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El dólar y la balanza de la justicia

LAS DOS PATAS SOBRE LAS QUE SE MONTAN LAS AMENAZAS AL GOBIERNO

La operación de acoso y derribo es cada día más dificil de ocultar. Los tiempos se han acelerado, dado que el gobierno no retrocede. Por el contrario y, más allá de errores y vacilaciones, señala un rumbo definido y en distintos frentes.
Por Horacio Verbitsky
Desde la edición del 10 de mayo, venimos describiendo la operación de acoso y derribo del gobierno por parte de los poderes fácticos y de sus expresiones políticas y mediáticas, una vez que comprendieron que no conseguirían enfrentar al Presidente Alberto Fernández con su Vicepresidenta CFK. Esta idea se desarrolló en notas sucesivas, en junio, julio, agosto y septiembre. Cada día es más difícil de ocultar.
Ni siquiera puede esconderse detrás de una teta legislativa. Por el contrario, en cuanto Sergio Massa suspendió al diputado salteño Juan Ameri, los medios de la oposición lo motejaron de Ultra K y miembro de la Cámpora, cosa que no es. Y fue Máximo Kirchner quien le dijo que si no renunciaba sería expulsado.
Los tiempos se han acelerado, dado que el gobierno no retrocede. Por el contrario y, más allá de errores y vacilaciones, señala un rumbo definido y en distintos frentes. Entre otros:
– La negociación exitosa con los acreedores privados;
– La advertencia al FMI de que no hay espacio para un ajuste sobre trabajadores activos y en retiro;
– El tratamiento en el Congreso de la contribución extraordinaria sobre las grandes fortunas;
– La recuperación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses;
– El rechazo de los pliegos de los jueces que se negaron a comparecer ante la Comisión de Acuerdos del Senado;
– La decisión de defender las divisas imprescindibles para el funcionamiento de la economía, tema del que ayer por la tarde el Presidente habló con sus dos principales alfiles: el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pesce, en un encuentro que disipó equívocos entre ambos;
– El ajuste a su costo real de las remesas a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal;
– El impulso a las causas por el espionaje ilegal realizado por el anterior gobierno sobre los adversarios políticos, comenzando por Cristina durante la campaña electoral de 2017, pero también contra las líneas internas de Cambiemos que aspiraban a un juego propio, los movimientos sociales, la hermana del entonces Presidente MM y hasta los familiares de los tripulantes de un submarino que se le perdió a la Armada en alta mar, episodios que se investigan en juzgados federales de Retiro, Dolores, Lomas de Zamora y Mar del Plata;
– El incremento en la inversión en salud, vivienda e infraestructura contenida en el presupuesto para el año próximo;
– La perspectiva de género incorporada a todas las políticas públicas;
– La prórroga de la prohibición de despidos y la doble indemnización.

La república a oscuras.

Con precisión, el más antiguo diario de la trifecta dijo que «centenares de manos» sostuvieron velas, linternas, encendedores o celulares en un corto tramo de la calle Talcahuano entre el Palacio de Tribunales y la Plaza Lavalle, en respuesta a la convocatoria que denominaron «Una luz por la república». Con nostalgia aportó su llamita el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, que en otro tiempo convocó multitudes. La crónica también recogió el testimonio de una de las damas presentes: dijo que volverían la semana próxima y esperaban ser mayor número. Le faltó decir, si Dios quiere.
La presión sobre la Corte Suprema de Justicia y contra las reservas del Banco Central son las dos patas sobre las que se montan las amenazas al gobierno. Les falta una tercera para sostener el proyecto, porque ninguna red social ni medio de comunicación pueden suplir el control de la calle, que se atribuyen cada vez que desfilan autos de alta gama o suenan cacerolas en los barrios más acomodados de la Ciudad Autónoma, los municipios limítrofes hacia el norte y algunas capitales del interior. Intentan simularlo, porque dan por sentado que los partidarios del oficialismo no les disputarán ese lugar, debido a la recomendación de su gobierno del mayor cuidado para obstaculizar la circulación comunitaria del virus. Para la oposición, en cambio, esa posibilidad es un incentivo, porque coincide con su visión ideológica (según la frase que el ex Presidente le dijo al actual al comienzo de la pandemia: «Que mueran los que tengan que morirse pero no se puede paralizar la economía») y porque suponen que el malestar recaería sobre el gobierno. Aún así, no es imposible que desde las bases políticas, sociales y sindicales se genere al margen de la voluntad oficial una demostración de fuerza con la consigna de parar al fascismo, porque la provocación cotidiana harta.

