viernes, 18 septiembre 2020
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El apriete de la Corte se cobró una víctima

LOS SUPREMOS ENOJADOS POR LA REFORMA JUDICIAL

Cómo advirtió a través de los medios del sistema, el máximo tribunal amenaza con emitir fallos «contra el kirchnerismo» para combatir la reforma. Comenzó con el dirigente social Luis D’Elía, un icono del «lawfare».
ADRIAN MURANO
La Corte Suprema inició su apriete a la Reforma Judicial con fallos «contra el kirchnerismo», tal y como había avisado a través de los medios del sistema apenas se conoció el proyecto oficial. En una decisión unánime, el máximo tribunal confirmó la condena a cuatro años para el dirigente social Luis D’Elía, sentenciado a purgar prisión efectiva por una protesta en una comisaría porteña, hace 17 años.
El recorrido de ese expediente es una muestra del uso político de los tribunales, mecanismo que en el último lustro recibió el mote de «lawfare». El 25 de junio de 2004, D’Elía y otras 40 personas coparon la comisaría 24 de La Boca en reclamo por el asesinato de un miembro de la organización, Martín «Oso» Cisneros. El «Oso» conducía el comedor Los Pibes, un centro de atención social que a menudo colapsaba por la demanda de aquella Argentina devastada tras una década de modelo neoliberal.
La tarea social de Cisneros confrontaba con la actividad de bandas que husmeaban en la carencia para captar punteros para el narco. La protesta de la que participó D’Elía -entonces líder de la agrupación y funcionario de Néstor Kirchner- buscó visibilizar la complicidad policial con las bandas que operaban en La Boca. Concretamente, acusaban a autoridades y efectivos policiales de haber liberado la zona para que Juan Carlos Duarte, un pistolero conocido en el barrio, asesinara a Cisneros.
Como consecuencia de la presión social, asuntos internos investigó y ratificó las sospechas contra la cúpula de la comisaría, que fue removida, al tiempo que Duarte resultó detenido y condenado a 18 años de prisión. En julio de 2016, sin embargo, el asesino recibió el beneficio de la libertad condicional y actualmente se encuentra en libertad. D’Elía, en cambio, está en prisión domiciliaria por COVID-19, aunque el fallo de la Corte podría devolverlo a prisión.

Jugada de Ercolini.
En 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 (TOCF6), integrado por los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero, consideró al dirigente autor de los delitos de «atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de las fuerzas de seguridad, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación, en concurso ideal».
La condena sobrevino 13 años después de lo hechos. Por los plazos que prevé la ley, el caso debió haber prescrito. Pero una oportuna maniobra judicial evitó la extinción de la acción penal: el tribunal unificó en un mismo juicio la protesta en la comisaría con la trifulca con un productor chacarero, ocurrida en el obelisco porteño en 2008.
El ardid que permitió mantener vivo el juicio de fue posible gracias al juez federal Julián Ercolini, quien en marzo de 2015 elevó a juicio oral a D’Elia por trenzarse con el manifestante. El oportuno fallo de Ercolini -uno de los jueces predilectos de la Mesa Judicial macrista- permitió que el tribunal avanzara con el juicio contra el dirigente por la protesta de 2008. Finalmente, D’Elía resultó absuelto de la mentada «agresión», pero marchó preso por protestar en un expediente que debió haber prescrito.
Un mensaje claro.
La burda pero efectiva operación judicial se consumó durante el régimen macrista, beneficiario y perpetrador del «lawfare». De modales bruscos y aire pendenciero, D’Elía fue estigmatizado y elevado a enemigo icónico de la Argentina blanca y pretendidamente ilustrada que copa los tribunales y los medios de comunicación.
Custodios del status quo que mantiene al país en el subdesarrollo para usufructo exclusivo de una elite, la Corte Suprema usó una vez más al dirigente social para enviar su mensaje de resistencia. Los cortesanos desestimaron el recurso que presentó la defensa al considerar que resultaba «inadmisible en virtud de lo dispuesto en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación». El artículo otorga una amplia discrecionalidad al tribunal para que acepte o deseche recursos extraordinarios. Esa discrecionalidad, precisamente, es uno de los puntos que se propone revisar el Consejo Asesor creado en el marco de la Reforma Judicial.
Se entiende, entonces, la rápida reacción de los cortesanos al anuncio: sin la prerrogativa discrecional de elegir qué temas tratar y cuáles no, el tribunal perdería el formidable poder de extorsión política del que se ufanó el fin de semana en los medios del sistema. «La Corte se siente amenazada y reactiva algunas sentencias», tituló el diario La Nación. «La respuesta de la Corte Suprema: ya sin feria, se esperan más fallos contra el kirchnerismo» azuzó Clarín. Las pruebas del abuso de poder están a la vista. Como dicen en los tribunales: a confesión de parte… (El Destape).

La Justicia en blanco y negro
Carlos Menem y Domingo Cavallo fueron sobreseídos en 2019 porque se vencieron los “plazos razonables” en la causa por la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina a un precio de regalo.
Por la recordada estafa al Estado denominada “Megacanje”, Domingo Cavallo fue absuelto en 2016.
Mauricio Macri fue desprocesado apenas asumió como Presidente en la causa por las escuchas ilegales realizadas cuando fue jefe de gobierno de la CABA. Antes, en 2002, había sido absuelto por la causa de contrabando por la Corte Suprema.
En 2017 la CSJ terminó de sobreseer a Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre en la causa por apropiación ilegal de Papel Prensa durante la última dictadura militar.
No son los únicos ejemplos pero alcanzan para mostrar que condenas y absoluciones están íntimamente ligados a la pertenencia social de los reos. D’Elía pagó caro ser un “negro sin plata”, como él mismo suele autodefinirse.