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El eje neoliberal en América Latina está debilitado

LOS ALIENIGENAS SON ELLOS

Millones de personas desafían el toque de queda y las armas de los militares chilenos para manifestar su rechazo al mismo modelo que se implementa en Argentina con Mauricio Macri. Lo que allí desbordó las calles, de este lado de los Andes se expresará en las urnas
POR HORACIO VERBITSKY
La Argentina irá hoy a las urnas para plebiscitar el desempeño del Presidente Maurizio Macrì durante los últimos cuatro años, al tiempo que centenares de miles de personas desafían el toque de queda y las armas de los militares chilenos para hacer evidente su rechazo al mismo modelo, que allí comenzó durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y no se ha modificado pese a la alternancia en el gobierno de fuerzas de derecha e izquierda. Chile no conoció nada comparable con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entre 2003 y 2015. En la marcha del viernes en Santiago, el gobierno reconoció la asistencia de un millón de personas reales. Las imágenes épicas recorren el mundo. Hasta las Fuerzas Armadas debieron anunciar que suspendían el toque de queda en la Región Metropolitana, medida que siguió una hora después Piñera levantando el estado de emergencia y pidiendo la renuncia a todo su gabinete. Contra un pueblo en la calle no hay armas que valgan.
La memoria del pueblo atesora y actualiza sus luchas. Sin que nadie lo haya propuesto, la multitud entona El baile de los que sobran, una canción del grupo Los prisioneros que fue popular hace tres décadas en las protestas contra la dictadura:

Nos dijeron cuando chicos
Jueguen a estudiar
Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar
Oías los consejos
Los ojos en el profesor
Había tanto sol
Sobre las cabezas
Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final
Terminaron para otros con laureles y futuro
Y dejaron a mis amigos pateando piedras.

Los sucesos de esta semana de octubre marcarán la conciencia colectiva por mucho tiempo. En Chile, cuyo pueblo los protagonizó, pero también en otros lugares de la región, pocas veces tan comunicada. Se augura generosa circulación al video filmado desde un departamento, que muestra la confraternidad entre los manifestantes y los soldados que tripulan un camión militar y entonan juntos consignas tan populares como Oh Oh Oh, el que no salta es un guaso maricón.