De mal en peor.

El gobierno cree que el presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fernando Rosenkrantz se reunió con Maurizio Macrì, quien lo designó por decreto en comisión en ese tribunal. El Judá León de Los Abrojos le habría pedido a su Golem que sostuviera a los tres delegados que con el mismo dedo colocó en Comodoro Py y que ahora se autoperciben como jueces naturales de las causas que les fueron encomendadas. Para Macrì serían garantía de impunidad, es decir aquello que su bandería le reprocha a Cristina. Ese encuentro habría decidido a Rosenkrantz a comunicar que en uso de las pocas atribuciones que sus colegas le dejaron, convocó a un acuerdo extraordinario para tratar la solicitud de que la Corte se salteara instancias, porque alega que las instituciones republicanas dependen de la firmeza de los asientos de Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (sic). Rosenkrantz descuenta el acompañamiento de Horacio Rosatti, hechura del mismo mago cabalista. Cuando Rosenkrantz dice blanco, Ricardo Lorenzetti replica negro, y a la inversa. El equipo de difusión de Rosenkrantz se comunicó con El Cohete para negar el contacto con Macrì y atribuir al obispo de Rafaela haber transmitido al Presidente esa versión que reputan falsa. Sea espontáneo o inducido el planteo de Rosenkrantz, todos presumen que Elena Highton no lo apoyaría. Si la decisión recae en Juan Carlos Maqueda, lo más probable sería la cronoterapia: abrir el per saltum pero no resolver el fondo de inmediato.
Además: El martes ya hay acuerdo ordinario de la Corte, cuya agenda no la fija el presidente; Ese día también tiene acuerdo la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, a la que los magistrados les pidieron lo mismo que a la Corte y cuyos fallos recientes no hacen presumir una respuesta positiva.
Hasta ahora, los reclamos tan estruendosos como impertinentes del trío no han cosechado más que rechazos: En forma unánime, el Senado les negó el acuerdo por no asistir a la audiencia a la que fueron citados (la oposición se retiró de la sesión con argumentos formales de los que enamoran a la UCR); Sendos decretos del Poder Ejecutivo dejaron sin efecto sus traslados por no contar con acuerdo del Senado; El Consejo de la Magistratura notificó esas decisiones a la Cámara Federal de Casación Penal; La jueza María Alejandra Biotti no aceptó el amparo de Bruglia y Bertuzzi contra los poderes Legislativo y Ejecutivo y dijo que ser camarista o juez de tribunal oral eran jerarquías distintas, por lo cual se requería el acuerdo del Senado; La jueza Macarena Marra Giménez hizo otro tanto con el de Castelli; El fiscal Miguel Gilligan no concedió el recurso presentado por Castelli contra el Consejo de la Magistratura, porque ya han intervenido el Senado y el Poder Ejecutivo; La Cámara en lo Contencioso Administrativo entendió que no estaba acreditada la verosimilitud del derecho invocado ni el carácter arbitrario de la decisión (voto del juez Guillermo Treacy); Para el camarista Jorge Alemany, ex letrado de Enrique Petracchi y una de las plumas más vivaces del fuero, Bruglia y Bertuzzi podrán volver al tribunal oral y no serán afectadas sus remuneraciones. Además del derecho administrativo deben tenerse en cuenta «los principios y reglas del derecho constitucional relativos a las atribuciones del Senado y a la naturaleza del acuerdo». Con una cita de Hamilton en El Federalista, agregó que el acuerdo del Senado «seria un excelente freno para el espíritu de favoritismo del Presidente y tendería grandemente a evitar el nombramiento de personajes ineptos». Nada menos; La Cámara Federal de Casación Penal, como tribunal de Superintendencia, decidió dejar sin efecto los traslados y dar por terminadas la subrogancias de los jueces que cubrieron las vacantes que dejaron Bruglia, Bertuzzi y Castelli para que regresen allí desde sus destinos militantes; La Cámara Federal de la Capital dio por devueltos a sus tribunales de origen a Bruglia y Bertuzzi y reordenó sus vocalías de modo de cubrir todos los espacios con sus únicos dos miembros, Martín Irurzun y Mariano Llorens.
