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El costo de un error

No hay dudas de que el ahora ex ministro de Salud, Ginés González García, cometió un grave error al posibilitar que un grupo de personas recibiera la vacuna contra el Covid-19 sin esperar su debido turno. Y lo pagó caro pues el Presidente le pidió la renuncia de inmediato. Añade ruido el hecho de que dos de los vacunados -Jorge Taiana y Eduardo Valdés- sean legisladores oficialistas y un tercero -Horacio Verbitsky- un reconocido periodista cercano a figuras del gobierno.
Ahora bien, ante el fuerte griterío que este derrape provocó se torna necesario separar la paja del trigo. Era esperable que la oposición política y su brazo armado, los grandes medios de confusión porteños, se subieran al caballo de la crítica con la furia que los caracteriza y festejaran por adelantado las denuncias que lloverán ante la Justicia. Es el costo que el gobierno debe afrontar luego de un suceso tan desafortunado. Y como dijo un periodista, cuando la derecha huele sangre, no duda en clavar los colmillos.
Pero en esa reacción opositora se advierte de inmediato la marca en el orillo. En la prensa corporativa se destacan algunos nombres y se ocultan otros. Los tres mencionados arriba figuran en los titulares más visibles de las tapas y los portales web, en cambio al empresario marplatense Florencio Aldrey Iglesias y sus familiares apenas se los menciona, y lo mismo ocurre con los otros tres implicados. Otro nombre que fue escondido es el de José Aranda, CEO de Clarín, quien desmintió haber gestionado por izquierda su vacunación aunque Ginés González García se lo habría mencionado a Alberto Fernández en la conversación que mantuvieron. De todo esto se desprende que por el designado «Vacunatorio VIP» pasaron solo diez personas, y todas ellas en edades consideradas de riesgo.
Pero lo que sí logró este tropiezo del ex ministro es que los grandes medios no hablaran de dos hechos políticos significativos y costosos para la derecha sucedidos en las últimas horas. Uno es el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por espionaje ilegal cuando estaban al frente de la AFI, uno de las ollas más nauseabundas destapadas desde el retorno de la democracia. El otro es el desastre organizativo que afectó a los habitantes de la Capital Federal que quisieron inscribirse para ser vacunados. El sistema informático colapsó y las interminables demoras indignaron masivamente a los porteños que sintieron en carne propia el escaso compromiso de sus autoridades políticas con el operativo de inmunización con la «vacuna rusa». El contraste con la provincia de Buenos Aires fue rotundo; con una población seis veces mayor, allí el sistema respondió sin mayores inconvenientes.
Seguramente que la mayor preocupación del gobierno nacional por lo ocurrido no esté en el previsible castigo de la oposición política y mediática sino en la consternación que provoque entre sus simpatizantes. Para los partidarios de la derecha el ejercicio del privilegio forma parte de su ideología y de su cultura política y no recibe, ni de lejos, la misma condena. El macrismo en el poder se cansó de mostrar -incluso a niveles obscenos- las diferencias de trato entre los sectores privilegiados y los postergados; y lo hizo casi sin mengua de su nivel de adhesión. En cambio un gobierno que se dice popular no puede caer en esas prácticas porque entra en contradicción con sus postulados y con las demandas de sus electores.