Doble agravio del oscurantismo

En los últimos diez días los educadores y la educación pública fueron víctimas de agravios tan injustificados como difíciles de entender. El primero de ellos partió de una ministra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se refirió a la escuela como «un lugar de militancia», descalificando como «fracasados» a quienes eligen la carrera docente. Semejante ofensa puede entenderse -parcialmente- al considerar que la funcionaria milita en un partido para el que, según su jefe, la concurrencia a la escuela pública significa «una caída» en el nivel educativo, expresión que implica un desprecio por la educación popular y una clara concepción elitista.
La ola de críticas que levantaron estas declaraciones fue enorme pero la ministra, lejos de disculparse, se empecinó en sostener, con pobrísimos argumentos y sin prueba alguna, que hay quienes consideran que las aulas son lugares de adoctrinamiento y militancia política.
Resulta difícil de entender que una persona con semejantes ideas ocupe un cargo de tanta responsabilidad, aunque algo se aclara al considerar que, en definitiva, la funcionaria responde a la política educativa del gobierno macrista de la CABA. Sin embargo hay en sus declaraciones tanta mala intención como torpeza lo cual obedece, probablemente, a su propia carrera educacional. La ministra cursó los niveles primario y secundario en un colegio barilochense conducido, entre otros, por un nazi, un criminal de guerra que fue extraditado a Italia y condenado a cadena perpetua como responsable de una masacre de civiles en la Segunda Guerra Mundial.
Como era de esperar parte de la cúpula partidaria salió a respaldar a la ministra -quien continúa en su cargo-con argumentos pobres y falaces. Desde luego, no pudo defender el más infame de los conceptos vertidos por la funcionaria: la incitación a delatar a los maestros que «adoctrinan» a los niños.
El otro agravio al que se alude en el comienzo de esta columna afecta a la educación pública y a la comunidad toda. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza habilitó las ceremonias religiosas y las clases de catequesis en escuelas públicas de esa provincia. La resolución se originó en una presentación de un obispado mendocino.
Este retroceso jurídico -y evidente avance de la Iglesia Católica- utiliza como argumento falaz el hecho de que el laicismo vulnera la libertad de culto. El fallo no solamente deja sin efecto una resolución anterior del área educativa estatal sino que va contra la misma Constitución mendocina -que defiende la educación laica- y ratifica la orientación conservadora del Poder Judicial.
La resolución también asoma como un inquietante precedente para las demás comunidades religiosas, que no son pocas en la provincia y el país, las que se verían claramente discriminadas. Las objeciones al fallo denuncian que actualmente, pese a la laicidad constitucional, las escuelas provinciales ostentan imágenes y realizan celebraciones relacionadas con el culto católico. Todavía no hubo expresiones críticas del gobierno mendocino, y es difícil que las haya pues entre los firmantes del fallo hay una jueza férreamente conservadora que fue designada por el actual gobernador.