Si bien esto es Argentina, la probabilidad de que la Corte Suprema consiga una mayoría de tres votos para rever todas estas decisiones es mínima. La sobreactuación de Rosenkrantz, ex abogado de América TV, Cablevisión (del Grupo Clarín), y La Nación; de Ogden Rural, Carbap, McDonald’s, la cervecera Quilmes y Pan American Energy, no tiene más sentido que demostrarle al rabino de Praga que está listo para barrer la sinagoga.
Los argumentos del trío que llora por los rincones del Estado Libre Asociado de Comodoro Py no pueden ser más endebles: Afirman tener cosa juzgada administrativa a su favor, y Derechos adquiridos.
La mal llamada cosa juzgada administrativa sólo rige para el procedimiento administrativo, dijo la Corte Suprema en 2007. Para Miguel Marienhoff sus efectos o alcances «se agotan en el ámbito de la Administración Pública». («Tratado de Derecho Administrativo», T. II, ed. Abeledo Perrot, ed. 1993, página 617). La afirmación de presuntos derechos adquiridos contradice el argumento de que el traslado fue a un cargo de la misma jerarquía.
La Corte está tan floja de papeles como los tres jueces, quienes invocan en su favor la Acordada 7/18. La mayoría formada entonces por Lorenzetti, Rosatti y Maqueda respondió a una consulta del ministro de Justicia, Germán Garavano. Desde el fallo «Mendoza», de 1865, hasta Fernández de Kirchner, de 2020, la Corte Suprema sostiene que sólo interviene en controversias entre partes opuestas. «No puede pedirse a la Corte Suprema que emita su opinión sobre una ley, sino aplicándola a un hecho y señalando al contradictor», firmaron el 14 de noviembre de 1865 los jueces supremos Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, José Barros Pazos y José Benjamín Gorostiaga. El 24 de abril de este año Elena Highton, Lorenzetti, Rosatti y Maqueda rechazaron la acción declarativa de certeza que había presentado Cristina como titular del Senado, porque la Corte no es un órgano consultivo y no hay caso o controversia. Más de un siglo y medio después, la jurisprudencia no se ha modificado.
La flagrante excepción es la Acordada 7/18, del 11 de abril de 2018, donde el propio tribunal reconoce que no responde «dentro de los cauces correspondientes a las funciones jurisdiccionales» y fuerza el artículo 108 de la Constitución para aducir que lo hace «en ejercicio de las funciones connaturales de gobierno del Poder Judicial de la Nación». Pero cuando se trata de la organización judicial, el artículo 114 de la Constitución atribuye esa responsabilidad al Consejo de la Magistratura. Además, soslayar el mecanismo constitucional para la designación de jueces, con participación del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación, contradice su propia jurisprudencia.
Nada de esto preocupa demasiado a la oposición política, que pretende llevarse por delante a la Corte Suprema, indicándole cómo debe fallar. Un proyecto de resolución de los diputados cambiemosos Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Gustavo Menna, Pablo Tonelli y Mariana Stilman, pretende que salvo en las dictaduras «nunca en toda su historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal, por decretos del Poder Ejecutivo». Ignoran o fingen ignorar las decisiones de los presidentes radicales Hipólito Yrigoyen (que en 1930 dispuso trasladar de Salta a La Rioja al juez federal Martín Gómez Rincón) y Arturo Frondizi (quien en 1958 desconoció la inamovilidad que reclamaba el juez de paz José María Sagasta). En ambos casos, la Corte Suprema avaló las decisiones presidenciales, una vez que llegaron a su escritorio por recurso extraordinario, tal como se detalló aquí hace tres semanas.