De las calles al cuarto oscuro.
Lo que allí desbordó las calles, de este lado de los Andes se expresó en las urnas. Durante el cierre de la campaña, en Mar del Plata, Cristina, ahora candidata a la vicepresidencia, evocó los comienzos de la relación de Alberto Fernández, con ella y con Kirchner. El nexo se remonta a los últimos años del segundo mandato presidencial de Carlos Menem y a los intentos por construir una salida nacional y popular desde el peronismo, cosa que no fue posible porque el candidato era Eduardo Alberto Duhalde, quien no estuvo a la altura del desafío. Pero allí surgió el Grupo Calafate, que fructificaría dos años después, cuando estalló la convertibilidad durante la presidencia fallida de Fernando De la Rúa.
Esta semana, el ex senador Duhalde anunció que no iría a votar, porque la victoria del FdT era segura y un voto no hace diferencia. Kant y su imperativo categórico de validez universal no son lectura habitual en Lomas de Zamora. Pero ni siquiera la seguridad del ex senador que ocupó durante unos meses el Poder Ejecutivo a principios de siglo abre un margen de duda sobre los resultados de hoy. Carece de lógica suponer que en nueve semanas pueda imponerse quien perdió por nada menos que 16 puntos porcentuales.
Sin embargo, el triunfalismo no es buen consejero y todos los actos del gobierno saliente obligan a una actitud prevenida. Por ejemplo:
– La creación de una fuerza electoral paralela de despliegue rápido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que la colocó bajo la dirección del secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y su mano derecha, el Subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal, Darío César Oroquieta, alias El Cibercomando, y del Director de Fiscalización y Resultados Operativos, Guillermo Cruz Yanzón. Esto viola la ley electoral, que coloca a todas las fuerzas bajo la conducción del Comando General Electoral, a cargo este año del general Carlos Alfredo Pérez Aquino. Una de las conquistas de la ley Sáenz Peña que rigió los primeros comicios libres hace más de un siglo fue el control del acto electoral por las Fuerzas Armadas, que también tenían a su cargo el empadronamiento de los varones y la emisión del documento que habilitaba a votar. Por supuesto, esto era antes del primer golpe de 1930, pero en cualquier caso, Bullrich y su Comando Operativo de Seguridad no tienen nada que hacer dentro de los lugares de votación.
– La insistencia del Presidente y de su jefe de gabinete Marcos Peña Braun de que darán vuelta el resultado, cosa que no se sostiene en ningún dato objetivo verificable y no hay una sola encuestadora que lo considere posible.
– La afirmación del candidato vicepresidencial Micky Vainilla de que el 12 de agosto las escuelas estuvieron «tomadas por La Cámpora, como se vio», a lo que atribuyó la pérdida de 5 puntos para su fórmula y reclamó «más presencia de fiscales y de personal de policía y gendarmería» para hoy.
– La declaración de la heroína radical Elisa Carrió, de que a las 6 de la tarde se proclamarán triunfadores aunque no lo sean.
– La aparición en otro operativo inverosímil de los cuadernos que el suboficial del Ejército Oscar Centeno declaró bajo juramento haber quemado, y sobre los que giró la principal operación contra Cristina, que ella desbarató al ceder el primer lugar en la fórmula.
– El fastidio oficial ante el dictamen del fiscal electoral Jorge Di Lello, quien pidió la nulidad de las actuaciones contra Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Andrés Larroque ante la incriminación del ex secretario de obras públicas José Bolso López, por aportes que dijo haber hecho a La Cámpora para las elecciones de 2017. El más trascendente fundamento de Di Lello es que el fiscal Carlos Stornelli y el juez Glock no respetaron el derecho de defensa al no cumplir con el requisito de la ley del arrepentido que obliga a grabar la declaración.
– La negativa de la Cámara Nacional Electoral a permitir que los apoderados informáticos de los partidos auditen los softwares de la empresa anglo-venezolana Smartmatic, encargada de la transmisión y la cuenta de votos en el escrutinio provisorio.
– La alegada ignorancia sobre estos asuntos del subdirector de la Cámara, Gustavo Mason, y la afirmación, compartida por el Secretario del mismo tribunal, Sebastián Schimmel, de que no hay ninguna preocupación. Según Mason, porque sólo el escrutinio definitivo tiene valor jurídico. De acuerdo con Schimmel, porque Smartmatic le entregó en depósito el software e incluso «ha permitido, bajo condiciones muy restrictivas, que se haga una inspección del código fuente, algo que no se hizo en oportunidades anteriores. No es tal vez la solución óptima sobre todo por los tiempos, porque una auditoría de esta clase requiere tiempos mucho más extensos, pero la verdad es que ha habido una actitud de mayor apertura que en otras oportunidades».
Por cierto que sólo el escrutinio definitivo tiene validez legal, pero lo sucedido en Bolivia muestra que la instalación de sospechas sobre el resultado la noche de los comicios, provoca reacciones nacionales e internacionales perturbadoras del proceso político, en vistas a lo que viene después de las elecciones.
No es un buen indicio que el gobierno argentino, que no tiene información propia confiable sobre el proceso electoral boliviano, reclame que se realice una segunda vuelta, en sintonía con el secretario general de la OEA, nunca tan subordinada en el último medio siglo al gobierno de Washington como bajo la conducción de Luis Almagro. El eje que Macrì formó con Moreno, Piñera, el colombiano Ivan Duque y el brasileño Jair Bolsonaro está debilitado, pero no es para despreciar.
En la tarde del viernes y ante la insistencia de los apoderados frentistas, los jueces de la Cámara, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, comunicaron a la ministra Bullrich que también el teléfono rojo debía «quedar bajo responsabilidad exclusiva del Comandante General Electoral», ya que eso es lo que dispone el artículo 6° del decreto 233/19. Aún así, Jorge Landau y los demás apoderados del PJ pidieron a la junta electoral de la Capital que dictara una medida cautelar ordenando al gobierno que desarme el dispositivo anunciado, que es ilegal aunque se coloque bajo control del Comando Electoral. A última hora del viernes se reunió la junta, integrada por los presidentes de las cámaras de apelaciones en lo contencioso administrativo (Jorge Morán) y en lo civil (Beatriz Alicia Verón) y por la jueza con competencia electoral en la Capital, María Servini. «Ante la gravedad de la situación y la posibilidad de que se pudiera obstaculizar y aún llegar a frustrar la libre realización de los comicios el tribunal entiende que debe reiterar del modo más enérgico y contundente la vigencia del orden electoral que no puede ser alterada por presuntas normas cuyo órgano emisor se desconoce, así como del ámbito del que emanan». Su resolución explicita que cualquier interferencia de fuerzas, brigadas u otros grupos, ordenadas por autoridades ajenas a aquellas previstas en la legislación electoral, hará responsables a quienes las ejecuten de las sanciones previstas en el artículo 139 del Código Electoral Nacional. No son sanciones, sino penas de prisión de 1 a 3 años. Son las que corresponden a quien:
a) Con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio; b) Compeliere a un elector a votar de manera determinada; c) Lo privare de la libertad, antes o durante las horas señaladas para la elección, para imposibilitarle el ejercicio de un cargo electoral o el sufragio; d) Suplantare a un sufragante o votare más de una vez en la misma elección o de cualquier otra manera emitiere su voto sin derecho; e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio; f) Hiciere lo mismo con las boletas de sufragio desde que éstas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio; g) Igualmente, antes de la emisión del voto, sustrajere boletas del cuarto oscuro, las destruyere, sustituyere o adulterare u ocultare; h) Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare u ocultare una lista de sufragios o acta de escrutinio, o por cualquier medio hiciere imposible o defectuoso el escrutinio de una elección; i) Falseare el resultado del escrutinio.
Esto mide la gravedad de los delitos cuya preparativos emprendieron Bullrich, Burzaco y el Cibercomando.

