El coronavirus es nuevo; las fake news y lawfare son viejas

Comienza la cuarta etapa de cuarentena contra el COVID-19. Es una medida apropiada, pero contra el virus de las falsas noticias de medios corporativos y la guerra judicial de la Cloaca de Comodoro Py, no se toman medidas.
SERGIO ORTIZ
La pandemia ha evidenciado las prioridades de las diferentes clases sociales y sus representaciones políticas, y cuáles son sus maneras de bregar para llevarlas a la práctica. Los sectores populares están preocupados por la salud, sobre todo, y por tener recursos básicos para vivir, tantas veces negados por los dueños del poder económico y financiero (y político, en tiempos de Mauricio Macri).
Los representantes del gran capital, en cambio, priorizan la continuidad de sus negocios y acumulación de riquezas, como valor fundamental. La salud de la gente, para ellos, debe viajar en un vagón de segunda.
Esa diferente escala de valores fue encarnada a los ojos del mundo por personajes neonazis como el magnate Donald Trump. Por algo gobierna el país que tiene más contagios y muertos por Covid-19 en todo el planeta.
No se crea que en Argentina no hay gente de esa calaña.
La Asociación Empresaria «Argentina» y la Unión Industrial «Argentina» (ambas con comillas porque muchas empresas asociadas son monopolios extranjeros o asociados a éstos), vienen clamando por la «reactivación productiva». Frase engañosa si las hay, porque quieren que sus fábricas recuperen el volumen de negocios anterior a la pandemia, a como dé lugar. Con tal que Alberto Fernández le autorice esa «normalización» son capaces de aceptar formalmente los protocolos de Nación y de las respectivas provincias. En la práctica muchos no han provisto siquiera los elementales barbijos a su personal ni el alcohol con gel.
Esos monopolios, banqueros y exportadores son representantes del gran capital, no de Argentina. Exigen la reanudación de la producción con rebajas de sueldos a su personal -aunque el Estado les pague el 50 por ciento de los salarios -, suspensiones masivas e incluso despidos. Techint con 1.450 cesantías, a pesar del decreto presidencial que las prohibía en la emergencia, es un caso alevoso, pero no es el único. Las automotrices, petroleras, empresas de construcción y muchas más tienen comportamientos similares.
Esa falta de humanidad se revela en que han aplicado descuentos sobre personal de más de 60 años y de grupos de riesgo, que no debían ir a trabajar. Peor aún, los trabajadores de la Sanidad han denunciado fuertes rebajas de salarios de clínicas y sanatorios privados, pese a que el personal sanitario es protagonista y héroe en la lucha contra el coronavirus.
La población agradece a médicos y enfermeras por su trabajo, pero esas patronales no sólo no aplauden sino que además les quitan parte del ingreso.

Muchas fake news.
Frente a esas campañas empresarias, la conducta del gobierno es contradictoria. Por un lado no obedece ni se doblega ante esos imperativos de la gran patronal para que permita la reanudación de las actividades económicas como valor supremo, aún cuando eso depare muertes.
Esa negativa habla bien de Alberto Fernández, del ministro Ginés González García y los especialistas del Comité de Emergencia. La cuarentena comenzará este lunes una cuarta etapa con cierta flexibilización en buena parte del país. Seguirá bastante rígida en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y otras grandes ciudades. Las autoridades provinciales podrán elevar listas de actividades para abrirlas relativamente, con protocolos y controles.
Es una medida correcta. Se puede flexibilizar porque la duplicación de casos se produce a los 25 días. Como se dijo bien en Olivos, la pandemia está contenida, pero no resuelta y hay que mantener el aislamiento social.
En ese sentido quedaron desairados los energúmenos economistas y periodistas que vociferaban contra la cuarentena, como si ésta fuera la enfermedad. El partido anticuarentena quedó tan aislado como el que promovió sin éxito un cacerolazo contra el comunismo. Son tan ignorantes que lo hicieron a dos días de conmemorarse el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Ese resultado en gran medida se logró gracias al pueblo de la Unión Soviética, la dirección de José Stalin y el Ejército Rojo. O sea el comunismo.
Hubo mucha campaña mediática para golpear al gobierno de los Fernández. Estuvieron activas las corporaciones empresariales y la derecha política nucleada en Juntos por el Cambio y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich (el otro sigue en la reposera). Esta semana siguieron explotando el filón de la fake news que venía de la semana anterior: la falsa liberación de presos por gracia y obra del gobierno.
Apuntaron específicamente a la vicepresidenta como responsable de esas seudo liberaciones masivas de violadores, abusadores, asesinos y demás criminales (eso sí, se cuidaron de meter en esa lista a los genocidas de la última dictadura; de mil condenados, la mitad tiene domiciliaria).
Quedaron de resalto las tres patas de esas mentiras, articuladas entre sí: juezas como Julia Márquez, operadores mediáticos como Feinmann, Leuco, Morales Solá, Roa, etc; y políticos como Bullrich.
De a poco se fue develando la enorme mentira. No se habían liberado 176 presos por violaciones y abusos sexuales. El fallo de la Cámara de Casación bonaerense que aceptó el habeas corpus por numerosos detenidos aclaró que las domiciliarias debían ser analizadas caso por caso por los jueces. Y achicar el número de presos no era una originalidad «peronista». En varios países, incluso EE UU, se había liberado a detenidos para achicar el riesgo de contagios en las cárceles, que luego se expanden al resto de la población.
De todos modos el daño quedó hecho. Mucha gente se quedó con la primera desinformación nacida de la usina de Clarín y consumida masivamente. Peor aún, la Corte Suprema bonaerense dio marcha atrás con el justo fallo de Casación, acogiendo la apelación del fiscal Carlos Altuve. Y así la fake news ganó ese partido 2 a 1.