Proyecciones y expresiones de deseos.

En una entrevista con un diario uruguayo, el asesor de Macrì en política internacional Diego Guelar dice que hace dos semanas Juntos para el Cambio propuso cuatro puntos para un «acuerdo nacional de emergencia». El Presidente Fernández los rechazó sin siquiera leerlos. «El Presidente tiene la investidura y el apoyo para cambiar 50 años de herencias recibidas con una autocrítica que nos abarque a todos, superando errores y desencuentros. Pero no lo hace… elige la división y volver al pasado… Game over: este juego está terminado, nos toca enfrentar una nueva etapa cargada de incertidumbres y preguntas que solo podremos responder si sabemos inspirarnos en los mejores ejemplos nacionales y universales».

Según el acartonado senador Esteban Bullrich, los gobiernos de María Eugenia Vidal y Maurizio Macrì perdieron las PASO de 2019 porque alguien (no identificó si terrestre o alienígena) les hizo fraude. La afirmación sería sólo risible, si no hubiera seguido a la proclama que Macrì publicó en La Nación, según la cual la alternativa «es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados», y al anuncio de Patricia Bullrich de que el año próximo podrían «substituir al gobierno».
También los análisis económicos siguen esa lógica proyectiva o la lisa y llana expresión de deseos, mediante palabras performativas, es decir que producen o procuran generar actos. El más prestigioso vendedor de pronósticos económicos errados, Miguel Ángel Broda, postula que el país está en caída libre. Broda atrasa casi un año: ese desplome ocurrió en el último año del gobierno anterior y las nuevas autoridades lo detuvieron. El consultor Sergio Berensztein (socio del padre del agente de inteligencia Marcelo Sebastián D’Alessio, detenido en una de las causas en las que serán indagados por espionaje político prohibido Gustavo Arribas y Silvia Majdalani), vaticina la gran devaluación que intenta forzar. Marcelo Bonelli destrató en forma brutal al jefe de gabinete Santiago Cafiero, afirmando que sus respuestas lo aburrían. «No tengo en la cucaracha un genio malévolo que me dicta qué tengo que preguntar», le dijo, para minimizar su inocultable identidad con el Grupo Clarín. Es cierto, después de tantos años tiene esa voz bien internalizada. En el diario del grupo escribe que la Asociación de Bancos que preside Claudio Cesario alega que «la pésima instrumentación del BCRA impidió operar con dólares y permitió que circulen las habituales fake news del mercado: que se viene el corralito, se incautan los dólares y se abren las cajas de seguridad».
Ni habituales, ni del mercado ni por culpa del Banco Central. Esos mensajes, idénticos a los difundidos entre las PASO y la elección general, esta vez por un actor, entonces por una actriz, se hicieron circular desde Israel, llevan la marca de una conocida granja de trolls y procuran desatar el caos, sobre datos cuya falsedad puede demostrarse con unos pocos números elementales, como la sobreabundante liquidez en dólares de los bancos, pero que no están al alcance de los portadores sanos de telefonitos envenenados: el sistema financiero tiene resto de sobra para hacer frente a cualquier corrida contra el peso. Por cada dólar depositado los bancos tienen 90 centavos en efectivo.

La renegociación de la deuda y el dólar.
A partir de mañana, el Centro de Estudios de la CTA, Cifra, distribuirá su Informe de Coyuntura 33, realizado por su director, Pablo Manzanelli, y por la investigadora del Área de Economía y Tecnología de la Flacso, Daniela Calvo. Ellos describen una crítica coyuntura económica, debida a los efectos de «dos pandemias»: La verdadera pesada herencia del gobierno anterior (una economía en caída libre, con un nivel de vencimientos de la deuda insostenible, un régimen de alta inflación, con elevados niveles de desocupación, pobreza e indigencia, entre otras cuestiones) y la que tiene lugar por los efectos del Covid-19 que azota a las economías de todos los países del mundo independientemente de la estrategia adoptada para enfrentarla.
El debate económico debería estar dirigido a cómo resolver las problemáticas acuciantes de la economía real, como la contracción del empleo y los salarios reales. Sin embargo, «cobró especial relevancia la situación de las divisas en un contexto en el que las cuentas externas no parecen estar estranguladas». Prueba de ello es el histórico superávit comercial que en los primeros ocho meses del año alcanzó casi los 11.000 millones de dólares y, según las proyecciones del presupuesto, pasará de los 17.000 millones en el año. La exitosa restructuración de la deuda pública cuyo nivel de aceptación fue prácticamente total (por encima del 99% con las cláusulas de activación colectiva) implica una reprogramación de los vencimientos que alivia la situación externa para los próximos años. «A pesar de estas señales positivas por el lado de la balanza comercial y los vencimientos de la deuda, la tendencia a la reducción de las reservas internacionales, que en lo que va del gobierno fue de 1.300 millones de dólares, terminó presionando el tipo de cambio ante un escenario de escasas reservas netas para enfrentar la demanda de divisas y, fundamentalmente, las expectativas devaluatorias que se expresan en la brecha con el tipo de cambio informal. Se trata, por consiguiente, de una pugna social y política por la forma que adoptará la salida de la crisis más que por que se hayan verificado los límites estructurales por el lado del sector externo».
El abordaje oficial ante las maniobras especulativas restringió tanto al «dólar ahorro» como las estrategias especulativas de las empresas, en términos sociales indiscriminados, «al afectar al mismo tiempo a sectores medios y a grandes empresas, lo que se convierte en un caldo de cultivo para la desestabilización y erosiona la capacidad del gobierno para conformar un bloque social alternativo a la salida devaluacionista y a la que provenga de las negociaciones con el FMI. Dado que no es apremiante la situación cambiaria, la regulación debería estar enfocada en las maniobras especulativas de la cúpula empresarial y, al mismo tiempo, habría que impulsar mecanismos alternativos para canalizar el ahorro a la inversión como podría ser el lanzamiento de bonos de empresas estatales con un nivel de interés superior al que ofrece el sistema financiero y con seguro de cambio». El informe no atribuye estas medidas a errores de diagnóstico, sino a «contradicciones inherentes al Frente de Todos», cuyas discrepancias internas «surgen de su naturaleza, en tanto se trata de un frente de carácter nacional».