Gritos y susurros.
Los gritos y rezos de Macrì en sus últimos actos proselitistas y sus acusaciones a quienes votan otra alternativa reverberan en dos audios que circularon en Chile, uno de la primera dama, Cecilia Morel de Piñera, y otro del más poderoso empresario del país, Andrónico Luksic.
La mujer, que admitió la autenticidad de sus palabras, considera a los pobladores que protestan como «alienígenas», parte de una «invasión extranjera». Afirma que se proponen cortar la cadena alimentaria y tomar el aeropuerto y propone «disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás». Ningún dato real avala las acusaciones de la esposa presidencial.
El supuesto Luksic defiende el toque de queda contra «los comunistas de mierda que quieren destruir la democracia» e incluso fustiga a los militares que intentaron dialogar con «esta chusma de mierda». La voz de quien dice echar de menos «a los antiguos militares, que si había que disparar disparaban» habla al mismo ritmo del verdadero Luksic (quien afirma que es una falsedad) y con parecido jadeo. «Este es un país de tontos, de ignorantes», dice. El presunto Luksic afirma que todo lo que sucede está armado por Nicolás Maduro y el comunismo internacional. Desde el diario argentino Clarín, el columnista Miguel Winiazki, agregó otro rostro al enemigo: el «narcoanarquismo», definido como «una sombra que propicia caos, detrás de consignas pseudo izquierdistas». Nada menos.
La pregunta que surge luego de escuchar estas voces, es quiénes son los alienígenas. ¿Ellos o nosotros?

