El antiestatismo a contramano del mundo

Las voces que se levantaron en La Pampa para oponerse a la expropiación de la empresa Vicentin coinciden con lo que quieren los grupos económicos más concentrados: nada de participación del Estado en la economía; los grandes negocios, los rubros más rentables como las agroexportaciones, deben ser explotados en exclusiva por la actividad privada y el Estado tiene que mantenerse bien lejos -ni siquiera con regulaciones o controles, considerados «excesivos»- aunque quiebren empresas, fuguen divisas, evadan y eludan impuestos, corran el riesgo de ser absorbidas por holdings extranjeros, dejen un tendal de Pymes colgadas o miles de trabajadores sin empleo. A lo sumo la intervención estatal debe limitarse a un salvataje para que los empresarios fallidos no pierdan dinero. En síntesis, lo que quieren es un Estado bobo, socio en las pérdidas y ausente en las ganancias.
El diputado radical y el presidente de la cámara industrial pampeana que opinan tan en sintonía con la elite económica se distancian de lo que piensan y piden muchos dirigentes cooperativos de Santa Fe o los sindicatos que nuclean a los miles de trabajadores de Vicentin, quienes se han manifestado a favor de la intervención y la expropiación.
Lo que prefieren ocultar los antiestatistas argentinos es que la intervención del Estado en la economía está en auge en todo el mundo a partir de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. La Unión Europea aprobó que los Estados miembros puedan intervenir activamente en el mercado, incluso para nacionalizar empresas. Ya lo han hecho Alemania, Italia y Francia con grandes aportes económicos, capitalizando acciones e incluso estatizando aerolíneas.
Por su parte, Estados Unidos tiene una larga tradición en la materia como ayer se mostró con elocuencia a través de un documentado artículo publicado en este diario. A lo largo del último siglo, sucesivos gobiernos norteamericanos -a despecho del discurso ultraliberal exportado hacia los países subdesarrollados- han estatizado total o parcialmente compañías aéreas, ferroviarias, mineras, automotrices, bancos, aseguradoras, etc. En la década del treinta uno de los presidentes de EEUU -Franklin D. Roosevelt- llegó al extremo de confiscar el oro en poder de ciudadanos y empresas; y ello ocurrió en el país más rico del planeta para envidia de Lenin, Mao o Fidel Castro.
Lo que callan los empresarios más poderosos y los políticos ultraliberales que tienen tanta cabida en los grandes medios son las gruesas irregularidades cometidas por Vicentín. Créditos multimillonarios del Banco Nación durante el macrismo cuando la empresa ya estaba en cesación de pagos, investigaciones de la UIF por fuga y lavado de dinero, esquemas de ocultamiento de activos, relaciones con sociedades off shore no declaradas, triangulación de exportaciones para eludir impuestos y otras maniobras por el estilo que hablan de un manejo muy poco transparente de sus propietarios.
Pero el dato que más compromete al establishment es otro, también mantenido en reserva por las usinas mediáticas de la derecha: Vicentín fue el mayor aportante a la campaña electoral de Mauricio Macri, con montos de dinero que todavía se desconocen con exactitud pues van creciendo a medida que se profundizan las investigaciones.
El caso Vicentín tiene una virtud: torna más transparente el juego de intereses y constituye un parteaguas, una «grieta» según el lenguaje belicoso de la prensa oligopólica. Quienes se ubican de uno y otro lado expresan posiciones muy claras sobre el modelo de país que defienden: uno más equitativo y con un Estado presente; el otro más desigual y con un Estado decorativo. Nunca se ha presentado tan clara esta división como hoy lo permite la discusión pública sobre el futuro de una megaempresa cuya súbita bancarrota es tan difícil de explicar.