El circo judicial, un búmeran impensado

I - La misma jueza que tomó la polémica decisión de intervenir el Partido Justicialista produjo en la semana otro hecho judicial funcional a la necesidad del gobierno de ocluir la realidad de tarifazos, inflación y endeudamiento con escandaletes político-jurídicos. La magistrada procesó a tres ex altos funcionarios del gobierno anterior acusados de discriminar al diario Clarín con la pauta publicitaria. A nadie escapa que la decisión de la jueza está en sintonía con la ofensiva judicial que se ha desatado contra la anterior gestión, mientras se omite similar celo judicial con gravísimos actos de corrupción como la existencia no declarada de empresas off shore, dólares en negro y actividades económicas incompatibles con la función pública que envuelve a funcionarios del actual gobierno.

II - No obstante, si se sustrae por un momento la evidente intencionalidad política de ese procesamiento por la pauta publicitaria (que involucra también a un pampeano), debe coincidirse que la medida tiene una trascendencia que excede por mucho los subalternos intereses que en este caso se juegan por detrás de la decisión. Podría decirse que la acusación de "abuso de autoridad" que se le endilga a los funcionarios kirchneristas por discriminar a un medio periodístico como una herramienta de presión es uno de los delitos que con mayor frecuencia ha afectado la libertad de prensa en la Argentina.

III - Históricamente, los gobiernos nacionales han concentrado la pauta publicitaria de manera discrecional privilegiando a los medios porteños y amigos en detrimento de los medios del interior u opositores. Esta situación de desventaja en la que los periodistas de las provincias e independientes han desarrollado históricamente su labor ha sido siempre motivo de reclamo de las organizaciones que nuclean a la prensa. (Curiosamente fue el kirchnerismo, ahora apuntado, el que más hizo por federalizar la pauta publicitaria nacional distribuyéndola de manera tal que, por primera vez durante esos años, muchos medios del interior, pequeños y medianos, tuvieron la posibilidad de acceder mínimamente a esos recursos que históricamente se concentraban en los medios porteños).

IV - Hoy, con el silencio cómplice de las organizaciones que dicen defender la libertad de prensa (en los últimos días se escuchó un tímido pedido, casi un ruego, de una de ellas) el gobierno nacional ha creado un sistema de distribución de la pauta nacional que retrotrae la situación a los años anteriores al kirchnerismo cuando los grandes medios acaparaban la pauta nacional y los medios de los pueblos y ciudades del resto del país eran relegados. Pero si es grave que se haya retrocedido en este aspecto, más grave aún es que ese retroceso venga acompañado por una solapada pero evidente y omnipresente intención de subordinar la diversidad de opiniones y disciplinar al periodismo con el manejo discrecional de la pauta.

V - Por eso el procesamiento ordenado por la jueza funcional al gobierno es, de una manera impensada por sus autores, una forma de indicarle a los medios que hoy son discriminados, cuál es el camino para reclamar por el derecho a democratizar la pauta publicitaria que este gobierno sustrae y cuáles son las consecuencias judiciales que deberán afrontar los funcionarios que hoy manejan esos dineros públicos con la política de látigo y billetera, al influjo de los informes que los caciquejos lugareños de Cambiemos les pasan sobre la "conducta" periodística de los medios a los que se "premia" o "castiga".

VI - Los procesos judiciales que seguramente a partir de esta medida, iniciarán los medios discriminados por el macrismo en el reparto de la pauta publicitaria tienen, con la decisión de la jueza, un precedente que permite anticipar que la conducta de los funcionarios actuales no tendrá distinto tratamiento que la que se les endilga a los kirchneristas. Pese a que no escapa que el objetivo de la jueza no fue advertir a los actuales repartidores de la pauta que su conducta los encuentra incursos en el mismo delito, ni tiene como objetivo transparentar nada sino solo sumar circo judicial a la realidad argentina, lo cierto es que, en este caso, han creado las condiciones para que, como un búmeran, el proceso por abuso de poder en el manejo de la pauta publicitaria contra los K, termine impactándolos. (LVS)