La felicidad.
La posición de Piñera fue tan desmesurada que hasta el encargado de seguridad en Santiago, general Javier Iturriaga, lo desmintió: «Yo no estoy en guerra con nadie», dijo. A la hora de levantar las medidas de emergencia, el Ejército precedió al gobierno, lo cual también podrá tener consecuencias posteriores.
El economista de Harvard Jeffrey D. Sachs, director del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, tiene una interpretación distinta a la de Piñera, el presunto Luksic, Micky Vainilla y Patricia Bullrich. No piensa que la rebelión chilena sea responsabilidad de cubanos y venezolanos empeñados en desestabilizar a los países de Sudamérica para fortalecer al gobierno de Maduro en Caracas. Por el contrario, la analiza en conjunto con las movilizaciones masivas que también se produjeron en países fuera del alcance del chavismo, como Francia y Hong Kong (y luego de su artículo, también en El Líbano). Asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sachs atribuye lo sucedido a la combinación de una sensación de injusticia con la percepción de que están ocluidos los canales de movilidad social ascendente, en ciudades que han sido propuestas como modelo de éxito económico. En este debate se anotan también el periodista argentino-estadounidense Andrés Oppenheimer, quien considera que las protestas de Chile son del Primer Mundo, y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, para quien la situación es mucho mejor que en la Argentina, porque allí se discute cómo distribuir el crecimiento, que aquí no existe.
El ingreso per cápita de París supera los 60.000 dólares por año, en Hong Kong ronda los 40.000 y en Santiago es de unos 18.000 dólares. Todos los años el Foro Económico Mundial publica un Informe sobre la Competitividad Mundial. En el de 2019, Hong Kong ocupa el tercer lugar, Francia el 15° y Chile el 33°, el primero de América Latina. Es decir, están entre los mejores alumnos del modelo propuesto por los grandes capitales y los organismos financieros internacionales que los representan. La pregunta es por qué esos países que según las normas convencionales son ricos y competitivos estallan de ese modo. Desde 2012, Sachs es uno de los responsables de un Informe sobre la Felicidad en el Mundo, que ordena las percepciones sobre la felicidad de los ciudadanos de 156 países del mundo, entrevistados por Gallup, una de las primeras encuestadoras, con 84 años de experiencia. Las personas responden si están satisfechas o descontentas con la libertad que tienen para elegir qué hacer con sus vidas, sobre estos ejes: expectativa de vida, generosidad, solidaridad social, libertad y corrupción, a las que asignan una calificación que oscila entre 10 (que corresponde a la mejor vida posible) y 0 (la peor).
Las percepciones sobre la libertad personal para elegir el curso de la propia existencia no coinciden con los indicadores de producto bruto per cápita. En los ejemplos elegidos por Sachs, Hong Kong ocupa el noveno lugar en el ranking de Producto Bruto per cápita, pero el puesto 66 entre los países con mayor libertad de elección personal sobre la vida a seguir; Francia está en el puesto 25 de la primera lista, y en el 69 de la segunda. Y Chile ocupa las posiciones 48 y 98 respectivamente.
Las cosas son aún más complejas. Para una de las principales instituciones conservadoras del mundo, la Fundación Heritage, que tuvo un rol decisivo durante los primeros gobiernos neoliberales, el de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y el de Ronald Reagan en Estados Unidos, Hong Kong es el país con mayor libertad económica del mundo. La Fundación no oculta que se refiere a libertad de mercado y de movimiento de capitales, que considera clave para el progreso de las naciones. Sachs no llega a decirlo pero es transparente que la libre circulación de capitales (que el FMI y las calificadoras de riesgo ponen como condición ineludible a todos los países para prestarles o calificarlos en forma positiva) es incompatible con la felicidad del pueblo.
Aquellos residentes jóvenes urbanos de Hong Kong, Paris y Santiago de Chile que no nacieron ricos, añade Sachs, desesperan de encontrar un trabajo decente y una vivienda accesible. Los precios de la propiedad en Hong Kong están entre los más elevados del mundo en relación con el salario medio y Chile tiene la mayor desigualdad entre todos los países de la OCDE. Debido a los altos precios de la vivienda, la mayoría de la gente es expulsada de los distritos comerciales del centro y para ir al trabajo depende de vehículos propios o del transporte público, lo que explica el malestar por el aumento en los precios de la nafta y/o del boleto.
En un claro mensaje para su propio país, Sachs advierte que allí también se incuba una grave crisis por la desigualdad y el bloqueo al ascenso social, como en Hong Kong, París y Santiago, y hay una inquietante ola de suicidios y de asesinatos masivos, al mismo tiempo que una desigualdad sin precedentes y un colapso de la confianza en el gobierno.
Los tres gobiernos se sorprendieron por las protestas ante acciones aparentemente modestas como la ley de extradición y los aumentos de combustibles y de transporte público. Para Sachs esto muestra la desconexión de los gobernantes con el pueblo. Pocos días antes del estallido, Piñera decía que su país era un oasis. Según los parámetros de Sachs, tampoco es sorprendente que las medidas clásicas de bienestar adoptadas por Piñera no hayan aplacado las protestas, porque no afectan la percepción popular de injusticia, el sentimiento de vulnerabilidad financiera y la desconfianza en el gobierno. En una muestra contundente de la internacionalización de Capusotto, Piñera también pidió perdón por no haber previsto lo que sucedería y, tal como Macrì aquí, dijo que había escuchado y que daría respuesta a las demandas. Pero ninguno de ellos se acerca a las conclusiones de Sachs: «Cada sociedad debe tomar el pulso de su población y prestar atención a las fuentes de descontento social y desconfianza. El crecimiento económico sin justicia ni sustentabilidad ambiental es una receta para el desorden, no para el bienestar. Es necesaria una mayor oferta de servicios públicos, mayor redistribución del ingreso de los ricos a los pobres».