Sobre llovido, mojado
La crisis afectó a buena parte del entramado empresarial y a los distintos sectores de actividad, aunque con distintas intensidades. Si bien el PIB cayó 19,1% en el segundo trimestre de 2020, el impacto fue similar en las actividades de servicios (-20,1%) y en la producción de bienes (-18,4%). El valor agregado industrial experimentó un descenso de 20,8% interanual en el segundo trimestre, aunque a diferencia del resto de los sectores esa contracción se superpone a una larga crisis sectorial que fue especialmente profundizada por el sesgo anti-industrial de la gestión de Cambiemos. El valor agregado manufacturero cayó a una tasa anual acumulativa de -1,5% en el periodo 2011-2015, que se profundizó a -3,6% entre 2015 y 2019. La caída del PIB industrial entre puntas fue de 13,5% entre 2015 y 2019, con un deterioro similar al de la crisis que se desató a partir de marzo de 2018. En términos comparativos con algunos países del mundo la actividad industrial local durante el segundo trimestre mostró una performance promedio: cayó tanto como la de Brasil y Alemania, más que Estados Unidos y Chile pero menos que Italia y España.

El impacto de la crisis.

La tasa de desocupación promedio para 2019 era la más alta desde 2006 (9,8%). Las políticas del gobierno de Macrì rompieron la tendencia a la baja en el desempleo que se venía registrando tras la salida de la crisis de fin de siglo. También empeoró entonces la calidad del empleo: menos asalariadxs registradxs, más independientes y no registradxs. En el cuatrienio 2015-2019 se destruyeron 253.848 empleos en el sector privado, mientras crecen los empleos precarios: monotributistas (+11,6%), asalariadxs de casas particulares (+12,2%) y monotributistas sociales (+3,1%).
En diciembre la nueva gestión decretó la emergencia ocupacional junto con la obligación de pago de doble indemnización por despido y, una vez iniciada la pandemia, le sumó la prohibición de despidos y suspensiones sin justa causa o por falta o disminución de trabajo. Sólo quedó abierta la posibilidad de realizar suspensiones pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación. Pese a estas medidas, la desocupación se incrementó con la pandemia. El 13,1% registrado en el segundo trimestre de este año es el valor más alto de la serie desde el 13,6% de 2004. Si se proyecta esta tasa a nivel nacional, representa 2,3 millones de personas sin empleo y que lo buscan activamente. En realidad se acercan a 3 millones, dado que por la cuarentena disminuyó la cantidad de quienes buscaron empleo, con una caída de casi 9 puntos en la tasa de actividad. «En este marco de incremento del desempleo y teniendo en cuenta que el mercado de trabajo argentino tiene bajos niveles de registro se comprende la importancia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como instrumento de contención social».
La tasa de empleo cayó del 42,2% al 33,4% entre el primer y segundo trimestre del año, un nivel comparable al de 2002. Esto implica que el número de ocupados pasó de 19 a 15 millones. La mayoría de los cuatro millones de personas que dejaron de estar ocupadas durante el segundo trimestre de este año, no posee contrato registrado. La subocupación, que registra la cantidad de personas que trabaja menos de 35 horas semanales de manera involuntaria, se redujo desde el inicio de la pandemia, de 11,1% durante el primer trimestre del corriente año a 9,6%. Entre febrero y junio se perdieron 185.000 puestos de trabajo del sector asalariado registrado, lo que equivale a una reducción del 1,2%. Las caídas se concentraron en lxs asalariadxs de casas particulares (-3,3% que representan 16.340) y en lxs empleadxs registradxs en el sector privado (-2,8% que reflejan una destrucción neta de poco más de 167.000 puestos de trabajo), en tanto que en el sector público se mantuvieron sin variaciones. En cuanto a lxs trabajadorxs independientes, las mayores bajas ocurrieron en el sector monotributista (-5,1%, 82 mil puestos de trabajo) y autónomo (-4%, 16 puestos de trabajo).

