Dos debates que se vienen en el segundo mandato de Obama

Dos discusiones se abrieron poco antes de asumir Obama su segundo mandato. Por un lado, el debate sobre el control de armas, con posturas muy encontradas. El otro, sobre una reforma migratoria, y cabe la posibilidad de que en los próximos meses se discuta otra legislación al respecto.
Leandro Albani y Arturo Balderas*
Entre 280 millones y 310 millones de armas se encuentran en Estados Unidos, país habitado por 311.999.354 personas, según el último censo poblacional conocido en abril de 2012. Haciendo una cuenta conservadora, y tomando la primera cifra de la cantidad de armas que existen en ese país, cada ciudadano tendría en su poder 1,1 pistola, revólver, fusil, escopeta o un armamento más sofisticado.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estimó que en Estados Unidos hay un promedio de 88,8 armas por cada 100 habitantes. En 2011, una encuesta de la firma Gallup reveló que 47% de los norteamericanos contaba con al menos un arma en su casa.
Que por estos días en Estados Unidos se haya profundizado el debate sobre el control de armas es algo que se desprende de las cifras antes citadas. Pero la razón de esta discusión fue la masacre en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, estado de Connecticut, en la cual fueron asesinadas 27 personas, entre ellos 20 niños.

 

Propuestas.
El vicepresidente Joseph Biden entregó al titular de la Casa Blanca, Barack Obama, un informe realizado por una comisión especial, creada tras los asesinatos de Sandy Hook. En el documento se proponen cambios relacionados con mayores exigencias en cuanto a los términos de salud mental de los potenciales compradores de armamento. También se estipula la reactivación de una legislación que prohíbe los fusiles de asalto en el país. Esta normativa ya fue avalada por el Congreso en 1994, pero caducó en 2004.
Otras iniciativas son el incremento de los chequeos universales de antecedentes de los compradores de armas, y ampliar el alcance de la ley que aprobó el Congreso en 1998, que establece un Sistema Nacional Instantáneo de Chequeo de Antecedentes Criminales, administrado por el FBI.
Hasta el momento no se han escuchado comentarios sobre las compras de armas de forma ilegal o un cuestionamiento firme a la industria armamentista, que promueve su consumo de manera indiscriminada.
Como bien apuntó el analista David Brooks en el reciente artículo "Locura armada", publicado por el diario mexicano La Jornada, dentro de la clase política estadounidense nadie "se atreve a prohibir las armas en manos civiles, sólo están considerando algunas de las automáticas, algunas semiautomáticas y algunos tipos de municiones".

 

Los hombres del rifle.
Conocidas las inquietudes expresadas por el presidente Obama para buscar un control de armas en el país, los grupos de lobby asociados al complejo militar-industrial desplegaron un sistema de propaganda recurrente, donde miedo, violación de derechos y libertades son las puntas de lanza.
Estas agrupaciones, encabezadas por la Asociación Nacional de Rifle (ANR), evocan la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. La normativa indica: "Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido".
Con estas dos líneas, la ANR -conformada por al menos 4,2 millones de afiliados- y un grupos de congresistas se han aferrado a la enmienda para defender una visión cuasi militarista para la sociedad. David Keene, presidente de la ANR, declaró que su organización tiene suficiente apoyo en el Congreso para rechazar cualquier proyecto sobre control de armas.

 

Mentirosa.
A pocos días de ocurrida la masacre de Sandy Hook, el vicepresidente de la organización armamentista, Wayne LaPierre, calificó la iniciativa para restringir la venta de armamento como "mentirosa". LaPierre afirmó que "lo único que detiene a una persona mala con una pistola es una persona buena con una pistola". Basado en este pensamiento, propuso en nombre de la ANR, emplear guardias armados en las escuelas, iniciativa que tuvo recepción en varios puntos del país.
Quien se sumó al discurso de "los hombres del rifle", fue el ex legislador republicano por el estado de Florida, Connie Mack, vinculado a grupos terroristas anticubanos. Desde Newtown, el republicano llamó al Congreso a no tratar el control de armas, porque era "imposible". A tono con la ANR, Mack expresó que no creía "que se logre nunca evitar que la gente mala haga cosas malas". El republicano defendió la posesión indiscriminada de armas en manos de civiles, argumentando que "podremos aprobar otras leyes, pero lo único que logramos es restringir a los ciudadanos respetuosos de la ley de los derechos de que gozan en este país".
Frente a la situación derivada de la masacre de Sandy Hook, el líder del Partido Demócrata en el Senado, Harry Reid, defensor a ultranza de la tenencia de armas, reconoció que se debe producir una amplia discusión sobre el tema. El legislador manifestó hace un mes que el país necesita un profundo debate sobre cómo cambiar "la cultura que permite el crecimiento de la violencia".

