EE.UU. e Israel confabulan contra los palestinos

Trump llama «el acuerdo del siglo» a lo que es solamente un plan yanqui-sionista para completar el desguace de Palestina. El mundo debe pedir la palabra para rechazarlo.
Sergio Ortiz
La maniobra norteamericana y sionista se vino preparando durante los últimos tres años, luego de la asunción del neonazi en la Casa Blanca en enero de 2017. Y fue anunciada con bombos y platillos el 28 de enero en esa dependencia, por Donald Trump y el socio menor y beneficiario, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Incluso en Washington recibió un informe privilegiado el candidato de la oposición, el exgeneral Benny Gantz, como para contentar tanto al líder del Likud, como al candidato del Azul y Blanco, (Kahol Lavan). Ambos se enfrentarán por tercera vez en las elecciones del 2 de marzo.
También en esas formas y protagonistas se detecta la maniobra contra los palestinos, porque en esos actos no estaban presentes. Era un acuerdo de dos, pero no entre judíos y palestinos, sino entre norteamericanos y sionistas.
Con el nombre tan engañoso de «Acuerdo del siglo» se pretende despojar a los palestinos de sus fronteras históricas vigentes hasta 1967, cuando fueron despojados de sus tierras en Cisjordania, Jerusalén oriental y parte del Golán, hacia la frontera con Siria. Desde entonces los usurpadores anexaron esas zonas y metieron población propia, colonos.
Ahora el plan de Trump-Netanyahu legalizaría la toma de la Ciudad Santa, adjudicándola a Israel en su totalidad, aunque estaría previsto un Estado Palestino castrado con capital en un barrio del este de esa ciudad, Abu Dis.
Otro tanto ocurriría con el 30 por ciento de lo usurpado por los sionistas en Cisjordania, que quedaría en forma «legalizada» para el ocupante, en especial el valle y la ribera del Jordán. Las partes reconocidas como palestinas de Cisjordania serían como bantustanes (estilo la vieja Sudáfrica del apartheid) aislados, que podrían conectar vía un túnel con la Franja de Gaza.
Así sería el «Estado palestino»: Gaza, túnel con enclaves cisjordanos y capital en un barrio de Jerusalén. Para que esa versión miniaturizada de lo que fueron sus fronteras de 1967 pudiera oficializarse, las víctimas deberían convalidar el despojo y «portarse bien» por cuatro años donde el único Estado sería Israel.
Ninguna protesta estaría permitida so pena de calificar como violación del «Acuerdo del Siglo». Dentro de Cisjordania las fuerzas armadas israelitas serían las únicas autorizadas, en un Estado palestino «castrado», pues estaría impedido de contar con fuerza propia.
Los 5 millones de palestinos que debieron huir de sus hogares y tierras desde la Nakba o Catástrofe de 1948, cuando se creó el Estado de Israel, y luego de la Guerra de los 6 Días en 1967, tendrían impedido legalmente el retorno. El 30 de marzo de 2018 comenzaron en Gaza las «Marchas del retorno». Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ahí fueron asesinados 348 palestinos y 7.800 heridos por represión militar de Israel contra gente desarmada. Esos números eran hasta diciembre de 2019, hoy son peores.

Rechazo palestino.
El plan cocinado en Washington tuvo el rechazo indignado de la totalidad de las expresiones palestinas, comenzando por el presidente de la ANP, Mahmud Abbas, y su primer ministro Mohamed Shtayeh, que residen en Ramalá. También Hamas, que gobierna Gaza, se anotó en el rechazo.
La ANP, versión más moderada de los palestinos y acusados con fundamentos de llevar hasta más allá de lo recomendable su tolerancia con el ocupante, rechazó la coima: 50.000 millones de dólares de financiamiento para la supuesta entidad palestina.
Abbas había roto el diálogo con Trump desde diciembre de 2017, luego que se anunciara la mudanza de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Era un grosera violación del orden internacional porque esa ciudad, en disputa según la ONU, no puede ser la capital de una parte.
Trump estaba determinado a ir hasta el hueso y mudó la embajada de David Friedman en mayo de 2018, en coincidencia con el 70 aniversario de la fundación de Israel. También cortó toda ayuda al Fondo de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, por 350 millones de dólares, y otros programas destinados a mitigar el drama de los palestinos. Quiso rendir por hambre y látigo a los palestinos, pero no pudo.
Todas estas concesiones a Israel reforzaron la alianza de Trump y Netanyahu. Se lo vio con el apoyo total de éste a las acciones terroristas de asesinar al general iraní Qasem Soleimani en Irak. Esa dupla también tiene otros asociados, no tan jugados a la vista del público pero que igual militan en el bloque norteamericano, como los reyes sauditas y los gobernantes egipcios. Ambos, en la Liga Arabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), solamente de palabra son comprensivos con los palestinos, pero no repudian lo actuado por yanquis y sionistas. De hecho su principal enemigo es Irán y no Israel.
Netanyahu no la pasa bien en su frente interno. Hubo elecciones en abril de 2019 y debieron repetirse en septiembre porque su Likud y sus aliados (55 diputados), y el Azul y Blanco de Gantz y socios (54 diputados), no lograron las 61 bancas necesarias para formar gobierno. Se convocó a nuevos comicios el 2 de marzo próximo.
Sus complicaciones no se agotaron allí pues «Bibi» tiene causas por corrupción, fraude y extorsión, que lo golpean a él y su mujer. Ese matrimonio tan sonriente al recibir a Alberto Fernández en enero pasado puede terminar preso.
Y para zafar de ese futuro imperfecto vino el «Acuerdo del Despojo del Siglo», a ver si el Likud llega a la mayoría con votos de la ultraderecha y colonos racistas. El prestigio de ese personaje es muy bajo. El de su opositor Gantz no es mejor pues fue el general de la agresión a Gaza entre junio y julio de 2014 que dejó 2.200 civiles muertos.
Israel tiene escaso crédito internacional. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos identificó a 112 empresas vinculadas con colonias israelíes que operan ilegalmente en territorios palestinos ocupados, entre ellas Airbnb, Expedia o Tripadvisor. Israel ha construido 140 asentamientos en Cisjordania y en Jerusalén Este, implantando allí a 600.000 judíos israelíes. Ahora se quiere legalizar ese despojo o terricidio.