El día D

Finalmente llegó el día D y el gobierno provincial puso en marcha lo que había anunciado: la prohibición de vender agroquímicos en territorio pampeano en cumplimiento de Ley Nacional 27279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases de Fitosanitarios.
Este diario vino informando, profusamente y casi en soledad, sobre un estado de cosas que afecta en forma directa a la agricultura que es la actividad económica de mayor peso en la provincia. El incumplimiento por parte de la fundación Campo Limpio de construir los tres centros de acopio transitorio (CAT) para los bidones vacíos y poner en práctica un registro de trazabilidad no le dejó otro camino al Ejecutivo que, obligado a cumplir la ley, puso en práctica lo que ésta dispone y procedió a prohibir la venta de los denominados productos fitosanitarios, o agrotóxicos según el término que prefieren utilizar las organizaciones defensoras del ambiente.
En verdad eran muchas las circunstancias que conducían a este desenlace. En los últimos años se venían acumulando las denuncias sobre comportamientos irresponsables de muchos productores rurales que procedían a arrojar en donde les viniera en gana ingentes cantidad de bidones sin lavar con restos de estos productos de elevada toxicidad. Este diario y otros medios de la provincia registraron infinidad de casos. El último tuvo lugar ayer en Caleufú, es decir el mismo día en que el gobierno establecía la prohibición de venta de acuerdo al plazo estipulado por la ley. Pero antes se habían denunciado episodios similares en Macachín, Metileo, Miguel Riglos, Embajador Martini, entre muchas otras localidades.
Durante las inundaciones provocadas por las grandes lluvias de 2016 las imágenes de bidones flotando en el agua que reprodujeron los medios locales ya estaban dando una idea de la magnitud del problema.
Laboratorios, distribuidores, productores y aplicadores, cada uno en su medida y armoniosamente, deberían haber contribuido a implementar el sistema que establece la ley. Pero fue evidente que no hubo voluntad de hacerlo. El plazo de 270 días establecido para construir tres modestos tinglados era más que suficiente para ponerse a derecho, lo cual no habla demasiado bien del nivel de conciencia que existe en los participantes de esa cadena de comercialización de productos con tanto poder contaminante.
La ausencia de pronunciamientos -o los pocos que se produjeron bajo reserva de la identidad- parece estar indicando que hay una admisión de responsabilidades y, a la vez, una ausencia de argumentos válidos como para afrontar el debate público. De otra forma no alcanza a entenderse este silencio. Sí salió públicamente la fundación Campo Limpio, pero fue para derrapar ostensiblemente pues nada de lo que afirmó su titular resultó ser cierto.
En cambio sí tuvo repercusión el respaldo que obtuvo el gobierno pampeano por parte del ministro de Ambiente de la Nación quien en declaraciones a este medio expresó su apoyo a la medida.
Ante los hechos consumados tres opciones se presentan: una reacción -inmediata aunque tardía- de Campo Limpio para cumplir con la ley, la contratación de otra firma o la aprobación de una nueva normativa en la Legislatura provincial. En los próximos días se sabrá cuál de ellas terminará por imponerse.