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¿Dónde hay un dólar, viejo Pesce?

LA SEMANA POLÍTICA

El tango de los ’30 se preguntaba «¿Dónde hay un mango, viejo Gómez?, ¿Los han limpiao con piedra pómez?». La pregunta se puede aplicar al dólar, interrogando a Miguel Pesce, del Banco Central.
SERGIO ORTIZ
Aunque Martín Guzmán lo había negado en semanas anteriores, se salió con la suya el titular del Banco Central, Miguel Pesce: se endurecieron las condiciones para comprar el «dólar ahorro». Quienes adquieran 200 dólares mensuales deberán pagar 35 por ciento de adelanto de impuesto a las ganancias. Si el adquirente no paga ese impuesto, le será devuelto a partir de enero.
En medio del parate preexistente a la pandemia y las graves consecuencias económico-sociales derivadas de ésta, aquella circunstancia no pasa de ser una anécdota negativa. Sobre todo para capas de la clase media que buscaban capitalizar ahorros y mitigar algo de inflación.
El argumento de Guzmán para oponerse a más cepo tenía cierta lógica: creía que con el arreglo con los fondos privados por la deuda iban a calmarse las demandas de compra del billete y las tendencias inflacionarias. No fue así.
El Central, como argumentó Miguel Pesce, siguió perdiendo 1.500 millones de dólares mensuales. Era peligroso seguir por esa vía, cuando las reservas no superan 7.500 millones.
Por otro lado el Indec midió la inflación de agosto en 2,7 por ciento, una de las más altas del año. Luego, pero en la misma línea, YPF aumentó 3,5 por ciento los combustibles y habría otra suba antes de fin de año.
Así Pesce pudo convencer a Alberto Fernández de endurecer el cepo, aún con la parafernalia previsible de la escudería Clarín-Macri, que la presenta como la peor señal del mundo. Así alimentan otros banderazos seudo republicanos.
Una de las cosas que más molestó a ese segmento empresario es que en parte el cepo los aprieta a ellos. Hay un límite a las empresas privadas para la adquisición de billetes destinados al pago de sus deudas. Desde ahora sólo podrán proveerse hasta el 40 por ciento de esa obligación; para el resto tendrán que poner fondos propios, refinanciar o postergar vencimientos.
Esta medida poco simpática llegó tarde. Debió ser adoptada hace tiempo respecto a los grupos concentrados y no contra los argentinos de a pie. Las reservas del Central disminuían no tanto por culpa del «dólar ahorro» sino por pagos de la deuda pública y privada, y por conductas delictivas de exportadores.
Lo explicó Claudio Lozano, directivo del Banco Nación, en Página/12: entre enero y julio de 2020 se pagaron 9.065 millones de dólares de intereses y capital de deuda pública y privada; y los exportadores liquidaron de menos 3.267 millones. Ambos conceptos suman 12.332 millones de dólares.
Ahí están los dólares que faltan. No los limaron con piedra pómez. Además en el Central tienen la lista, nunca publicada, de quienes durante el macrismo fugaron 86.200 millones de dólares. Contra esos fugadores debieron adoptarse medidas concretas y no las hubo. Ahí están los dólares, viejo Pesce.

Una buena.

