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El bochorno judicial macrista al desnudo

El período más vergonzoso del Poder Judicial argentino está quedando expuesto a la vista de los que quieran ver. La sucesión de causas que se están cerrando por falta de pruebas, muestra ya sin sombra de duda lo que fue en nuestro país el accionar venal de tantos jueces y fiscales.
En la causa conocida como «dólar futuro», la Cámara de Casación rechazó el pedido del fiscal contra la decisión de cerrarla por falta de pruebas. Ese expediente estrafalario pudo avanzar porque el juez Claudio Bonadío se negó a realizar peritajes.
La «causa Qunita» está al borde de la extinción en virtud de los resultados de -precisamente- los peritajes. Al igual que la anterior, el mismo juez se había negado a su realización. Las investigaciones determinaron que no hubo perjuicio para el Estado.
La causa por el Memorándum con Irán es otro aprieto para los jueces que tienen que resolverla ante la evidente inexistencia de delito. Un caso aparte son los camaristas que visitaron al expresidente Macri en Olivos durante todo el desarrollo de este dislate jurídico.
El expediente abierto por el fiscal Marijuán por la presunta «persecución a Stiusso» terminó en sobreseimientos para Cristina Kirchner y el resto de los acusados. Ninguna acusación pudo ser comprobada pues se determinó que «se utilizaron los resortes legales pertinentes» y los «mecanismos y herramientas de los organismos estatales».
La causa por «la obra pública en Santa Cruz» está recibiendo una bofetada tras otra con la comparecencia de testigos. Hasta los presentados por los acusadores niegan la existencia de las irregularidades tan propagandizadas por el macrismo y sus medios adictos.
La exprocuradora General, Alejandra Gils Carbó, declaró como testigo en la causa que investiga a la «mesa judicial» macrista. Habló de su renuncia motivada por el ensañamiento con que fue perseguida y de la «violencia estatalizada» que se ejerció contra ella y sus hijas. El hoy prófugo de la justicia «Pepín» Rodríguez Simón está en la mira por su activa participación en los aprietes.
A estas causas que, por su evolución, han sido noticia en los últimos días, deben agregarse otras que desnudan sin tapujos la obscena manipulación del aparato judicial que tuvo lugar bajo el gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de perseguir y encarcelar a funcionarios y dirigentes kirchneristas no se detuvo ante ningún límite. Hoy ya están probadas las continuas visitas de jueces y fiscales tanto al expresidente como a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La coordinación entre los poderes Ejecutivo y Judicial -reforzada con la llamada «doctrina Irurzun» para encarcelar sin condena- no registra antecedentes en gobiernos electivos y constituyó una violación de todos los preceptos constitucionales que regulan la independencia de los poderes del Estado.
El uso del aparato judicial como arma para perseguir y mortificar a dirigentes políticos se extendió en América Latina y llegó a la Argentina de la mano de la derecha neoliberal. El llamado «law-fare» fue diseñado en EEUU y aplicado dócilmente por los gobiernos alineados. La tercera pata, la mediática, tuvo también un rol decisivo y hasta aportó mano de obra a los grupos de tarea.