 

Los que dicen no.
Tras los asesinatos en Newtown, un grupo de padres de los menores muertos en la escuela primaria, conformaron la organización Sandy Hook Promise (SHP), que llamó a un diálogo nacional sobre la tenencia de armamento entre civiles.
En declaraciones a la prensa, Nicole Hockley señaló que a un mes después de la muerte de su hijo Dylan, de 6 años de edad, se ha reunido con familias destrozadas por otras masacres como la de Columbine (1999), Aurora (Colorado, 2012) y Virginia Tech (2007). Otras agrupaciones que promueven el control de armas son la Asociación Internacional de Jefes de Policías (AIJP) y una coalición de 700 miembros denominada Alcaldes contra las Armas Ilegales (AAI).
En diciembre de 2012, la cadena ABC y el diario The Washington Post publicaron una encuesta que mostró que la mayoría de los estadounidenses está a favor de prohibir la posesión de armas en el país. El 54% de las personas consultadas manifestaron que la masacre en Newtown tiene su raíz en "problemas más amplios" que atraviesa la sociedad norteamericana.
El interrogante en Estados Unidos es si realmente existe la voluntad política real para, al menos, aplicar controles más efectivos y férreos sobre el acceso a las armas por parte de civiles.
Mientras tanto, una escena que ejemplifica la problemática en ese país quedó reflejada en el documental Bowling for Columbine (2002), cuando su director Michel Moore abrió una cuenta en el banco North Country. Como primer beneficio, la entidad le entregó a Moore un rifle de caza, tras someterlo a un simple cuestionario sobre su adicción a las drogas y posibles problemas mentales.

 

Abuso de los trabajadores temporales.
La otra discusión es sobre una reforma migratoria se ha reabierto en EEUU, y cabe la posibilidad de que en los próximos meses se discuta otra legislación al respecto. Entre los temas a discutir está el de los trabajadores temporales y sus derechos laborales. Aprovechando la coyuntura, vale transcribir parte de las entrevistas del periodista Levi Bridges a trabajadores temporales en la franja entre Tijuana y San Diego, aparecidas en la página electrónica de Fronteras y Puentes.
De entrada se advierte que ninguno de los entrevistados permitió que se escribiera algo sobre sus identidades. La razón, explica el autor, es que existe una lista negra en la que aparecen aquellos que, de una u otra forma, han hablado sobre sus experiencias. Tomando en consideración sus obligaciones familiares, ninguno quiere perder la oportunidad de trabajar al amparo de los programas de trabajadores temporales -guest workers- mediante los que se permite contratar temporalmente a extranjeros. No es fácil hallar estadísticas, pero se estima que quienes cada año llegan a EEUU amparados en ese tipo de visas, casi 75 por ciento provienen de México. De las respuestas que recibió Levi, las siguientes dan cuenta de las condiciones que esos trabajadores temporales tienen que soportar para ganar el sustento.

 

Testimonio.
"Un contratista visitó nuestro pueblo y ofreció ayudarnos a obtener trabajo en EEUU. De los 500 dólares que gasté en transportes y la visa con el permiso de trabajo, nunca recibí reembolso, como se me prometió. Firmé el contrato sin entenderlo, porque estaba en inglés. En promedio trabajamos 12 horas diarias, pero a veces 16 o 18. Por ley, el salario mínimo es 7,25 dólares por hora, pero recibíamos sólo 275 en efectivo por semana, aunque hubiéramos trabajado 70 u 80 horas. Nunca se nos dio recibo. La compañía prometió regresarnos los impuestos; casi nadie los ha recibido".
En la entrevista se da cuenta de anomalías como las pésimas condiciones de vivienda, horas adicionales de trabajo en las casas de los patrones sin recibir pago y la obligación de pagar por instrumentos de trabajo. Una respuesta final explica por qué regresan cada que pueden: "me gusta la vida en América, pero sólo porque hay más trabajo que en México".
En la nueva legislación no sólo deben estipularse las condiciones de trabajo, sino la forma de garantizar que se cumplan. Las autoridades mexicanas también debieran tomar nota de las frecuentes denuncias contra los contratistas y enganchadores que impunemente abusan y engañan a los trabajadores migrantes sin el menor escrúpulo.

 

*Periodistas. Rebelión