En junio mejoraron todas las modalidades ocupacionales registradas. Monotributistas, autónomos y asalariadxs de casas particulares por primera vez desde febrero registraron un incremento mensual (2,2%, 0,9% y 0,7% respectivamente) asociado a la paulatina apertura de las actividades. También se desaceleró en el ritmo de caída del trabajo asalariado en empresas privadas desde mayo: la variación fue de -0,1% en junio. Esa baja de poco menos de 6.000 puestos de trabajo, es veinte veces menor a la de abril.
La incipiente estabilización del empleo privado registrado no sólo responde a las medidas de prohibición de despidos sino también a la asistencia del Estado Nacional en las diferentes vías otorgadas por el Plan ATP. En este contexto, el mecanismo de ajuste han sido las suspensiones: en junio crecieron 740% interanual, muchas de ellas en el marco del acuerdo firmado por la UIA y la CGT en el que se establecieron suspensiones colectivas y se acordó el pago de al menos el 75% del salario neto. En mayo esto significó 8,8 trabajadorxs suspendidxs por cada 100; en junio, 8,1 por cada 100.
La Argentina es el país que presenta la menor tasa de pérdida de empleos entre febrero y mayo de 2020 (-2,5%), mientras que en Brasil fue de -7,5%, en Chile de -12,2%, Estados Unidos de -13,8% y en Canadá de -9,2.
Durante el gobierno de la Alianza Cambiemos el poder adquisitivo del salario para lxs trabajadorxs cayó -18,7%, entre diciembre de 2015 y de 2019. Lxs estatales perdieron -21,2 % de su salario real durante el mismo periodo.
El incremento de salarios a cuenta de futuras paritarias decretado en cuanto asumió el nuevo gobierno hizo que el salario real del sector privado aumentara en febrero un 2,5% interanual, aunque continuó 11,4% debajo del nivel de diciembre de 2015. En el sector público pese a los incrementos su nivel en febrero se ubicó 4,5% por debajo del mismo mes de 2019 y 20,2% debajo del de diciembre de 2015. La pandemia deterioró aún más ese poder adquisitivo. Para el sector privado el valor de junio es 3,4% menor al registrado en el mismo mes de 2019 y -17,1% con respecto a diciembre de 2015. En cuanto al sector público, esos valores son de -5,1% y -22,1%.
Pocos gremios acordaron paritarias para este año y la mayoría de los que lo hicieron fue con incrementos por debajo del nivel de inflación, salvo el caso del sector de aguas y gaseosas. Lxs trabajadorxs de la industria azucarera de Tucumán negociaron un aumento de 38%, la aceitera el 30% más una suma fija, camionerxs 30%, carne 28%, bancarixs 26% más un bono, en la industria papelera el 26%, en la química el 24% más un bono, en el Puerto de Buenos Aires 30%, el gas 30% más un bono de 28.000, perfumistas 12% más un bono de 4.000 y metalúrgicxs un bono de 30.000 pesos en 4 cuotas. En suma, la mayoría tienen congelados los sueldos o incluso reducidos en el marco de las suspensiones si es que conservaron sus empleos, y la minoría alcanzó acuerdos paritarios por debajo de la inflación que aún en este contexto se mantiene elevada. El índice de precios al consumidor entre diciembre de 2019 y julio de 2020 acumula 15,8% de incremento, mientras que el crecimiento interanual para ese último mes fue de 42,4%.
Este es un tema de fondo del que no habría que distraerse porque, como dice Martín Fierro: Yo ya no busco peleas/las contiendas no me gustan/pero ni dólares me asustan/ni tetas que se menean.

Foto: elcohetealaluna.com