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El despojo de tierras y aguas

«La Pampa es la provincia más fácil de dibujar», suelen decir chicos y chicas cuando comienzan a incursionar en el estudio de la geografía regional en la escuela primaria. Y tienen razón. Salvo el límite sur, que sigue la traza del sinuoso río Colorado, todo su contorno está determinado por líneas rectas.
Lo que no es tan conocido es que ese diseño es el resultado de decisiones políticas que en la práctica obraron como una suerte de tupacamarización territorial. El desgajamiento de enormes extensiones de tierra a manos de provincias vecinas, convalidado por el gobierno central, fue lo que prevaleció durante largo tiempo. La condición de territorio nacional favoreció esa rapiña con lo cual bien puede decirse hoy que la forma actual de La Pampa estuvo determinada por el despojo. La serie de artículos que viene publicando este diario da cuenta de ese proceso que tiene no pocos puntos oscuros.
Pero el avasallamiento no se limitó a la tierra. También el agua fue objeto de acciones dignas de corsarios como lo muestran el corte total del río Atuel y la apropiación conjunta del Salado por parte de las provincias de aguas arriba. Y ahora es el Colorado el que está en la mira y el que corre el riesgo de repetir la historia. Esta es, muy sintéticamente, la dramática situación de los tres ríos que surcan nuestra provincia.
En este marco general, la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableciendo un caudal mínimo para el Atuel viene a decir varias cosas. En principio ratifica que La Pampa tiene razón en sus viejos reclamos contra Mendoza, que se produjo un daño ambiental que hay que reparar y que la totalidad del río constituye una unidad indivisible, por lo cual insta a la creación de un comité de cuenca que tenga competencia en toda su extensión sin divisiones amañadas.
Pero hay otra cuestión que, sin mencionarla expresamente, señala el fallo. Y es, lisa y llanamente, la condición de mal vecino de la provincia de Mendoza. El solo hecho de volver a necesitar de los servicios de la Corte, habla de la permanente actitud negativa de los cuyanos hacia los pampeanos. Nunca, en largas décadas de tratativas y conversaciones, mostró Mendoza comprensión por el reclamo de La Pampa. A pesar de la evidente injusticia que estaba cometiendo al apropiarse de la totalidad de las aguas de un río interprovincial, de la catástrofe ambiental y humana que con ello provocaba, jamás reconoció que al menos una mínima cuota de agua debía compartir. Tuvo que intervenir una instancia superior, el máximo tribunal nacional, a decir, en una serie de sentencias que no dejan lugar a dudas, quién tiene la razón de su lado.
¿Se abrirán ahora las compuertas para dejar correr el caudal que estableció la Corte? ¿Habrá en Mendoza voluntad de cerrar el largo litigio luego de este veredicto, y del anterior del año 2017, que ya no dejan lugar a dudas? No. Y no es la mirada pesimista de quien esto escribe, sino la mucho más autorizada de legisladores y técnicos pampeanos la que advierte sobre tal persistencia en la negación. Imposible esperar otra cosa de un mal vecino. No lo conmovió el tremendo daño causado, ni ahora un nuevo revés judicial. La lucha sigue.