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EE.UU. y la causa de los cuadernos

OPERACION PARA FAVORECER EL AVANCE DE SUS EMPRESAS

Misiones de EE.UU. llegan periódicamente a nuestro país para monitorear el avance de la causa. En el fondo
está el interés por abrir la puerta a sus empresas.
ARI LIJALAD
La misma semana que el juez Claudio Bonadio llamó a indagatoria a Franco y Gianfranco Macri y a los pocos días de que procesara a Paolo Rocca en el marco de la causa de las fotocopia de los cuadernos, por segunda vez en menos de dos meses desembarcó en el país una misión del gobierno de EE.UU. con funcionarios del Departamento del Tesoro y de la Comisión de Valores (SEC, sus siglas en inglés).
La excusa para su llegada fue una capacitación sobre lucha contra el lavado de dinero en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Pero las casualidades no existen. La misión anterior dedicó buena parte a inmiscuirse en la causa que ejecutan el juez Bonadio y el fiscal Carlos Storsionelli. Se reunieron con los fiscales que investigan a Techint y otras empresas que cotizan en Wall Street como Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), Corporación América (de Eduardo Eurnekián) y el Banco Macri (de Jorge Brito).
Las hipótesis sobre la geopolítica que está detrás de esta causa apuntan a algo claro: el rol de EE.UU. y su interés por trasnacionalizar la obra pública en beneficio de sus empresas. El reciente G-20 y la ponderación de Mauricio Macri por su relación con China pese a que se financia gracias a EE.UU. repercuten en lo que suceda en Tribunales. Las señales llegan con la firma de Bonadio pero, todo indica, sponsoreadas desde el norte.

De soplones y delatores.
El Destape accedió al programa de actividades que desarrolló esta nueva misión estadounidense desde el 10 al 14 de diciembre en la CNV. Los enviados fueron Scott Birdwell y Julie Preuitt de la SEC, pero el gestor del encuentro fue Daniel Zambrano, del Departamento del Tesoro estadounidense, que ya es visitante frecuente del país. El temario es por demás sugestivo. Una de las palabras que se repite es “Whistleblower”, figura del delator o colaborador, que tanto promueven los funcionarios estadounidenses. En la misión de noviembre, los enviados fueron Carlos Costa Rodrigues de la SEC y Andrew Gentin del Departamento de Justicia. Estos funcionarios del gobierno de Donald Trump insistieron a los asistentes a esa capacitación sobre esa figura, y les aseguraron que para colaborar con EE.UU. no era necesario hacerlo vía Cancillería sino que podían escribirles directamente a sus casillas de mail personales.
No es la primera vez que Zambrano se junta con miembros del gobierno. El 4 de mayo se juntó con el ministro de Justicia Germán Garavano. Allí concurrió con Erin Schenck y Maria Angelique Roberts, ambos del Departamento del Tesoro, y con Peter Newman, primer secretario de la Embajada de Estados Unidos. El motivo fue conversar sobre crimen económico y anticorrupción. En la síntesis del registro de audiencias, consignaron que “se plantearon temas importantes a tener en consideración”.

Miren al norte.
El 3 de julio Zambrano se reunió con Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y con Mariano Federici, al mando de la Unidad de Información Financiera (UIF), ambos organismos dependen del Poder Ejecutivo y se alinearon en la persecución a ex funcionarios así como en la protección de los actuales. De la reunión también participaron María Eugenia Talerico, vicepresidenta de la UIF, Silvina Rivarola (representante ante organismos internacionales), Newman de la embajada norteamericana y Schenck del Departamento del Tesoro. Como motivo y síntesis consignaron una visita institucional.
Estas visitas al país se maquillan de capacitaciones pero tienen como objetivo el seguimiento de las causas judiciales que interesan al Gobierno estadounidense.
“Mi intención es seguir trabajando con los abogados y jueces de la Argentina en la mejora del sistema judicial y fortalecer la confianza que la gente tiene en el sistema judicial”. La frase pertenece a Edward Prado, actual embajador de Estados Unidos en Argentina, y la pronunció ante el Senado de su país. Y no fue casual, la embajada de EE.UU. ejerce una influencia cada vez mayor en los tribunales argentinos, en especial en Comodoro Py. Y las palabras del embajador Prado reproducen la lógica de los documentos que delinean la política exterior estadounidense.
En la web de la Casa Blanca se puede leer la Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. En el capítulo sobre el hemisferio occidental hay varias definiciones que, leídas post G-20 y a la luz de la causa de las fotocopias de los cuadernos apuntalan la hipótesis de la injerencia estadounidense. EE.UU. plantea que “China busca llevar la región a su órbita a través de inversiones y préstamos dirigidos por el Estado”.
La línea del embajador Prado está en ese documento, que plantea como objetivo “fortalecer el estado de derecho y emprender la reforma judicial” y luchar contra la corrupción en los países latinoamericanos.
Hay otro documento que complementa la Estrategia de Seguridad Nacional y es el Plan Estratégico 2018-2022 de la Usaid, la agencia estadounidense que bajo el manto del apoyo al desarrollo realiza tareas de inteligencia e intervención directa en numerosos países. En sus objetivos son aún más concretos y revelan su interés por despejar el camino a las empresas norteamericanas.

“Nuestra prosperidad”.
“Nos enfrentaremos a la corrupción en el extranjero, lo que socava la seguridad, permite las TCO (Organizaciones Criminales Trasnacionales) y genera desventajas para las empresas estadounidenses”, afirma el documento. “La corrupción subvierte los mercados abiertos e impide la capacidad de las compañías estadounidenses para competir”, insiste. Y advierte: “EE.UU. ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de liderazgo internacional que promueve la adopción de las mejores prácticas internacionales para perpetuar el sistema económico basado en reglas sobre el que se basa nuestra prosperidad, y para ayudar a garantizar un espacio libre y justo donde las empresas estadounidenses puedan competir”
Los documentos son claros. El discurso de la corrupción no tiene un objetivo ético sino el ingreso de las compañías norteamericanas a negocios que tienen vedados por la complicidad de empresarios y funcionarios que participan del esquema de coimas a cambio de obra pública. En lugar de competir, la estrategia es despejarles el camino bajo el manto de la lucha contra la corrupción. (Extractado de El Destape).