Dueños de la historia

Un reciente fallo de la Corte Suprema ha venido a confirmar de modo contundente la vigencia de la libertad de expresión, y además, a poner coto a la acción del supuesto “patriciado” argentino en su intento de apoderarse de la historia. La demanda había sido planteada contra la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, por parte del nieto de un ex diplomático argentino acreditado en Berlín durante el nazismo, Luis Hernán Irigoyen, a quien se señalaba como “responsable de dejar morir en las cámaras de gas a alrededor de 100 judíos argentinos”.
No es la primera vez que la Corte debía resolver un caso en que se debatía el supuesto carácter “nazi” de alguna persona. Lo había hecho en 2012, cuando el fiscal Norberto Quantin demandó a los periodistas Guillermo Cherasny y Samuel Gelblung: en aquella ocasión opinó que existe en el país la “lamentable costumbre” de calificar “rápidamente de fascista (‘facho’), o comunista (‘bolche’)” en una discusión, pero que “es mejor para la democracia tolerar ese exceso que caer en el contrario”.
Tampoco es la primera vez que alguien de apellido ilustre pretende proteger la reputación de sus ancestros. Que lo diga, si no, Osvaldo Bayer, quien toleró en los ’70 la persecusión judicial por su obra -luego filmada- “La Patagonia Rebelde”, y ahora afronta un litigio impulsado por la familia Martinez de Hoz por sus investigaciones sobre los orígenes de la Sociedad Rural Argentina.
En el caso que nos ocupa, la Corte entendió que buena parte de las afirmaciones cuestionadas en el sitio web de la fundación demandada, eran en realidad reproducciones de otras fuentes periodísticas, lo cual no puede ser objeto de reproche, siempre y cuando “se haya atribuido el contenido de la información a la fuente pertinente y se haya efectuado, además, una transcripción sustancialmente fiel a lo manifestado por aquélla”.
Por otra parte, la opinión cuestionada se originaba en la decisión del entonces canciller Rafael Bielsa, quien dispuso el retiro de una placa colocada en su ministerio, en la que se rendía homenaje a diplomáticos argentinos solidarios con las víctimas del nazismo. Esa placa contenía, entre otros, el nombre de Luis H. Irigoyen.
En el ámbito de los juicios de valor -reiteró la Corte- lo único prohibido es caer en el insulto o en la vejación gratuita o injustificada. En este caso entendió que había existido una “hipérbole”, ya que no podía interpretarse la acusación de “cómplice” como sinónimo de delito: “Las armas utilizadas en una polémica no deben ser leídas en clave de tipología jurídica. Se incurriría en una lamentable confusión de ámbitos”.
Resultó interesante el voto del juez Zaffaroni al considerar el derecho de un nieto para defender la honra de su abuelo: “La mera invocación de honor de la familia, en casos de parentesco más lejano que el de primer grado o de hermanos, no puede ser suficiente para acreditar el daño moral del deudo, porque de lo contrario nos hallaríamos frente a un verdadero desplazamiento de los ámbitos naturales de discusión: el revisionismo histórico pasaría a ser materia judiciable, con la consiguiente limitación a la libertad de investigación histórica”.
Existe una tendencia en los poderosos a apoderarse no sólo de la riqueza y los destinos de sus conciudadanos, sino también de la historia y generar un discurso único sobre cómo deben ser juzgados por la posteridad. En ese camino va, por ejemplo, el llamado “derecho al olvido” que se propugna ahora para censurar el contenido en internet.
Si algún beneficio aporta la tecnología es, precisamente, el terminar con aquello de que “la historia la escriben los que ganan”. La historia es un bien colectivo, es un camino que nos define como quienes somos, y nos orienta en los pasos futuros. Y, por cierto, no es ni puede ser un relato único. Existen demasiados enigmas en la historia argentina (algunos tan antiguos como la entrevista de Guayaquil, por ejemplo) como para darnos el gusto de que nuestros investigadores sean perseguidos por su tarea, y la historia sea “privatizada” en favor de unos pocos.