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El aborto, otra vez al Congreso

EL PRESIDENTE ENVIO EL PROYECTO

Hoy, 25 de noviembre, es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Así, el debate sobre el Aborto Legal es ineludible, porque su práctica clandestina pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres más pobres y vulnerables.
IRINA SANTESTEBAN
Alberto Fernández cumplió su promesa de campaña y de la apertura del año legislativo. Tarde, pero cumplió. La presentación del proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en noviembre, obliga al Congreso a tratar el mismo en sesiones extraordinarias. Y aunque no es el proyecto que presentó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sus principales referentes se mostraron conformes con el que fue enviado por la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
A pesar de la pandemia y ante la demora en la presentación de este proyecto, la Campaña y las organizaciones feministas comenzaron acciones callejeras: pañuelazos y caravanas. También decenas de foros virtuales para exigir a AF que cumpliera su compromiso.
Una de las estrategias de difusión para presionar al Ejecutivo fue un ocurrente afiche con un puño y un pañuelo verde que decía: «Alberto, tenés un atraso». La asesora presidencial Dora Barrancos anunció en septiembre que la presentación de la iniciativa era inminente.
La semana pasada ingresó el proyecto por Diputados y ayer su presidente Sergio Massa tenía previsto reunirse con las presidentas de las comisiones de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha; de Legislación General, Cecilia Moreau; y de Legislación Penal, Carolina Gaillard; junto al presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin. También iba a reunirse con legisladores y legisladoras que están en contra del proyecto, para organizar el debate y para definir cuál de las comisiones será la cabecera del debate
En 2018, éste duró varios meses, con exposiciones a favor y en contra del proyecto, hasta que finalmente fue aprobado en Diputados y rechazado en el Senado.

Pronunciamiento.
En un documento conocido el fin de semana, la Campaña por el Aborto Legal consideró que el proyecto del PE tiene «coincidencias muy significativas» con su iniciativa, aunque formuló algunas observaciones.
La Campaña es un espacio amplio que nació hace 15 años al calor de los Encuentros de Mujeres, para bregar por la aprobación de una ley que legalice la IVE. En estos años, se presentaron siete proyectos, pero sólo el séptimo obtuvo estado parlamentario y logró que se debatiera en el recinto, con una amplísima difusión, hace dos años. Mientras en el Congreso se trataba el proyecto, en las calles y plazas la inmensa marea verde de las defensoras de la ley convocaban a multitudinarias movilizaciones. Los «pañuelazos» verdes inundaron el espacio público y las redes sociales, pero aún así, por 8 votos en el Senado, no se logró su aprobación.
Ahora, frente a la iniciativa del PE, la Campaña prefirió destacar las coincidencias con el proyecto propio, que todavía tiene estado parlamentario y podrá ser debatido junto con el oficial.
El proyecto asegura «la legalización, despenalización y el reconocimiento del derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación inclusive, y las causales luego de este período». Quiere decir, que si un embarazo es producto de una violación o pone en peligro la salud o la vida de la persona gestante, se puede practicar el aborto más allá de la semana 14.
Se reconoce el derecho de las niñas y adolescentes, como de las personas con discapacidad, para acceder a la práctica de la IVE, con libre expresión de su voluntad y con cobertura de los sistemas de salud. Se garantiza el «trato digno y libre de violencias, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información, de transparencia activa y calidad, según estándares de la Organización Mundial de la Salud».
Desde la Campaña destacaron que se haya previsto en el proyecto la protección de la mujer y persona gestante frente a «injerencias ilegítimas por parte de terceros». Así, se excluye la actuación de «curas, activistas fundamentalistas religiosos, novios o maridos que quieran que se continúe con el embarazo».

Orden público.
Un aspecto trascendente del proyecto es que se trata de un tema de orden público, por lo cual es de aplicación obligatoria en todo el país, con el objetivo de evitar futuros planteamientos de inconstitucionalidad. Sin embargo, a la luz de lo ocurrido durante el debate anterior y cada vez que se trata el aborto, no faltarán denunciantes ni jueces dispuestos a poner trabas a la aplicación de esta ley, si se aprueba. El argumento de «la vida desde la concepción» que han defendido los diputados y senadores que votaron en contra del proyecto, no se esfumará por arte de magia. De lograrse su sanción, la pelea se trasladará desde el Congreso hasta los Tribunales.

Diferencias.
Los médicos que no estén de acuerdo con practicar un aborto, tendrán la posibilidad de plantear la «objeción de conciencia», aunque limitada, ya que el proyecto le impone la obligación de derivar a la paciente a otro profesional para que realice la práctica. Y además no podrá excusarse si el embarazo es de riesgo y pone en peligro la salud o la vida de la mujer o persona gestante.
Aquí estriba una diferencia importante entre el proyecto oficial y el de la Campaña, pues en éste no se admitía la objeción de conciencia.
Otra discrepancia no menor es el plazo que otorga el proyecto oficial para realizar la práctica luego de haberla requerido: 10 días, mientras que en el anterior ese término era menor, de 5 días, hecho que adquiere importancia si el embarazo se encuentra muy cerca del límite de las 14 semanas.
La penalización a la mujer que causare su propio aborto o consintiera que otro se lo practique, más allá de las 14 semanas, es otro punto de contradicción entre ambos proyectos. El de la Campaña no preveía ninguna sanción para la mujer, en ningún caso; el proyecto oficial sí, pero reduce sensiblemente la pena, que en el Código Penal era de uno a cuatro años, y ahora pasa a ser de tres meses a un año. Y establece también que el juez podrá «eximir» de pena a la mujer «cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta.»
Hoy habrá acciones callejeras y virtuales por el Día de la Erradicación de todo tipo de Violencia contra las Mujeres. Las muertes por abortos clandestinos son una expresión de esa violencia, por ello, es más que urgente que el Congreso se disponga, ya sin dilaciones, a debatir y aprobar la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con exclusión de argumentos religiosos o fundamentalistas. Porque la ley no obliga a ninguna mujer a practicarse un aborto, y sí evitará que mueran las más jóvenes y pobres, en prácticas clandestinas e inseguras.