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El 24M se marchó desde la casa

LA PANDEMIA NO NOS BORRA LA MEMORIA

Por primera vez en cuatro décadas, no hubo miles de personas en las calles por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, por el aislamiento social decretado ante la pandemia mundial del Covid-19.
IRINA SANTESTEBAN – Ayer se cumplieron 44 años del comienzo de la dictadura militar cívica más cruenta de la historia argentina, aunque el terrorismo de Estado había empezado antes, durante el gobierno de Isabel Perón, su nefasto ministro José López Rega y la siniestra Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). En noviembre de 1975, ya habían comenzado las Fuerzas Armadas a desarrollar las tácticas «contrainsurgentes» aprendidas con instructores franceses y norteamericanos, quienes a su vez las habían desarrollado en Argelia y Vietnam.

Se marchó en casa.
Esa fue la consigna de los organismos de DDHH, quienes crearon diversas maneras de romper el aislamiento sin incumplir la medida de seguridad sanitaria correctamente decretada por Alberto Fernández.
A través de las redes sociales se compartieron fotos, flyers, videos, historias, testimonios, etcétera, y en miles de frentes, ventanas y rejas de hogares argentinos se colgaron pañuelos blancos, carteles y rostros de las víctimas del terrorismo de Estado.
Las principales referentas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también hicieron declaraciones en los medios de comunicación y se difundieron los documentos que habitualmente se leen en los palcos de las multitudinarias marchas de cada año, todos los 24 de marzo.

Fue genocidio.
La Memoria sobre aquel período nefasto de nuestra historia reciente es muy fuerte, a despecho de las teorías negacionistas que se intentaron imponer durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2017, mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se pretendió beneficiar a los genocidas que se encontraban en proceso por crímenes de lesa humanidad, con el 2×1. La enorme movilización en repudio de esa sentencia, obligó a los legisladores a dictar una ley que impidió que centenares de genocidas fueran liberados.
Se intentó también poner en duda el número de los desaparecidos, y por ello los organismos de DDHH insisten con la consigna «fueron 30.000».
El actual presidente tuvo una desafortunada expresión cuando hace un mes, en un discurso ante tropas que partían en una misión de paz a Chipre, dijo que «había que dar vuelta la página» y no culpar a los actuales militares por las «inconductas» de los que habían actuado durante la dictadura. Ante la airada reacción de organismos de DDHH y organizaciones políticas y sociales progresistas, AF pidió disculpas y ratificó su compromiso «en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables».

Condenados pero en sus casas.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, presentó un informe el pasado 16 de marzo, con motivo de la conmemoración del 44° aniversario del golpe, con los datos actualizados de los procesos judiciales, el estado de las causas, el avance de la situación procesal de las personas investigadas y el número de personas detenidas y sus correspondientes modalidades de encierro.
Según el informe, de un total de 592 causas en trámite, el 45% se encuentra en etapa de instrucción (266), el 41% obtuvo sentencia (241), el 11% está elevada a juicio (65) y sólo el 3% está actualmente en juicio oral (20).
En relación al tiempo de los juicios, para que una sentencia quede firme se necesita un promedio de 5,3 años desde su radicación ante un tribunal oral, la realización del juicio y el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Existen actualmente 3161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad, de las cuales el 47% se encuentran libres (1563), mientras que 28% están detenidas (913) y el 24% fallecieron (811).
De la totalidad de los investigados por estos delitos (3315), 968 están condenadas, 637 procesados, 544 imputados, 182 con falta de mérito, 156 absueltos, 91 sobreseídos, 70 indagados y 28 prófugos. Al menos la mitad de los condenados no están en la cárcel sino en sus domicilios.

Los que siguen impunes.
La dictadura fue militar pero también cívica y eclesial, porque la Junta Militar contó con la complicidad de muchos empresarios, que colaboraban estrechamente incluso prestando instalaciones y transporte para los operativos, y con una parte importante de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, a la hora de las condenas, estos sectores no fueron casi tocados por la Justicia. Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, en Jujuy, fue absuelto en la causa del «Apagón», cuando más de 300 pobladores de Libertador San Martín en esa provincia fueron secuestrados en camionetas de esa empresa; 33 de ellos continúan desaparecidos.
Quien fuera ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, responsable del desastre económico, del endeudamiento y también del desapoderamiento de los bienes y el secuestro y desaparición de algunos empresarios acusados de haber colaborado con las organizaciones revolucionarias, murió impune en 2013.
Por eso, en este 24M es necesario reafirmar la política de Juicio y Castigo a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, sean militares o civiles.
Sin olvidar a los obispos que brindaban «apoyo espiritual» a aquellos militares que flaqueaban ante las atrocidades que cometían, mientras negaban datos a las Madres y Abuelas que recurrían a ellos.
Hoy es una pésima señal que Alfredo Astiz o Miguel Etchecolatz, autores de tantos crímenes, pidan la prisión domiciliaria; debería ser abortada de cuajo en los Tribunales. Astiz fue el entregador en la Iglesia de la Santa Cruz de la primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor; de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, y de un grupo de familiares y militantes de derechos humanos, que en diciembre de 1977 intentaban difundir lo que realmente estaba sucediendo en nuestro país.
Etchecolatz fue junto a Ramón Camps, el comisario represor de la provincia de Buenos Aires, quien nunca le reveló a la Abuela «Chicha» Mariani el destino de su nieta Clara Anahí Mariani, apropiada luego del asesinato de sus padres Daniel Mariani y Clara Teruggi.
¿Esa gente, a una cómoda prisión domiciliaria? ¡Tienen que estar presos de por vida!