuestra los aportes de civiles en crímenes de lesa humanidad, en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y por lo tanto no prescriptibles ni amnistiables. ¿Pueden los civiles, y, más precisamente, los empresarios, ser autores de delitos de lesa humanidad?, se preguntó Gómez Alcorta. “La respuesta es afirmativa, y fue dada hace más de 70 años”, en el quinto proceso de Núremberg, cuando el Tribunal condenó al empresario Frederik Flick por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Su empresa “se benefició con el régimen nacionalsocialista y colaboró activamente con él, al igual que lo hizo Ford en la Argentina con la dictadura cívico militar. La misma suerte corrió IG Farben en el sexto proceso. Las diferencias con el caso de Ford son fácticas, pero carecen de connotaciones jurídicas relevantes: Flick y los directivos de Farben se beneficiaron del régimen nazi para contar con trabajo esclavo, Ford se benefició de la dictadura argentina para eliminar a los delegados que impedían imponer el modelo disciplinario que la empresa pretendía”.
Las fechas de las detenciones delatan una lógica estrictamente empresarial, ya que la secuencia de secuestros se vincula con las secciones de la fábrica:
El 24 de marzo, dos trabajadores del Comedor de Montaje: Degiusti y Constanzo;
El 26 de marzo, Repossi que era de estampado, y al día siguiente Perrota, de administración.
El 28 de marzo, seis trabajadores de la planta de Estampado (Ballesteros, Cantello, Sánchez, Amoroso, Manzano, Murua), todos fuera de la planta.
El 12 de abril otros dos trabajadores de la planta de Estampado: Gareis y Nuñez, pero dentro de la fábrica.
El 13 de abril cinco trabajadores, cuatro de ellos de la planta de Montaje: Troiani, Traverso, Conti y Propato, e Ismael Portillo, de Estampado (esta única incongruencia obedecería a la confusión con otro trabajador del mismo apellido).
El 20 de abril, Bocco y a Groisman, de Administración.
El 21 de abril, Avalos, que es la planta de Montaje, que estaba enfermo hacia una semana, y Subaran, de estampado.
El 20 de agosto Pulega y Robledo, ambos de la planta de Montaje.
“Esta secuencia no sigue una lógica represiva típica, por organización, por importancia, como tampoco estuvo vinculada a la extracción de información de unos para luego llevar adelante nuevas detenciones -como era usual en el terrorismo de Estado-. En este caso ello no era necesario, porque el listado estaba confeccionado de antemano, y las privaciones de la libertad fueron organizadas según los ámbitos laborales, no por otras razones”, afirmó la querella.
Victoria Basualdo mencionó en el debate una carta de Ford de 2007, en respuesta a las denuncias de participación en abusos en la Argentina durante la dictadura militar (http://www.business-humanrights.org/Documents/FordinArgentina=). La propia empresa admite que en 1973 “hizo a las autoridades conscientes de la importancia de proteger la seguridad de sus más de 5,000 trabajadores, debido a las repetidas amenazas y ataques, que incluso causaron la muerte de algunos de ellos”. Más adelante expresó que a partir de marzo de 1976 “el Ejército argentino estacionó fuerzas dentro del sitio de la compañía, que hasta ahora había sido incluida en un área militar por las autoridades”. Es decir que no estaban de tránsito como pretendió Sibilla, sino estacionadas en la planta. El mismo Sibilla, en su descargo, confirmó que era muy difícil detener a una persona en la planta de Montaje, un lugar muy amplio en el que trabajaba muchísima gente. “No podía ser que ingresara personal militar a un sector y se llevara a una persona”. Que “él conocía bien la planta )e igual) se le hacía difícil encontrar a una persona, más complejo sería para alguien que viniera de afuera y no conociera el lugar”. Es por esa dificultad que se requirió la colaboración imprescindible de personal de la firma, como Muller y Sibilla.

La reparación simbólica.
Uno de los aspectos más interesantes del juicio fue el pedido de la querella de reparación del daño provocado por el terrorismo de estado, que trasciende la esfera individual y personal de las víctimas de los delitos de lesa humanidad, en los que la lesión atenta a la vez, a la humanidad toda. De acuerdo con el Derecho Internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de los tribunales internacionales, los trabajadores de Ford solicitaron medidas concretas de carácter simbólico según los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005. Como interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Loayza Tamayo vs. Perú” las reparaciones no pecuniarias “son mucho más importantes de lo que uno podría prima facie suponer… Todo el capítulo de las reparaciones… debe ser repensado desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad”. No trató de otra cosa todo este juicio.
Se trata de un derecho de naturaleza individual y colectiva, ya que no sólo las víctimas tienen el derecho a la verdad, al recuerdo y a la memoria, sino también toda la sociedad. Fue el ex Presidente de la Corte Interamericana, el internacionalista brasileño Antonio A. Cançado Trindade, quien escribió que “las reparaciones alivian el sufrimiento humano… El mal cometido… no desaparece: es tan solo combatido, y mitigado. Las reparaciones otorgadas tornan la vida de los familiares sobrevivientes quizás soportable, por el hecho de que, en el caso concreto, el silencio y la indiferencia y el olvido no han logrado sobreponerse a las atrocidades, y de que el mal perpetrado no ha prevalecido sobre la perenne búsqueda de la justicia”. Esto tiene al mismo tiempo un potente efecto social para el futuro de la sociedad victimizada. Es evidente que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia impulsado desde la sociedad bajo distintos gobiernos y en distintas circunstancias políticas, pone un límite a los retrocesos en esa materia, a diferencia de Brasil donde crímenes de calidad similar aunque en menor cantidad, absoluta y en proporción a la magnitud de la población, nunca fueron sancionados. En la Argentina no hay lugar para un Bolsonaro. Por eso, la querella solicitó que el tribunal ordene una serie de medidas no punitivas, con carácter reparador y como medidas de no repetición:
1) La colocación de una señalización como sitio de Memoria en la entrada de la fábrica Ford y de una placa en la zona de los quinchos de la empresa recordando a todos los ex trabajadores y delegados de la empresa que fueron víctimas, que deberían inaugurarse con un acto formal organizado por la empresa que incluya la bienvenida e intervenciones de los trabajadores sobrevivientes y sus familias, con asistencia de todo el personal jerárquico y obrero de la fábrica.
2) La apertura, catalogación y puesta a disposición del público de los archivos de la empresa, 1976-1983.
3) La firma de un convenio de Ford con el Conicet para el otorgamiento de becas a estudiantes universitarios de posgrado que les permitan llevar adelante en universidades públicas investigaciones sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Esas becas deberían llevar los nombres de los trabajadores secuestrados.
4) Que Ford organice un proceso de formación en derechos humanos para todo el personal jerárquico y obrero de la fábrica, que incluya una charla de los ex trabajadores y delegados sobrevivientes y sus familias, una visita guiada al Museo de la ESMA, una charla organizada por la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, una visita con guías al Parque de la Memoria, y actividades en otros sitios y espacios de Memoria.
Después de 42 años, esperamos justicia, concluyó el alegato.