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El aborto es legal aunque algunos jueces no quieran

DEFENDER EL ESTADO DERECHO

La dosis diaria de justicia patriarcal aparece en cada rincón del país, con diferentes intensidades, de distinta forma, pero con la misma intencionalidad
reproductora de violencia machista.
VICTORIA SANTESTEBAN*
Un tribunal sanjuanino resolvió, contrario lo dispuesto por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que la falta de consentimiento del marido inhabilita la práctica del aborto. En este caso, la parsimonia judicial jugó a favor: el fallo fue posterior al aborto al que la mujer tuvo acceso por reunir las condiciones exigidas por la ley, es decir, por encontrarse dentro de las 14 semanas de gestación.

Justicia patriarcal.
La dosis diaria de justicia patriarcal aparece en cada rincón del país, con diferentes intensidades, de distinta forma, pero con la misma intencionalidad reproductora de violencia machista. La Justicia es patriarcal porque continúa rigiéndose por el universo axiológico que sustenta ese andamiaje legitimador de violencias y discriminación, en el que se hace imposible pensar la igualdad entre los géneros. Y aquí si bien la reciente y tan esperada ley de IVE dice clarito que la decisión para la práctica de un aborto está a cargo únicamente de la persona gestante cuando se encuentra dentro de las 14 semanas de gestación, los jueces de San Juan consideraron que el marido tenía decisión sobre ese cuerpo, aunque no sea él el que está gestando el embarazo, claramente. Estos jueces construyeron esa decisión alejados de la norma y regidos por la lógica de posesión -y entonces también disposición- de cuerpos feminizados que viene dada por la interpretación patriarcal del mundo. Mirada que construye además los mitos del amor romántico donde se confunde propiedad («soy tuyo/a») con amor y tanta patraña dañina junta concluye en razonamientos faltos de todo sustento legal como el dictaminado por el Poder Judicial sanjuanino.
¿Cuál es el sentido de que el pueblo a través de sus representantes sancione leyes que reconocen nuevos derechos, si luego quienes están a cargo de su aplicación continúan actuando al margen de la legalidad? No hay estado de derecho sin un control real sobre las atribuciones de cada función del Estado, si uno de sus poderes se excede y aleja de su deber de garante de la vigencia de las leyes y decide en contramano. La desidia judicial es tal que el decisorio fue contrario a una ley clara, donde no existe laguna legal ni interpretación posible que permita considerar que un marido tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de su esposa. La ley es clarísima y no existe artilugio legalista alguno para esquivar el aborto.

IVE.
La ley sancionada en diciembre de 2020 fue broche verde para despedir un año azotado por una pandemia global, pero que igual festejó que Argentina por fin se despedía de los tiempos de la criminalización de mujeres y cuerpos gestantes. No era de aguafiestas, pero se intuía que acciones antidemocráticas de parte de la justicia y demás grupos de poder serían el desafío en tiempos de ley de IVE en los que la lucha sería ahora velar por que el derecho conquistado no fuera pura cháchara. A casi medio año de la sanción, las presentaciones por anticonstitucionalidad han proliferado en todo el territorio nacional, y la sentencia sanjuanina se suma a los decisorios que, muy a pesar de la ley, deciden en base a códigos inventados, faltando a su deber de funcionarios públicos sin que se ponga en marcha mecanismos de destitución que aseguran el régimen republicano.
La ley estipula que dentro de las 14 semanas de gestación, la única persona habilitada para decidir sobre su cuerpo es quien se encuentra gestando el embarazo y sólo en caso de menores de 16 años la ley considera la necesidad de intervención de representantes legales. Luego de las 14 semanas, la persona podrá realizarse un aborto si se acreditan las causales que contemplaba el Código Penal con anterioridad a ley, es decir, en caso de que el embarazo sea producto de una violación, o corra peligro la salud psicofísica de la persona gestante.

Reforma.
La reforma judicial está en agenda y es tema urgente para que el estado de derecho no caiga en mera pretensión de legalidad a través de un cuerpo de privilegiados que hacen del acceso a la justicia una pantomima a través de sus cargos vitalicios e intocables, con sueldos que lejos de garantizar su independencia la flaquean, acomodados en una prosperidad inaudita de estabilidad de empleado público. Todo estado de derecho supone un sistema de enjuiciamiento de jueces y juezas que se corren de sus deberes de funcionario público, pero cuando los procesos son decorado, cuando la protección política y económica hace que sean estos sólo pasos de comedia para vender transparencia que en realidad es humo, entonces claro que esos jueces y juezas no les tiembla el pulso cuando dictaminan lo que les conviene, a pesar de que las leyes les indican lo contrario.

Nuevos derechos.
La normativa de avanzada que Argentina ha sancionado en los últimos años da cuenta de un pueblo que exige a sus representantes un orden legal en el que proliferen derechos para todos y todas: la ley 26.485 de protección integral hacia las mujeres, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo son consecuencia de la lucha feminista y del colectivo LGBTIQ para un país que incluya a todxs. Pero para ejercer los derechos de una ley sancionada conforme el proceso que instruye nuestra Constitución, el marco institucional deberá velar por esa vigencia, para que aquellos derechos que figuran en el mundo del deber ser de papel, pase un ejercicio de carne y hueso.
Con jueces y juezas que continúan actuando con una venda en los ojos al momento de leer las leyes vigentes, que fundan sus decisiones al margen de éstas y guiados por sus privilegios de género y clase, desde escritorios cómodos y suntuosos, desde un Olimpo en el que deciden conforme su voluntad que parecen confundir divina, entonces las sospechas aguafiestas de diciembre se corroboran. La lucha actual post sanción de la ley IVE es para velar por su cumplimiento, tarea que deberían ejecutar jueces y juezas. Por eso la reforma judicial feminista y decolonial es urgente.

*Abogada. Magíster en Derechos Humanos y Libertades Civiles.