La buena noticia fueron los traspiés sufridos por el trío más mentado de jueces federales devenidos en camaristas por el dedo de Mauricio Macri. En parte por jugar sus fichas a la Corte Suprema de Injusticia y por falta de argumentos jurídicos y de valor personal, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli no acudieron a la cita del Senado.
Allí habrían tenido un excelente escenario político y mediático para explicar sus súbitos ascensos a una Cámara Federal los dos primeros y al Tribunal Oral Federal 7 el tercero.
No lo hicieron y la Cámara Alta dispuso, con el voto mayoritario pero en soledad del Frente de Todos (la oposición se desconectó de la sesión), que vuelvan a sus lugares anteriores. Se consideró que sus promociones habían carecido del imprescindible acuerdo del Senado. Sin dejar pasar mucho tiempo se publicó en el Boletín Oficial la resolución según la cual los tres objetados deben retornar a sus viejos juzgados.
Ese trío tampoco tuvo éxito en que su caso fuera tratado por la Corte Suprema, que lo eludió por segunda semana consecutiva. Como eran muchos pelotazos en contra, Bruglia, Bertuzzi y Castelli pensaron en algo más material y pidieron a la Corte una licencia extraordinaria hasta que resuelva sobre sus recursos. Como no es gente desprendida, seguramente el pedido fue de vacaciones con goce haberes. Obvio.
Con cada caso que surge sobre el trabajo de esa parte de la corporación judicial se explican mejor los motivos del expresidente para promoverlos.
Por ejemplo, Bruglia y el atornillado en la Cámara Federal, Martín Irurzún, en uno de sus últimos fallos habían anulado el procesamiento de Macri, el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el extitular de Vialidad Javier Iguacel, al exministro de Economía Nicolás Dujovne y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. Todos habían sido procesados por Rodolfo Canicoba Corral, antes de jubilarse, en la causa de las concesiones de Autopistas y peajes.
Esa banda pagó 499 millones de dólares a dos multinacionales a las que se vencían sus concesiones. Además les extendieron por diez años la facultad de cobrar peajes, con tarifas muy aumentadas. Y en ese marco la familia Macri pudo vender sus acciones en esas concesionarias no al valor preexistente, de 3,50 pesos la acción, sino a 75,50 pesos.
Irurzún y Bruglia anularon esos procesamientos porque dieron la razón a la defensa, de que no habían podido revisar las pruebas de las acusaciones. Si hacía falta alguna otra muestra de la parcialidad política de esa dupla macrista, la causa de las autopistas la aportó.
El dato positivo es que quien reemplazó a Canicoba Corral, Julián Ercolini, admitió a la UIF y a Vialidad Nacional como querellantes en este expediente de los peajes. Sus abogados estarán cuando Ercolini llame a nuevas indagatorias a los sospechosos. De lo contrario estaría el camino allanado a más impunidad pues el fiscal es Carlos Stornelli, de la misma escudería del corrupto Inodoro Py. ¡Y después ponen en duda la necesidad de una reforma judicial a fondo!

No vamos bien.

El dicho es «mal de muchos, consuelo de tontos». Y se aplica puntualmente a esta coyuntura, donde en vista de que en muchos otros países del mundo los contagios y muertes son mayores a los de Argentina, las autoridades nacionales y provinciales suelen decir que sus resultados son mucho mejores. Y esa es una verdad menos que a medias porque también acá la pandemia está creciendo y haciendo de las suyas.
Hasta ayer había en Argentina 613.658 casos de Covid-19 confirmados y los fallecimientos eran 12.656. Otro dato sensible: las camas de terapia intensiva estaban ocupadas en un 60% a nivel nacional y en 66,8% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Los contagios aumentan a un ritmo de 11.000 por día en todo el país y los muertos en alrededor de 200 aunque hubo hasta 344 un día, todo en un nivel alto.
Cuando la pandemia muestra éste, su peor rostro hasta el momento, hay que preguntarse qué puede estar fallando. Y es tiempo de determinarlo con alguna precisión porque no se está frente a una novedad: se ha dispuesto prolongar el período de aislamiento social preventivo hasta el próximo 11 de octubre.
Ya las formas del anuncio denotaron un cambio. No fue con una conferencia de prensa conjunta del presidente, el jefe de gobierno porteño y el gobernador bonaerense. Ni siquiera con un anuncio unipersonal de Alberto Fernández sino con locución ajena, impersonal.
Esos cambios graficaron que se rompió – por lo menos provisoriamente- el acuerdo existente entre Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. De la mesa de tres patas ahora quedan dos, el presidente y Axel Kicillof. Esto puede ser bueno e inevitable desde el punto de vista político, pero en cierto modo afecta el supuesto «frente unido» contra la pandemia.
Desde otro punto de vista el ganador es Rodríguez Larreta porque a nivel nacional y en Buenos Aires se vienen flexibilizando actividades tal él como vino disponiendo en CABA. Ahora serán abiertos patios y terrazas de comidas, obras de construcción y otros negocios, con el consiguiente mayor tránsito de personas, tanto en esa ciudad como en la provincia de Buenos Aires.
Y eso, parece inevitable, podrá mejorar algunos números de la economía pero empeorará los atinentes a contagios y fallecidos.
Frente a esa línea política empresarial del PRO-Juntos por el Cambio, se alzan muchas voces con una propuesta opuesta, con centro en la protección de la vida, como el grupo interdisciplinario «Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos».
Son médicos, investigadores, dirigentes de derechos humanos y otros, que recomendaron al presidente hacer aislamientos selectivos, preventivos e intermitentes, e insistir en la retracción de la movilidad. Ellos opinaron que «estamos ante una catástrofe» y que «la situación es peor ahora». El investigador de Conicet, Alberto Kornblihtt, dijo que «desde mayo, cuando se terminó la cuarentena en serio, observamos un crecimiento exponencial del número de muertos mes a mes».
Por eso, en otras palabras, pidieron al presidente que apriete el «botón rojo», como él deslizó en su reportaje con A dos voces. AF no comparte ese diagnóstico dramático. Cree estar en una meseta alta, pero positiva, y tampoco tiene un botón de ese color.