¿Para cuándo una ley de medios?
Habrá que ver si los datos de contagios ayuda a comprender la necesidad de descomprimir las cárceles y si eso impacta o no en la justicia bonaerense.
¿Por qué allí? Porque el Área Metropolitana de Buenos Aires es el epicentro de los contagios y muertes, con el 64 por ciento del total del país.
Los analfabetos políticos intoxicados con la desinformación promovida por la Asamblea Empresaria «Argentina», la UIA y el PRO, deberían tomar nota de sus riesgos de contagiarse. Si el caso de las cárceles no les sirve para comprender – por su mentalidad onda Susana Giménez- pueden intentarlo con los números de la villa 31 de Retiro. Allí y en otras villas de la ciudad, el martes 5 los enfermos eran 249 y el viernes llegaron a 410: casi se duplicaron no en 25 días sino en tres. Y de ahí vienen muchas de sus empleadas domésticas, jardineros, plomeros y albañiles…
Los medios de comunicación con fake news son más numerosos y poderosos. Clarín siguió con las 237 licencias de medios audiovisuales que en 2009 quiso democratizar y redistribuir la ley de servicios de comunicación.
Se sabe cómo terminó esa batalla. El ejército de Héctor Magnetto y regimientos menores (América e Infobae), los macristas de Cambiemos y la corpo de jueces, camaristas y supremos, paralizaron esa norma legal. Y en 2015, el gobierno neoliberal entró a degüello. Chau ley, AFSCA y los beneficios para medios comunitarios.
A la luz de lo ocurrido estos días, la pregunta es: ¿por qué el gobierno de los Fernández no hace nada para resucitar y mejorar esa ley pluralista y antimonopólica? ¿Se resignará a que la escudería monopólica siga manejando la agenda y, sobre todo, la mente de los argentinos, intoxicando según sus intereses económicos?

¿Y la reforma judicial?
El otro interrogante de esta semana es cuándo el gobierno romperá su inercia y tomará iniciativas para enderezar lo torcido de la justicia. Que no se mal entienda como un pedido al presidente a meterse en otro poder. Respetando la división de poderes, el país necesita un servicio de justicia que merezca ese nombre y no camarillas que fallan según la billetera del cliente, sin la venda que debería vedarles esa info.
Esta semana mostró el bajo nivel de la justicia en general, con varias y honrosas excepciones. En reportaje en AM750 Mariano Martín obtuvo de la camarista Ana María Figueroa la confesión de que durante el macrismo un funcionario allegado al ministro Garavano la extorsionó. Quería que fallara por reabrir la causa del Memorando con Irán, procesando a Cristina Fernández, varios exfuncionarios y tres políticos (D’Elía, Esteche y Khalil).
Si bien Figueroa no dio el nombre, para CFK y muchos más se trataba de Juan B. Mahiques, militante del PRO y actual procurador general en CABA. La expresidenta no se limitó a tuitear sobre el tema y lo sumó como prueba a una denuncia suya anterior ante la CIDH.
¿El presidente AF cumplirá su promesa del 1 de marzo de promover una reforma judicial? Es vital. Imprescindible. La Villa 31 de Retiro está contagiada de Covid-19, pero el cercano Comodoro Py está hasta el moño de lawfare. Esa justicia contaminada tiene sus muertos, como Claudio Bonadío, pero mantiene una salud envidiable y enferma a la democracia.