El drama de los pueblos fumigados

En las últimas horas se divulgó un informe de prensa estremecedor: en la localidad de Canals, ubicada en la pampa húmeda cordobesa, más de la mitad de las muertes ocurridas en el último año se debieron al cáncer. No se trata de una maldición bíblica, ni siquiera de un error estadístico: lisa y llanamente el fenómeno se debe a la fumigación con agroquímicos y a la desaprensión con que esos productos tóxicos se depositan y manipulan en zonas pobladas. Esa práctica, ya común, también ha provocado otros síntomas graves, entre ellos el crecimiento de malformaciones en embarazos.
Lo peor del caso es que varios de los fumigadores son funcionarios de la comuna de aquel pueblo o de la provincia y, ante el reclamo popular, no han dudado en amenazar abiertamente a quienes protestan. Además el municipio, en violación de la ley, se niega a mostrar las estadísticas sobre las personas fallecidas y la causa de los decesos.
A poco que se evalúe esta situación se advierte que ya había un antecedente significativo: el desaprensivo manejo de agrotóxicos había aumentado en la zona la tasa de nacimientos con malformaciones; acaso el ejemplo más elocuente es la también cordobesa localidad de Monte Maíz, cercana a Canals, donde los casos de cáncer se multiplicaron por cuatro en los últimos tres lustros.
El gobierno nacional, siempre atento a las exigencias de las grandes corporaciones empresarias, prefiere cerrar los ojos ante esta realidad y continúa avalando un sistema de producción que mata a las personas. Además, y con relación a los acontecimientos relacionados con la trágica estadística cordobesa se han superado todos los límites al avalar una medida que choca de frente contra el sentido común. Cuatro ministerios: Agroindustria, Ambiente, Ciencia y Salud se han puesto de acuerdo para proponer una medida descabellada: que se anule la exigencia de distancia mínima a centros poblados para la fumigación con agrotóxicos.
Los riesgos para la salud son muy bien conocidos pues existen numerosos antecedentes en varios puntos del país que hablan de los gravísimos problemas sanitarios que generan estas prácticas irresponsables. Las consecuencias no son meras teorizaciones pues se conocen muchos estudios que descalifican estas prácticas descuidadas y son muchas las entidades que las objetan.
Ante tantos precedentes, en un mundo cada vez más alarmado por la contaminación ambiental y con tan cercanos y tristes ejemplos, resulta inconcebible que nada menos que cuatro ministros del Poder Ejecutivo avalen un proceder que se desentiende de la salud humana para buscar el máximo rédito económico.
Desde luego que los antecedentes de los altos funcionarios contribuyen a comprender la lógica de las medidas que proponen: un poderoso empresario agrícola resistido y acusado por su propia familia; un tránsfuga del gobierno anterior que mantiene el cargo aunque la actual administración esté destruyendo la ciencia nacional; un inclasificable pastor religioso que postula la intervención divina para combatir las catástrofes y un académico de mérito en materia de salud que acaba de adherir públicamente a la legalización del aborto, y en quien resulta inexplicable que comparta semejante despropósito.