¿El Bolsonaro de Argentina?

Las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en contra de los organismos de Derechos Humanos, revelan la matriz represiva de su pensamiento y accionar. Mucho show pero mostró poca utilidad en la asonada policial.
IRINA SANTESTEBAN
Aunque intentó luego adecuar su discurso pidiendo tardías disculpas por el exabrupto, Berni sigue siendo «noticia» por sus manifestaciones a tono con su formación policial-militar (de la represiva, muy lejos de la sanmartiniana).
Habló de los organismos de DDHH como si todas las personas que integran ese espacio fueran funcionarios. «Cobran sueldos altos y no aportan nada», dijo, sin aclarar a quiénes se refería. Quizás a Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, hijo de desaparecidxs y apropiado por un militar? Luego del estrépito de estas declaraciones en el reportaje que le hiciera la periodista Romina Manguel, aclaró que tenía un profundo «respeto» por las Madres, Abuelas e Hijos de las víctimas de la dictadura militar-cívica, cuando ya estos organismos habían repudiado públicamente su desatinado show.
Si es por «aportar» en la gestión, Berni debería callarse la boca, porque como ministro de Seguridad bonaerense nada sumó para desactivar la asonada policial. Poco efectivas resultaron sus arengas duras a una tropa que no dudó en rodear la casa del gobernador Axel Kiciloff en La Plata y no contenta con eso, marchó a la quinta de Olivos, residencia presidencial. ¿Qué «aportó» el ministro tan bravucón en esas horas aciagas para la democracia? ¿No vio venir semejante movida de sus subordinados? Antes del apriete policial, su jefe político había anunciado un plan de reequipamiento de la policía, ¿sus jefes policiales no le advirtieron que había tanto descontento en la base de la fuerza? ¿Por qué mantiene a más de una veintena de jefes policiales designados por la anterior gestión de Vidal?

Aspiraciones.
Berni no oculta que tiene claros objetivos políticos. Él mismo reconoció que el período de aislamiento que hizo cuando padeció coronavirus, lo dedicó a la preparación de su lanzamiento para presidir el Partido Justicialista, en las próximas elecciones partidarias. No aclaró si sus aspiraciones son provinciales o nacionales, pero sí está muy claro que su pensamiento y accionar dista mucho de una concepción de «seguridad democrática», bandera de los sectores progresistas del gobierno, al que Berni dice apoyar cuando asegura que su jefa política es la expresidenta CFK.
Flaco favor le hace a este gobierno y no se entiende cómo el gobernador AK no prescindió de sus servicios luego de sortear el apriete de la policía la semana pasada. Al contrario, en la conferencia de prensa donde anunció que su gobierno otorgaría casi todo lo que pedían los sublevados, lo sentó a su lado y lo saludó al finalizar como si la actuación de su ministro hubiera sido destacada. Todo lo contrario, se demostró que, tal como lo calificó el periodista Horacio Verbitsky en su columna del domingo en este diario, «sólo Berni ignoraba lo que podría suceder, seguro que, donde él está, reina el orden».

Repudio.
La mayoría de las organizaciones de Derechos Humanos repudiaron las declaraciones de Berni, y en el comunicado conjunto (que no firmó la Asociación de Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe Bonafini) le espetaron que tales afirmaciones «ofenden nuestra historia y nuestra lucha» y que «no pueden tener lugar en un movimiento popular». El pronunciamiento que firman Abuelas de Plaza de Mayo que preside Estela de Carlotto, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (de Nora Cortiñas, entre otras), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), y otros organismos, fue más allá. Exhortan al ministro a ocuparse «de los graves problemas que atraviesan la provincia y el país». Le recuerdan, además, que «la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense -bajo su mando- reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro».
La Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares, querellante en la causa por delitos de lesa humanidad en Bolivia, en la causa radicada en la justicia federal de Córdoba, también sumó su repudio a las declaraciones de Berni.

Desalojos.
Su disculpa no es creíble para los organismos ni para aquellos que defienden una concepción de la seguridad estrechamente ligada al respeto de los derechos humanos básicos de la población más humilde. Nada que ver éstos con el pensamiento de Berni, tan afecto a mostrarse blandiendo armas, en lugar de preocuparse por la prevención del delito, en una provincia donde la «maldita policía» fue definida hace más de medio siglo por Rodolfo Walsh como la del «gatillo fácil y la mano en la lata».
Mientras los efectivos policiales se quejan de sus bajos salarios (hecho cierto, tal como tienen bajos salarios los docentes y trabajadores de la salud, por ejemplo), no cesan de vulnerar los derechos de los sectores que tienen aún menos que ellos.
El viernes pasado hubo un violento desalojo policial en Ciudad Evita, donde una joven que sostiene un comedor para 300 familias fue víctima de disparos en un ojo y más de 40 proyectiles en su cuerpo. Según informó ayer Página/12 el procedimiento no contaba con orden judicial. Entonces, ¿por orden de quién actúa la policía, sobre la que tiene su mando político el ministro de Seguridad?
Es inaceptable que no se atienda el reclamo de tantas familias que hasta hace muy poco alquilaban y hoy, pandemia y crisis económica mediante, no tienen dónde ir a vivir. ¿Es un delito que busquen terrenos que, como el de Ciudad Evita, era un basural y ellos limpiaron para poder acceder a un espacio donde edificar una vivienda?
El gobierno de AK, que aceptó rápidamente el reclamo de la policía, debería atender también las justas demandas de miles de familias sin techo. No son «vivos» ni «ilegales» ni delincuentes. Son argentinos y argentinas desesperadas, que merecen la atención del Estado, si de verdad, como declama el presidente Alberto Fernández, éste es un gobierno nacional que piensa «en todos».