La opinión de la embajada.
La embajada de Estados Unidos en Santiago distribuyó entre residentes de esa nacionalidad un boletín sobre los acontecimientos producido por la agencia de seguridad e inteligencia G4S Corporate Risk Services. Afirma que la retórica presidencial «contra la violencia y la delincuencia sólo puede reducir la probabilidad de una solución pacífica, ya que los manifestantes han incrementado el alcance de sus demandas». Pese a la suspensión del aumento en el pasaje de subte, «las protestas continúan con mayor vigor, impulsadas por la previa disconformidad por la desigualdad, el costo de vida y la salud pública. Según datos de la OCDE, Chile encabeza la desigualdad de ingresos entre sus miembros. Mientras las Fuerzas Armadas continúan patrullando las calles de la Capital, los manifestantes incrementaron sus ataques a la propiedad, quemando y saqueando múltiples supermercados que estaban abiertos». Al prever lo que podría ocurrir, el informe dice que «con la reciente condena de los manifestantes por parte del Presidente de Chile, es improbable que se alcance pronto una solución pacífica. La declinante clase media y sus ciudadanos más pobres se han cansado de un obsoleto Modelo Chileno que ha beneficiado en forma desproporcionada a los ricos. A menudo el peso de los múltiples problemas económicos ha recaído sobre la clase trabajadora. Los funcionarios que están en la calle trabajan por la paz y el orden, pero se necesita un diálogo abierto entre los manifestantes y los políticos. No se avizora que decline la proliferación del vandalismo y los saqueos que plagan la ciudad. Si el horario del toque de queda fuera más estricto, las manifestaciones violentas no harían más que incrementarse».

Aquí no.
Una de las preguntas más insistentes de estos días ha sido por qué el ostensible malestar de la sociedad chilena no se canalizó por la vía electoral o, a la inversa, qué ocurrió para que en la Argentina el descontento se haya expresado en la conformación de una alianza que se impuso por enorme diferencia en las PASO de agosto y es amplia favorita para hoy.
Con todas las diferencias que hay entre las sociedades a ambos lados de la Cordillera, como los respectivos movimientos de derechos humanos y la diferente profundidad de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, no es aventurado decir que la democracia chilena está viviendo su 2001, es decir el repudio colectivo a las políticas seguidas por los gobiernos de los distintos partidos que sucedieron a la dictadura. Los doce años de gobierno del kirchnerismo; la disposición del peronismo a reunificarse frente al adversario común; el sindicalismo, que desde las bases resistió las políticas de despojo de derechos; los movimientos sociales que organizaron y canalizaron el descontento para que no se agotara en estallidos anárquicos; el movimiento de mujeres que se constituyó en una nueva actriz política, son algunos de los elementos a tener en cuenta. Y también la visión estratégica de Cristina, que desde el primer día promovió esa unidad, sin ambiciones personales, con una lucidez que descolocó a propios y ajenos y reconfiguró la escena nacional en términos incontrolables para el gobierno.
Lo que venga no será fácil, pero Macrì ya fue.